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UGT-PV pide un aumento del salario de empleados de contratas hasta los 1.000 euros en 2020

10/07/2018 - 

VALÈNCIA. (EP). UGT-PV insta a las administraciones locales valencianas a que introduzcan una cláusula en los nuevos pliegos de contratación donde se establezca un aumento progresivo del salario mínimo para los trabajadores de contratas, hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.

La Federació d'Empleats dels Serveis Públics (FeSP) explica en un comunicado que su petición va en consonancia del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado recientemente a nivel nacional para 2018, 2019 y 2020 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y los sindicatos CCOO y UGT.

En concreto, la central destaca que el cuarto punto de este acuerdo emplaza a las administraciones públicas a que tengan en consideración los criterios de incrementar de manera progresiva un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

El sindicato ya abordó esta propuesta con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en el marco del segundo acuerdo salarial a nivel nacional. Ahora pide una reunión con el organismo para instar a las administraciones locales a que introduzcan la cláusula que establezca el incremento progresivo de los salarios.

Desde UGT-PV recuerdan al respecto la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en la Comunitat, que incorpora cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública que "deben ser incluidas en las ofertas realizadas a las administraciones por las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, filiales o interpuestas".

Esta normativa pretende impulsar la contratación pública responsable, por lo que establece que en los procedimientos de licitación y adjudicación se tendrán en cuenta aspectos sociales, éticos y ambientales. Para conseguirlo, apuesta por la introducción de cláusulas de responsabilidad social en los nuevos pliegos de contratación, en la línea de la petición de la federación.

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