La tensión política en la provincia estalla en la Ribera
La tensión política en la provincia estalla en la Ribera
VALÈNCIA. La vida política de Alzira está sumida en una crisis que ha trascendido las fronteras locales y, en el centro del debate, se encuentra la formación municipal de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). El caos comenzó con una intervención desde la dirección nacional del partido, ha continuado con la polémica expulsión de una concejala, Mar Chordà, del equipo de gobierno local y ha culminado con una denuncia por acoso laboral por ser mujer contra el portavoz del grupo municipal, Enrique Montalvá.
Los últimos acontecimientos se han traducido en acusaciones cruzadas, desmentidos y un descontento generalizado entre los simpatizantes y afiliados, quienes exigen a la cúpula del partido "explicaciones claras y medidas concretas". En el epicentro de esta crisis, se encuentra la decisión de UCIN sobre imponer una gestora en Alzira, liderada por Gema García, que actualmente ocupa el cargo de coordinadora de la formación en la Comunitat Valenciana.
Según explica a Valencia Plaza el presidente de la dirección nacional del partido, Ángel Montealegre, esta medida responde a supuestas afiliaciones "masivas y fraudulentas" que comprometían la integridad del grupo local. Sin embargo, afiliados y simpatizantes han visto en esta acción una violación de los principios de autonomía que deberían regir a UCIN Alzira. Bajo esta premisa, cerca de 40 firmantes han solicitado la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para debatir esta actuación y exigir responsabilidades al portavoz municipal.
No obstante, Montealegre asegura que la dirección nacional ha desestimado la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos estatutarios, dado que "muchas de las firmas no provenían de afiliados oficiales". La negativa ha generado una sensación de desconexión entre UCIN y sus bases municipales, con lo que ha alimentado aún más la desconfianza y el malestar interno dentro de la formación.
La tensión política en la provincia estalla en la Ribera
En paralelo, la concejala Mar Chordà ha interpuesto una denuncia contra Montalvá por acoso laboral por ser mujer, desencadenando una cascada de reacciones dentro y fuera del partido. En declaraciones a Valencia Plaza, Chordà lamenta haber recibido lo que considera un "trato frío e indiferente" por parte de UCIN y del Ayuntamiento de Alzira, criticando la falta de apoyo y las decisiones unilaterales que la han apartado del equipo de gobierno "mientras Enrique permanece en su cargo".
Además, Chordà denuncia que el protocolo de actuación frente al acoso no ampara a los cargos electos, lo que, según asegura, la ha dejado en una posición indefensa. "Me enteré por la prensa de que mi caso había sido trasladado a la Fiscalía", afirma a este diario, reprochando a las autoridades locales y a su partido la falta de comunicación y apoyo psicológico.
A todo ello se suma que, en las últimas semanas, Chordà ha enfrentado una intensa cobertura mediática, parte de la cual ha calificado como "tendenciosa" o "falsa". En ese sentido, la concejala desmiente categóricamente que Antonio Pelayo, afiliado de UCIN Alzira, se haya proclamado presidente de la formación, y ha rechazado las acusaciones de que la asamblea solicitada buscara usurpar funciones o violar los estatutos.
"Enrique sabía perfectamente que queríamos celebrar la asamblea", asegura Chordà y destaca que el propio portavoz municipal envió un mensaje a través de Whatsapp secundando la iniciativa, que más tarde anuló. Del mismo modo, la concejala niega que las nuevas afiliaciones fueran masivas y fraudulentas, señalando que las decisiones dentro de la formación se han tomado de forma unilateral por Montalvá, sin consultar a las bases. "Nos han secuestrado el partido. Lo único que pedimos es transparencia y la posibilidad de reunirnos para hablar", insiste Chordà.
A pesar de las tensiones internas, el pacto de gobierno entre UCIN Alzira, Compromís y PSPV-PSOE sigue en pie, aunque con grietas evidentes. Para Chordà, el apoyo de la dirección nacional del partido hacia Montalvá refleja una prioridad por preservar el acuerdo político a toda costa, incluso a expensas de abordar las denuncias que pesan sobre el portavoz. "Les importa más su sillón que las personas", critica la concejala.
Por su parte, la dirección nacional de UCIN ha optado por la prudencia, alegando que no pueden tomar medidas disciplinarias contra Montalvá mientras no exista una resolución judicial firme. Aunque esta decisión se ha justificado en aras de respetar el derecho de presunción de inocencia, los afiliados y simpatizantes de UCIN Alzira lo interpretan como una forma de priorizar el interés político sobre el ético.
El presidente de UCIN, Ángel Montealegre, asegura a este diario que la gestora impuesta en Alzira es temporal y que la normalidad se reestablecerá "una vez queden resueltos todos los conflictos internos". Sin embargo, la base permanece escéptica, al mismo tiempo que exige explicaciones "inmediatas" y un compromiso "real" con la democracia interna del partido.