Afema rechaza las explicaciones de Oltra y solicita el concurso de acreedores por impagos

VALENCIA. La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales (Afema), de la que dependen 44 trabajadores sociosanitarios de Alicante, ha presentado ante el juez la solicitud para declarse en concurso de acreedores al acumular cinco meses de impagos por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dependiente Mónica Oltra. El departamento de la vicepresidenta dice haber pagado ya las nóminas del mes de junio (70.000 euros) y haber autorizado el abono de dos meses más, además de atribuir el retraso a cuestiones burocráticas relacionadas con la renovación del contrato.

Según las fuentes oficiales, el hecho de que el contrato esté en prórroga obliga a que todos los pagos cuenten con la autorización del pleno del Consell, “lo que ralentiza más el proceso”. Los empleados de Afema califican esta explicación de “excusa”, ya que los retrasos “se están produciendo desde mucho antes de que tocara la renovación”. Asimismo, insisten en que estas cuestiones burocráticas no deberían afectarles: “Ese es un problema que ellos deben resolver. Nosotros hacemos nuestro trabajo que es nuestra obligación, que ellos hagan el suyo”, manifiesta Vicente Maroto, portavoz y trabajador.

Tal y como ha asegurado la Generalitat, los impagos ya se venían produciendo con la anterior administración del PP, que llegó a adeudar hasta 500.000 euros a los técnicos sociosanitarios. Ahora bien, los empleados esperaban una “mayor atención” y “mejor interlocución” con el departamento de Oltra, volcado en las Políticas Inclusivas. Tras organizar protestas y hasta un encierro, mantuvieron reuniones con representantes políticos. En concreto, con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y la propia vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, “quien se comprometió a ingresar, antes de noviembre, el dinero de junio, julio y agosto”.

Insisten en que dicho abono no se ha producido: “Lo único que nos han ingresado a los trabajadores, a través de la Junta Directiva de Afema, han sido 256 euros”. Es por ello que este jueves han decidido desconvocar la huelga que mantenían activa desde hace un mes y "judicializar esta situación”. La petición de concurso de acreedores sería la segunda instancia de Agema ante el juez, puesto que ya hubo una denuncia previa por impago interpuesta en el mes de septiembre, según el propio relato de Maroto.

“Responsabilizamos y culpamos directamente al Consell y concretamente a Oltra y a su gabinete, de poner en riesgo la continuidad de los servicios y el bienestar personal y familiar de los trabajadores”, manifiesta el portavoz. “Somos el claro ejemplo de que las políticas sociales que propugnaban en sus programas políticos no se están llevando a cabo”, añaden los trabajadores en un manifiesto firmado de manera asamblearia.

La Generalitat ha convocado a los trabajadores el próximo lunes para una reunión en Valencia con el gabinete de la Conselleria de Igualdad, que estará representada por la secretaria autonómica Sandra Casas, y la Junta directiva de Afema. Manifiestan que la intención es “consensuar una solución que satisfaga a todos dentro de las posibilidades legales y administrativas”.

El nuevo contrato

No hay fecha prevista para la publicación de los pliegos que darán acceso a los nuvos contratos. Esta es otra de las quejas fundamentales de los trabajadores, que insisten en que va “con dos años de retraso” y sigue en fase de enriquecimiento ilícito. A esta situación se acoge la Conselleria para retrasarse en los pagos, puesto que como ya se ha explicado, al no existir un convenio, las facturas deben ser aprobadas mediante el Consell.

El departamento de Oltra atribuye este retraso en la convocatoria a su propósito de que “todos los nuevos contratos salgan con cláusulas sociales, de manera que se beneficien a los sectores más desfavorecidos y se de cabida en el mercado a las entidades del tercer sector”. A priori, Afema podría ser una de las grandes beneficiarias. Sin embargo, hasta que no se hagan públicos los pliegos no se puede saber si se asignarán a los mismos trabajadores.

“Todos los políticos con los que nos hemos entrevistado han sido solidarios y comprensivos, pero no nos han dado solucionados”, insiste Maroto, quien lamenta una situación que afecta a 44 trabajadores y a alrededor 400 usuarios.