VALÈNCIA. Fueron muchas y muy diversas las consecuencias de la última dana que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Daños materiales millonarios en viviendas y vehículos, incalculables pérdidas humanas y la muestra más evidente: las toneladas y toneladas de lodo que anegaron la zona cero de la riada y que todavía permanecen como testimonio de la tragedia en calles, parques y numerosos garajes.
Tras la catástrofe, las administraciones estimaron que sería necesario retirar entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos de lodos y fangos en las decenas de municipios e infraestructuras afectados. La mayor parte de ellas estaba constituida por tierras agrícolas que habían sido arrastradas por la fuerza del agua, así que era tierra y agua no contaminadas que estaban mezcladas con otros materiales, restos orgánicos y vegetación así como enseres o instalaciones de la vía pública destruidas.
Además de la emergencia alimentaria y para cubrir las necesidades básicas, los trabajos de los voluntarios que llegaron los primeros días a los lugares de la catástrofe se centraron precisamente en empezar a retirar estos materiales. El reto era descomunal pero la maquinaria tardó en llegar, especialmente por las dificultades de acceso a causa del apilamiento de vehículos. Así que hasta que eso ocurrió, vecinos y voluntarios empezaron a operar con pequeñas bombas para extraer el agua de sótanos, garajes, viviendas y negocios. La colaboración de vehículos de municipios próximos y otros puntos de España fue clave.
A la red de saneamiento fue a parar buena parte de los fangos que trajo consigo la riada durante la noche de la dana, pero también después, cuando los voluntarios trataron de desalojar manualmente el material de las calles. El atasco era monumental, pues según la Diptuación de València los problemas de alcantarillado afectaron a 34 municipios de la provincia, donde se constató la colmatación de colectores pequeños -que serán sustituidos al no poder limpiarse- y otros de mayor envergadura.
En estos se están centrando los trabajos de los 150 camiones de extracción que operan desde hace más de una semana en la zona cero, tal como explican en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus, a la postre responsable de gestionar todo este material. Del total de vehículos, medio centenar proceden de otros países como Marruecos, Francia o Portugal
Uno de los problemas era encontrar espacios para almacenar el lodo acumulado de manera provisional hasta su tratamiento. Con ese objetivo, se creó tras la catástrofe un equipo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Geológico y Minero para detectar posibles áreas de depósito, que debían contar con una permeabilidad baja o nula para impedir la posible contaminación de los terrenos y los recursos hídricos subterráneos.
Unas balsas en Manises y una cantera en Picassent fueron las escogidas para hacer como "puntos intermedios de tratamiento". Allí descargan los lodos cerca de 400 camiones diarios, según datos de la Conselleria, y a partir de entonces el material será tratada con cal o lejía antes de transportarla finalmente a los vertederos.
Además del alcantarillado, el punto de mira está puesto también en los garajes y sótanos que quedaron anegados con la avenida de agua. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) informó este jueves de que el mapeo elaborado por el operativo de extracción de lodos ha evaluado ya casi 2.600 garajes y sótanos, de los cuales más de un millar "ya están disponibles" aunque el órgano insiste en la recomendación de "no acceder" a ellos mientras se realizan las tareas de limpieza "para evitar intoxicaciones por gases tóxicos y otros problemas de salud".
La Diputación de València es la que se está encargando de llevar a cabo los trabajos en estos espacios privados. Un centenar de operarios de seis empresas, contratadas de emergencia por la corporación provincial, trabaja ya en ocho municipios de l’Horta Sud, y a ellos se sumará una nueva empresa que permitirá extender las tareas a Paiporta, Aldaia y Algemesí, completando así el listado de 11 municipios y 660 garajes entregado por el mando de Emergencias.
Además, los bomberos de la Diputación de Valencia participan en el dispositivo y se están centrando en las tareas de limpieza de ascensores para poderlos reparar y restablecer así un servicio básico para las personas con movilidad reducida. La prioridad en estos momentos "es limpiar los espacios que suponen un riesgo para la salud de las personas y recuperar cuanto antes servicios de primera necesidad como pueden ser los ascensores para personas que los necesitan en su día a día", explicaba este jueves el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.
En cuanto a la gestión de las aguas residuales, el temporal se cebó con 123 depuradoras, de las cuales 117 están ya operativas según explican desde la Generalitat Valenciana. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, está ejecutando obras de emergencia en los sistemas de depuración.
Por el momento, se han contabilizado 24 contratos de emergencia de la Epsar para las reparaciones en las diferentes estaciones depuradoras por valor de casi 45,2 millones de euros en total. Por parte de la corporación provincial, se han destinado 32 millones para la reconstrucción de 75 de estas infraestructuras a través de Egevasa.
Las actuaciones, subrayan desde el departamento autonómico, se centran en estas instalaciones con el objetivo de "reponer los diferentes colectores y restaurar las depuradoras" y ya se trabaja para "reparar las averías y reestablecer la evacuación de las aguas residuales para evitar problemas medioambientales y de salud pública".
Tras la catástrofe, el Ministerio de Transición Ecológica previó que los trabajos de recuperación permitirán la vuelta a la normalidad en el período de un año pero estimaron que tres de las depuradoras quedarían "completamente inoperativas", por lo cual sería necesario su reconstrucción. En ese sentido, desde el departamento gubernamental previeron que, siguiendo la lógica, la reconstrucción de las instalaciones se hiciera "en las mismas zonas donde están las existentes" dado que cuentan ya con el visto bueno ambiental y la aceptación vecinal.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha empezado los trabajos para reparar los daños sufridos por la infraestructura hidráulica y adjudicó dos contratos de emergencia a las compañías Global Omnium, Torrescamara y Senda por valor superior a los 50 millones de euros en total.
El primer contrato, con un plazo de ejecución de seis meses, es el más grande y se divide en dos lotes. Uno es para la "restitución y recuperación de la funcionalidad del abastecimiento al área metropolitana de Valencia", adjudicado a Aguas de Valencia (Global Omnium) por 19,2 millones de euros; y otro, encargado a Torrescamara por 10,9 millones, para la "reposición de acueductos en el canal Júcar-Turia".
El segundo contrato, adjudicado también con un plazo de ejecución de seis meses, incluye las obras de emergencia para la reparación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el que aportaba la información en tiempo real de los caudales pero que quedó dañado tras la avenida. Consta de un lote principal para las obras, que se ha llevado la firma Senda por 22,1 millones de euros, y otro para los trabajos de ingeniería, vigilancia y seguridad, por 400.000 euros, para la Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras.