VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts presentaron este lunes sus candidatos al Consejo de Administración de À Punt. Eso sí, solo PP y Vox, ya que PSPV y Compromís decidieron no registrar ningún aspirante para este proceso. Una decisión que, a la postre, deja un órgano integrado exclusivamente por consejeros designados por el partido que gobierna en el Consell y su principal apoyo parlamentario además de ex socio en el Ejecutivo valenciano hasta hace seis meses, Vox.
El Consejo de Administración de la cadena lo conformarán ocho personas, y según marca la ley, siete lo son a propuesta de Les Corts y otro más por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Con este diseño y la oposición -real- fuera de todo reparto, el PP registró este lunes como consejeros a María José Arambul, Alfonso Gil, Rosalía Mayor, Vicente Ordaz y Pilar Caro; y Vox a Julio Utrilla Cano y Susana Pérez González. Los populares, además, también serán los encargados de proponer un sexto candidato, dado que ostentan la presidencia de la FVMP. De esta manera, seis de los ocho representantes serán designados por el PP, el 80%.
La cúpula de la radiotelevisión pública valenciana, por tanto, no contará con ningún miembro sugerido por el PSPV ni tampoco por Compromís. Una circunstancia que si bien ha sido elegida por estas formaciones para poner de manifiesto que "ni era el momento" de acometer esta renovación, ni están de acuerdo en cómo se ha desarrollado el proceso, lo cierto es que deja un órgano de dirección de la cadena sin voces de la oposición y, por tanto, cojo en cierto modo. Y más aún si se compara con el Consejo Rector actual, donde no solo pudieron designar candidatos todos los partidos del arco parlamentario, sino también el Consejo de la Ciudadanía y el del Audiovisual.
El debate sobre la renovación del órgano de dirección de À Punt viene de lejos. En concreto, desde el pasado mes de marzo, cuando el PP, con el apoyo de Vox, cambió la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para modificar las mayorías que serían necesarias para renovar este consejo. Si antaño sus miembros propuestos por el Parlamento debían obtener el apoyo de tres quintas partes de la Cámara, con la nueva ley deben sumar los mismos votos, pero si no lo hicieran, en segunda vuelta bastaría con una mayoría absoluta. La aritmética permitía, por tanto, que los antiguos socios de gobierno pudieran pactar una 'alineación' de consejeros sin necesidad de negociar con la oposición.
Precisamente, este uno de los motivos por los que Compromís y PSPV decidieron este lunes borrarse de este proceso, dado que en caso de haber entrado a negociar un reparto de nombres al final su representación, como afirman fuentes parlamentarias, hubiera sido "simbólica" dentro del órgano. "Para que no podamos denunciar que aplican el rodillo", resume un diputado a este diario.
Pero también en su decisión ha influido el momento elegido para hacerlo: después de la Dana del pasado 29 de octubre que dejó 222 víctimas mortales además de innumerables daños y pérdidas materiales. Según los principales partidos de la oposición, renovar este consejo después de la cobertura que ha realizado À Punt demuestra la "incomodidad" del gobierno actual con el tratamiento que ha hecho la radiotelevisión pública.
La renovación del Consejo de Administración estaba bloqueada desde hacía tiempo por el desacuerdo que existía entre todas las formaciones sobre el reparto de representación que debía tener cada grupo. El Partido Popular era partidario de que todos tuvieran algún consejero en dicho órgano. Sin embargo, Compromís y PSPV señalaban este ofrecimiento como una manzana envenenada que pretendía diluir en cierto modo la "gravedad" del cambio legal que habían acometido meses atrás.
Los socialistas advirtieron en su día que solo entrarían a negociar si Vox quedaba fuera de las negociaciones, pero para los populares esto era un tiro en el pie, dado que en los voxistas encontrarían el apoyo necesario en Les Corts para sacar adelante determinadas cuestiones -como por ejemplo el Plan Simplifica-. Así, el cordón sanitario al partido de Santiago Abascal no era algo aceptable para el PP.
Compromís, por su parte, ya venía semanas advirtiendo que no participaría en este proceso. Tan solo lo haría si se cumplían dos requisitos: que el Partido Popular cesara al director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, y que se reformara la ley del órgano fiscalizador para que se volviera al redactado original que planteaba que el máximo dirigente de la Agencia sería elegido por tres quintos de la Cámara. El ultimátum, sin embargo, también era inasumible para los populares: ellos mismos habían propuesto -y peleado- para situar a Beut como sucesor de Joan Llinares, y también habían asumido como propias las reformas que planteaba la ley, si bien estas fueron obra del exdirector.
Al final, los valencianistas cumplieron su advertencia y los socialistas se sumaron al carro dejando un Consejo de Administración integrado por distintos perfiles profesionales -con experiencia en gestión, medios de comunicación, ingeniería e incluso con pasado parlamentario-, pero donde el 80% ha sido designado a propuesta del partido que gobierna.
Este órgano, conviene recordar, será el encargado de proponer un candidato para suceder a Alfred Costa, que desde este lunes dejó ya la dirección general de À Punt para volver a su plaza como subdirector de programas en la radiotelevisión pública. El adiós anticipado de Costa, de hecho, ha sido la causa que ha acelerado la renovación de este órgano y la excusa por la que se reactivó la designación del nuevo Consejo. Les Corts Valencianes votarán a los nuevos consejeros en el pleno de la próxima semana.