VALÈNCIA. Una de las propuestas en materia de vivienda que el Gobierno ha lanzado a todas las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes ha sido el blindaje de la vivienda pública para aumentar el parque público. Una exigencia que choca con el recién aprobado decreto de VPO de la Generalitat Valenciana, que precisamente liberaliza la venta de las viviendas de protección pública en el caso de que sean de promoción privada.
Este viernes se celebraba, después de dos años, una cumbre multilateral entre el Gobierno, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez, y los mandatarios autonómicos en el Palacio de la Magdalena de Santander con la vivienda como uno de los ejes de la reunión. Algunas de las proposiciones planteadas por el Ejecutivo Central en esta materia son ya conocidas como la aplicación de la Ley de Vivienda en aquellas regiones que la han rechazado. Sin embargo, y dada la emergencia habitacional actual en España, también se planteó el "blindaje" del carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos "de forma permanente e irreversible" para asegurar que el parque público asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema.
Esta última cuestión colisiona con la última norma aprobada por el Gobierno de Carlos Mazón en materia de vivienda como es el nuevo decreto que regula la VPO en la región. Una norma que, entre sus novedades, elimina la calificación permanente de este tipo de viviendas, como recogía el texto anterior del Consell del Botànic. De esta forma, elimina la protección de la vivienda pública, aunque solo aquellas de promoción privada, que son las mayoritarias dado que la administración tiene poco recursos para hacer promoción.
Concretamente, la nueva regulación valenciana, que entró en vigor este pasado miércoles, permite la venta de una VPO que haya sido desarrollada por un agente privado, aunque con diferentes plazos. Así, el periodo de protección será de 30 años para las promociones en suelos calificados para vivienda de protección pública, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las destinadas a jóvenes .
Por tanto, la medida planteada sería de difícil cumplimiento en la región, dado que no existe ya una calificación permanente de protección pública. En cualquier caso, cabe destacar que las competencias en materia de vivienda están cedidas a las autonomías y que el Gobierno únicamente ha presentado unas propuestas, a las que no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. Ni en esta cuestión, ni en los otros asuntos tratados y sobre los que versaba la reunión como era la financiación, la migración y la sanidad.
Por otro lado, el Ejecutivo también ha planteado aprobar una reforma de la Ley del Suelo que dé más seguridad jurídica a los ayuntamientos al modificar sus planes urbanísticos y ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, así como adaptar la normativa actual al reto del cambio climático. Esta norma, que se estaba tramitando, fue finalmente retirada por el Gobierno al no conseguir suficientes apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Con todo, la XXVII Conferencia de Presidentes concluyó sin acuerdos concretos tras cinco horas de intervenciones por parte de Sánchez y de los presidentes autonómicos. Para muchos mandatarios, como el valenciano, Carlos Mazón, se llegaba sin concreción ni contenido al encuentro. "Como hemos venido nos vamos. Sin ninguna iniciativa ni propuesta puesta en marcha por el Gobierno. Vinimos sin propuestas y nos vamos sin respuestas", remarcó el jefe del Consell.
A su juicio, en materia habitacional lo que se debería de debatir es la cuestión impositiva. En este sentido, Mazón reivindicó la exención del IVA en las viviendas de protección pública y la rebaja de este gravamen del 10 al 4% en el caso de los inmuebles de renta libre.