VALÈNCIA. Una vez la nueva ley de À Punt supere todo el proceso de tramitación en Les Corts y quede aprobada –algo que previsiblemente se producirá durante las próximas semanas–, el PP deberá abordar la designación del Consejo de Administración que se crea con la norma. Se trata de aquel que regirá la radiotelevisión autonómica (contará con una presidencia) junto a la dirección general, que tendrá el poder ejecutivo. Su composición dependerá de los partidos y la oposición estudia si pactarla con la derecha.
El Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente), un número menor al actual. Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta puede dar luz verde en solitario la derecha. A corto plazo, por lo tanto, el PP y Vox se aseguran el control del órgano directivo de la radiotelevisión si no existe pacto con la izquierda.
Los populares quieren pactar los nombres con la izquierda, que se encuentra estudiando qué hacer. No es una posición sencilla por el dilema que comporta. Acordar con el PP y Vox supone legitimar el órgano que han creado con una ley que no comparten y, además, tanto el PSPV como Compromís no quieren pactar nada junto a Vox. Igualmente, creen que los populares no demuestran voluntad real de entendimiento cuando cambia las mayorías para que no sea necesaria la oposición en última instancia.
Pero de otro lado, no entrar en el Consejo supone que todo quede en manos del PPCV y Vox. Formar parte de él garantiza, al menos, pluralidad entre los miembros, que todos partidos estén representados y que dentro de este órgano el PSPV y Compromís tengan cierta capacidad de presión y control. De ahí que realmente se estén planteando qué hacer.
Un pacto lejano
Desde el PP, por su parte, aseguran que están dispuestos a "escuchar", pero la negociación del Consejo de À Punt la incluyen en el pack de los órganos estatutarios y de la Agencia Antifraude. Así que quieren que sea un pacto conjunto, algo que parece muy difícil dado que la izquierda no quiere sentarse si el PP no rompe con Vox –una condición inasumible para los populares–.
La renovación de todos esos entes –la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura– se encuentra pendiente desde hace años, lo que ha llevado a una situación de bloqueo porque el Gobierno tiene que pactar sí o sí con (al menos) un partido de la oposición. Lo mismo sucede ahora en Antifraude, aunque aquí sí se podrá solucionar con el cambio de la ley para que la dirección pueda ser elegida sólo por la derecha.
De modo que habrá que esperar a ver las intenciones reales de cada partido y si finalmente hay posibilidad de pacto. Algo que en este momento parece lejano salvo que se acerquen posiciones.