VALÈNCIA. (EP). Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, València, Zaragoza, Cádiz, Córdoba, La Coruña y Santiago han suscrito este miércoles la Declaración de Barcelona sobre financiación y fiscalidad local, para exigir al nuevo Gobierno una financiación local estable, justa y suficiente que garantice derechos sociales básicos, según el documento.
En rueda de prensa junto a concejales de las ciudades adheridas, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha criticado el "olvido y agravio" al municipalismo, y ha dicho que los ayuntamientos deberían gestionar el 25% del gasto público --hoy es el 13%-- para asegurar la autonomía y suficiencia financiera.
"Con el cambio de Gobierno hay una cierta voluntad de cambio que esperamos que se concrete", y ha añadido que se reunirá con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para pedirle revisar las reglas de gasto, transferir más recursos y competencias a los municipios, y un cambio de fondo en la financiación local.
El delegado de Economía de Madrid, Jorge García, ha insistido en que los ayuntamientos necesitan con urgencia estos cambios, y el teniente de alcalde de Economía de Cádiz, David Navarro, ha pedido unir esfuerzos con otros ayuntamientos para lograr más poder y presionar al Ejecutivo central.
La concejal de Economía de Santiago, María Rozas, ha reivindicado: "Que nos permitan hacer aquello por lo que fuimos votados, escuchar las demandas de la ciudadanía, y gastar en lo que decidamos, no lo que quiera el ministerio"; y los concejales Ramón Vilar (València) y Eugenia Vieito (La Coruña) han defendido cambios sustanciales y acciones inmediatas.
Con este encuentro, las ciudades reeditan el frente común que ya se visualizó en las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa celebradas en febrero de 2017, y que culminaron con la Declaración de València, que constataba un modelo "insostenible" que limita la acción municipal y dificulta garantizar derechos básicos y servicios públicos.
Los ayuntamientos piden revisar los efectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local (LRSAL); flexibilizar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) sobre la regla de gasto y el destino del superávit, y recuperar la capacidad para gobernar las respectivas Haciendas, para lograr la gestión del 25% del gasto público.
La declaración también propone un sistema transparente de participación en los tributos del Estado, para una "planificación presupuestaria estable"; ampliar el espacio tributario local; más autonomía normativa sobre los tipos impositivos diferenciados por usos y categorías de inmuebles, y cobrar todos los impuestos y tasas de actividades lucrativas.
