VALÈNCIA (EFE). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró este miércoles a EFE que la subida del salario mínimo interprofesional (SIM), sobre la que trabaja una comisión de expertos, es una prerrogativa del Gobierno por ley, sin necesidad de acuerdo social, y calificó de "chantaje" la advertencia de Trabajo a la patronal si se sale del acuerdo.
"Hace pocos días he visto el titular del secretario de Estado diciendo 'y si no es esto, pues se van a enterar que va a ser más'. Yo sinceramente no lo entiendo. Es decir, pues si usted cree que es esta cantidad, será esta cantidad, pero no si está la patronal será esta otra" y "a mí eso me parece un chantaje", según Garamendi.
El responsable de la patronal se refería a las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien aseguró en una reciente entrevista que "nadie que se siente en la mesa de diálogo social tiene derecho de veto y, obviamente, quien se queda fuera de la negociación tiene que asumir el coste que eso supone".
"La ley lo que dice es que (la subida del SIM) es una capacidad que tiene el Gobierno para tomar la medida, previa consulta a los agentes sociales", por lo que "nosotros podemos pensar que está equivocado o no, pero no somos parte en ese planteamiento", explicó Garamendi.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado a la comisión de expertos que la subida del SMI para 2025 debe hacer que nadie pierda poder adquisitivo, es decir, al menos reflejar la inflación. En lo que va de año, la inflación media es del 2,8 %, lo que dejaría el SMI en 1.166 euros brutos mensuales.
La CEOE, según su presidente, ya ha "avisado muchas veces de que con las subidas que se están realizando se está teniendo muy poco en cuenta a la gente que va a sufrir con este salario mínimo".
Al respecto, ha citado al "campo", "los pequeños comercios", de "la parte más baja y donde más problemas hay para conseguir esa famosa competitividad", antes de mencionar también "toda la contratación pública".
"Sinceramente nosotros no podemos compartir estos criterios, además que están generando una inestabilidad, una inseguridad jurídica, porque no sabemos si van a recortar las horas o no, también por ley, cuando nosotros en el acuerdo nacional de convenios no se nos había planteado esto", dijo.
"Vamos a esperar a ver qué dicen los expertos, que no sé si alguna vez habrán pagado algún sueldo", pero pensamos sinceramente que no es el momento", según el preeidenTe de la CEOE, que ha resaltado que "las cotizaciones sociales en España están 30 % por encima de las europeas".
Para Garamendi, el Ministerio de Trabajo "no está haciendo el papel adecuado que debiera hacer".
"A mí me gustaría que volviera otra vez la política de acuerdos, que es un poco en la que hemos estado y en la que hemos llegado a muchísimos acuerdos durante muchísimos años, pero bueno, esta es la realidad", concluyó.
Díaz ha explicado que los trabajos de la comisión de expertos comienzan ahora y después se convocará la mesa de diálogo social para abordar el tema.
El año pasado, Trabajo llevo a la mesa de diálogo social el dato de inflación que se usa como referencia para subir las pensiones y que se calcula con la tasa media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre de este año.
Actualmente el SMI se sitúa en 1.134 euros brutos mensuales, tras la subida del 5 % aplicada para este 2024.