ALICANTE. El refuerzo en el control de los pisos turísticos que trata de imprimir ahora el Ayuntamiento de Alicante no solo comprenderá el acuerdo de suspensión de licencias que se prevé elevar a aprobación inicial el próximo 19 de diciembre. Esa moratoria para la concesión de nuevos permisos por dos años de duración, se pretende aprovechar para regular su ordenación urbanística. O lo que es lo mismo, concretar dónde pueden habilitarse viviendas destinadas al alojamiento temporal: si se permiten en cualquiera de las plantas que componen un edificio (incluida la planta baja como sucede ahora, o no) y, probablemente, con una propuesta de zonificación, en la que puedan quedar excluidas áreas que puedan considerarse como tensionadas o saturadas.
Pero, al tiempo, se pretende incorporar otras medidas complementarias para mejorar la transparencia en el mercado del alquiler temporal como la creación de un censo o registro de pisos turísticos, de acceso público, que permita identificar qué viviendas se dedican al alojamiento temporal de forma legal, cumpliendo todos los requisitos debidos.
Ese registro ofrecerá información sobre la ubicación concreta de las viviendas de uso turístico (VUT) regladas (las autorizadas), lo que, en contraposición, permitirá que cualquier ciudadano que sea conocedor de la existencia de otras viviendas con arrendamientos de corta duración no inscritas en él, pueda dar traslado de esa circunstancia a la administración. Con ello, se facilitaría el desarrollo de la actividad inspectora de la Policía Local y se avanzaría en el objetivo de erradicar la oferta ilegal.
La creación de ese registro es una de las recomendaciones incluidas en el estudio concertado por la Concejalía de Urbanismo para disponer de una radiografía sobre la situación del sector en la ciudad. En dicho informe se concreta que dicho registro debe alinearse con lo establecido por el Real Decreto del 16 de octubre de 2024, que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y regula la recogida e intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración en todo el país.
En esta línea, el registro municipal funcionaría como herramienta capaz de fomentar una mejor convivencia vecinal, al ayudar a prevenir conflictos derivados del uso intensivo de las viviendas como alojamientos turísticos, según precisan fuentes consultadas. Su puesta en marcha permitiría ganar eficacia en la detección de irregularidades, como la carencia de licencia, o el incumplimiento de las condiciones incorporadas en el nuevo decreto autonómico que regula las VUT.
En último término, permitiría que la brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local realizase inspecciones y controles más efectivos, mejorando la gestión urbana y garantizando una convivencia equilibrada entre el turismo y los residentes, al margen de que se haya acordado la incorporación de la brigada de la Policía Comunitaria o de Barrio en esas mismas funciones de supervisión sobre el sector.
Ese incremento de recursos habría propiciado que se haya levantado un centenar de actas de infracción a pisos turísticos que no cumplían con las condiciones de funcionamiento establecidas, con las consiguientes órdenes de suspensión de actividad al margen de que queden expuestas a una sanción económica posterior a cargo de la Generalitat. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Alicante ya ha iniciado los trámites para asumir esa competencia sancionadora y de recaudación de forma directa.