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La embajada británica media en defensa de la empresa

Ximo Puig y Puerto Mediterráneo negocian una "solución de consenso" para recuperar el proyecto

Presidencia cambia de estrategia tras el cese de Julià Álvaro, el ecologista que abanderó el rechazo al macroproyecto comeercial

10/02/2018 - 

VALÈNCIA. El presidente del Consell, Ximo Puig, negocia con Puerto Mediterráneo una "solución de consenso" para el macrocentro comercial y de ocio proyectado en Paterna, que fue tumbado hace 16 meses al obtener una memoria ambiental negativa -fundamentada en que el complejo no guardaba la preceptiva distancia con las carreteras colindantes-.

Así lo confirmaron este viernes a Valencia Plaza fuentes de Presidencia, que detallaron que los contactos con Intu-Eurofund Investment, la firma que promueve la iniciativa, se producen desde hace meses, en los que solo se han detenido puntualmente debido al cambio de accionistas de la enseña -adquirida recientemente por la también británica Hammerson-.

En las negociaciones, según las mismas fuentes, participan de forma activa el Ayuntamiento de Paterna y la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio -con Juan Antonio Sagredo al frente del consistorio y María José Salvador en la cartera autonómica, ambos del PSPV-.

La recuperación del complejo, anunciado como el mayor centro comercial y de ocio proyectado en Europa, volvió a estar sobre la mesa este viernes en el encuentro entre Puig y el embajador británico en España, Simon Manley. Según ha podido saber este diario, el dirigente está intercediendo para que se reactive en la Comunitat la inversión de la firma de su país, que a su vez es la mayor -de carácter privado- proyectada en la autonomía.

"Satisfacer a todas las partes"

Según Presidencia, el objetivo es ahora "llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes", una postura que dista mucho de la mantenida por el PSPV tras conocerse el 'no' de la Comisión de Evaluación Ambiental, presidida entonces por el ahora recién cesado Julià Álvaro en calidad de secretario autonómico de Medio Ambiente.

El dirigente de Verds-Equo (Compromís) llevó la voz cantante del rechazo a la millonaria iniciativa, pero cabe subrayar que la Comisión de Evaluación Ambiental la componen a partes iguales los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda y que el informe al que se aferró el organismo para tumbar el proyecto provenía de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, dependiente de la conselleria de Salvador.

Tanto Puig como la consellera Salvador acataron entonces el dictamen del organismo e instaron a la multinacional a empezar de cero desde el trámite municipal, si bien ahora están participando de forma activa por recuperar la iniciativa a través de un acuerdo bilateral. "Nunca hemos sido refractarios a las inversiones", subraya Presidencia. Los últimos cálculos de la compañía cifran la inversión en más de 1.000 millones de euros y 6.000 empleos.

La firma británica clamó entonces contra la decisión del Consell. Las decenas de informes favorables que habían recabado durante años se convirtieron de pronto en papel mojado. Según denunciaron, la decisión les dejaba en un escenario de inseguridad jurídica, puesto que el margen de servidumbre junto a la carretera por el que rechazaban su proyecto sí había recibido el visto bueno de la Generalitat en 2015 y además estaba respaldado por jurisprudencia en la Comunitat.

Con estos argumentos la empresa presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consell. La firma, que ya había adquirido la práctica totalidad de los terrenos, se armaba incluso para una batalla mayor: presentar una querella por prevaricación y una demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios. La mayor inversión anunciada en la Comunitat se había reducido a una guerra que aguardaba su turno en los tribunales.

La lógica hace pensar que la renuncia a las acciones legales contra la Generalitat esté sobre la mesa de negociación. Por parte de la empresa, la inquietud obvia son los tiempos. En varias ocasiones los impulsores han repetido que disponen del capital para retomar el proyecto en el momento que el Consell así lo quiera, si bien llevaría tiempo revertir el actual rechazo.

¿Recuperar la ATE?

La forma más rápida sería recuperar la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica. Puerto Mediterráneo sostiene que la ATE no fue legalmente anulada en su momento al rubricar el rechazo la consellera Salvador y no el presidente Puig -puesto que en su día fue el presidente Alberto Fabra quien la impulsó-.

En tal caso el procedimiento requeriría lograr un informe favorable para el asunto de las carreteras -que fue el que obtuvo el rechazo- y volver a someterla a la evaluación ambiental, ahora sin Julià Álvaro al frente de la comisión. La vía más lenta sería tramitarlo a través del Plan General de Paterna, donde la firma ya ha trabajado el proyecto para adecuarlo a las exigencias de la localidad -pese a que mantiene las distancias respecto a la carretera que recibieron el informe en contra-.

Entre los obstáculos se augura el probable enfrentamiento con Compromís, el socio de Gobierno del PSPV. Pese la salida de Álvaro, la coalición se ha posicionado desde el inicio de la legislatura en contra del macrocentro comercial y de ocio -con rotundas declaraciones al respecto de Rafael Climent, Natxo Costa o de la propia Mónica Oltra-.

Además, la formación ostenta la concejalía de Urbanismo de Paterna, donde tiene en el rechazo a Puerto Mediterráneo uno de sus principales ejes políticos. Por contra, el PSPV podría tener en este giro hacia la iniciativa privada un nicho político hacia la moderación de cara a las elecciones de 2019.

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