Foto: EFE/KAI FÖRSTERLINGVALÈNCIA. Las buenas noticias llegaron la semana pasada desde Madrid. La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 una enmienda que permitiría a los ayuntamientos gastar de parte del superávit acumulado desde 2016.
La enmienda, registrada por el PP, es una cesión del Gobierno de Mariano Rajoy a las reivindicaciones de la oposición y de las propias corporaciones locales de todo signo político con las cuentas saneadas. La regla de gasto les maniataba y les impedía invertir los remanentes de tesorería generados acorde a sus necesidades, además de limitarles en el tiempo.
Este 2017, por si fuera poco, los Presupuestos Generales del Estado se han aprobado a mitad de año. Si a ello unimos los trámites legales, las corporaciones se iban a ver limitadas a apenas tres meses para reinvertir el superávit, lo que les iba a condicionar en exceso. Con la enmienda del PP, los ayuntamientos podrán dedicar esta inversión a proyectos que se extiendan hasta 2018. Es decir,tienen más margen de maniobra.
Un avance muy importante en el caso de València, donde la decisión del Congreso ha sido más que bien recibida. Las expectativas ahora son “más buenas”, admitía este miércoles el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. De entrada porque les garantiza poder hacer uso de buena parte de los 42 millones de euros que tuvo el consistorio valenciano.
El problema son los pagos por expropiaciones, una losa en la economía del Ayuntamiento. Ellas se llevarán buena parte de ese superávit, en torno a 24 millones de euros. Con todo, Vilar celebró que podrán disponer de cerca de 20 millones de euros más, que se unirán al presupuesto de 2017 y de 2018.
Aunque como toda cesión, la enmienda del PP no fue completa. Se mantiene una restricción, y es que deberán dedicarse a proyectos que puedan calificarse como financieramente sostenibles; un aspecto en este caso menos oneroso que en el anterior curso, al abrir la ventana de tiempo.
Ahora el equipo de Gobierno del alcalde Joan Ribó podrá disponer de sus ahorros y deberá decidir qué hacer con ese dinero. “Por proyectos no será”, comentaban fuentes municipales.
