VALENCIA, (EP). El sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública de UGT en el País Valenciano, integrado en la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT PV), considera que la oferta de empleo público docente para el trienio 2017-2019 podría alcanzar "perfectamente" las 10.000 plazas.
La entidad basa esta reclamación en los datos facilitados por la Conselleria de Educación, con la distribución por cuerpos docentes. Para ello, sería necesario que se derogara las limitaciones que las leyes presupuestarias establecen a estas ofertas de empleo público, mediante la supresión de la denominada tasa de reposición, explica a través de un comunicado.
UGT señala que el sistema educativo público valenciano no universitario cuenta actualmente con aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en centros educativos dependientes de la Generalitat, de los cuales están ocupados casi 40.000 por funcionarios de carrera, con diferentes situaciones administrativas, y entre los que incluye a los más de 1.000 futuros funcionarios que actualmente están realizando sus prácticas por haber aprobado su oposición el año pasado.
Y los 10.000 puestos restantes, vacantes estructurales del sistema, están ocupados por catedráticos, profesores y maestros interinos. Además, para cubrir las sustituciones, bajas por enfermedad, permisos u otras situaciones, existen trabajando también para nuestro sistema educativo, más de 4.000 docentes, también funcionarios interinos. Ello significa también que el sistema educativo público valenciano "soporta una tasa de temporalidad media del 21%, con grandes oscilaciones entre cuerpos docentes".
UGT considera que las 10.000 vacantes estructurales que presenta el sistema educativo público valenciano no universitario (el 21%) se deberían cubrir progresivamente mediante procesos anuales de selección y de consolidación, en los términos que legalmente están autorizados.
Ello supondría que además de garantizar con carácter general en los procedimientos selectivos los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes, éstos deberían establecer un baremo de méritos en los que se primara la experiencia docente, de modo similar a como se hizo a través del sistema transitorio de acceso a la función pública docente que estableció la LOE, durante el periodo 2007-2011.
Finalmente, el sindicato señala que estos procesos de selección y consolidación del empleo público docente permitiría "la reducción de la tasa de temporalidad en la administración educativa y la progresiva transformación del profesorado interino en profesorado fijo, de carrera y con derechos, con la consolidación de sus puestos de trabajo".
