VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València solicitará al Gobierno y la Unión Europea una prórroga para poder cumplir los plazos para materializar la reforma de la avenida Pérez Galdós y no perder así las ayudas comunitarias para este proyecto. El consistorio tiene hasta junio de 2025 para justificar la ejecución de la actuación ante el Ministerio y las instituciones europeas si quiere mantener la subvención europea, pero ya tiene claro que es imposible llegar a tiempo, teniendo en cuenta que el proyecto contempla el desarrollo de las obras durante 14 meses.
Por ello, desde el gobierno municipal han decidido solicitar una prórroga de un año, que permitiría llevar a cabo la remodelación de la gran vía sin tener que cargar el importe total al erario municipal. El proyecto de obra cifra el presupuesto de licitación de las obras en 32,6 millones de euros. Un montante que, al sacar a concurso el contrato, seguramente se reduzca por la competencia entre las empresas aspirantes, pero que aun así queda lejos del presupuesto inicial del proyecto inicial, valorado en 11,8 millones de euros.
'Arrels', tal como se llamaba la iniciativa ganadora del concurso de ideas organizado por el anterior gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, preveía que el 75% del coste estuviera financiado por los fondos europeos (8,8 millones) y que el Ayuntamiento aportara el resto (unos 3 millones aproximadamente). Sin embargo, el encarecimiento de la reforma al pasar la idea ganadora a un proyecto de obra supone que el consistorio deberá asumir esa diferencia, dado que la financiación europea no varía. De modo que la proporción se invierte y será el Ayuntamiento el que tenga que asumir casi el 75% del total (cerca de 24 millones).
Según explican desde el gobierno municipal, la diferencia sustancial del coste es "fruto de la actualización de precios pero también de trasladar lo que era una idea a un proyecto definitivo". En ese sentido, insisten en que la fórmula del concurso de ideas es válida pero para acometer proyectos con financiación externa puede traer problemas porque "al aterrizar la idea en el proyecto final, puede haber muchas variaciones", lo cual repercute en la financiación y los plazos de ejecución. En ese sentido, las partidas de firmes y pavimentos se han incrementado un 22% respecto a la previsión inicial, y la de saneamiento sobre un 19%. Otras como las de alumbrado o de semáforos se han encarecido entre un 9% y un 10%. Todas ellas, insisten, dentro del 30% que como máximo contemplaba la iniciativa ganadora del concurso.
El nuevo proyecto
Los concejales de Urbanismo y Movilidad, Juan Giner y Jesús Carbonell respectivamente, expusieron a mediados de mayo el proyecto definitivo, que difiere de la idea primigenia en que mantiene el túnel pese a las reclamaciones vecinales. Una decisión sustentada en un informe que cifraba la supresión del viaducto en un sobrecoste de 19 millones o un retraso de tres años por nuevos estudios y la elaboración de un nuevo proyecto, ambos aspectos no contemplados en un principio y que harían inviable llegar a tiempo con Europa -de hecho, hacerlo sin todo ello ya requerirá de un aplazamiento-.
Las concejalías implicadas critican, sobre este aspecto, que el gobierno anterior no realizara "ni un sólo informe" desde que se declaró ganador el proyecto 'Arrels', en junio de 2022. Lo cual señalaría, a su juicio, que "no había una clara determinación" de llevar adelante el proyecto sin la subvención europea, cuya se concesión se conoció en junio de 2023, y que va destinada no sólo a Pérez Galdós sino a otras seis actuaciones en la ciudad.
Así, no fue hasta que se hizo un estudio para analizar la viabilidad del soterramiento del túnel cuando se conoció las dificultades técnicas que existían y las actuaciones adicionales que serían necesarias, defienden las concejalías de Movilidad y Urbanismo. La pasada semana, uno de los redactores del informe de la Universitat Politécnica de València (UPV), se desmarcó de la decisión de mantener el túnel y señaló que habría mediciones que no tendrían por qué hacerse si se quiere dejar sin uso el viaducto, lo cual acortaría plazos. Pero desde el consistorio insisten en que, pese a ahorrar tiempo en algunas mediciones, seguiría haciendo falta la realización de un nuevo proyecto.
El nuevo proyecto contempla la ampliación de las aceras hasta los seis metros en total, la ubicación de un carril bici segregado, dos hileras de árboles a lado y lado de la avenidas, y dos carriles de tráfico rodado por sentido, lo que supondrá la polémica eliminación del carril bus, tal como publicó este diario. Los técnicos municipales advirtieron que un carril para el tráfico privado y otro para bus-taxi supondría un estrangulamiento para el paso de vehículos, por lo que la concejalía ha optado por sacrificar la velocidad comercial de la EMT para evitar embotellamientos.
Los técnicos municipales trabajan a marchas forzadas para informar el proyecto desde los diferentes servicios consistoriales implicados. Pasos necesarios antes de aprobar definitivamente el proyecto antes de llevar a cabo la licitación. En ese sentido, el gobierno local destaca que habrá que certificar casi una inversión de "un millón de euros al mes" para cumplir con los plazos, algo que no se había visto en el consistorio hasta el momento.
Así, las concejalías de Movilidad y Urbanismo esperan que se adjudique el contrato de obras cuanto antes para que las máquinas entren a trabajar y poder cumplir el plazo, al menos, si se concede la prórroga de un año solicitada. Si bien fuentes municipales no quieren mojarse con fechas dado que, en ocasiones, los concursos públicos para obras de envergadura acaban recurridos y con demoras inesperadas.