Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Tras admitirse a trámite la propuesta de reforma de la Ley de Participación Institucional este miércoles en el pleno de Les Corts, PSPV, Compromís y Podemos ya estudian las distintas fórmulas para poder hacer accesible a los sindicatos minoritarios las subvenciones que contempla esta norma impulsada por el PP de Alberto Fabra en 2015.
Aunque todavía en una fase muy embrionaria -aún se debe incluir el debate en la comisión de Economía, llamar a comparecientes y que los partidos presenten enmiendas al articulado de la norma para llevar la votación de los cambios al pleno-, los tres grupos que sustentan el Botànic estarían de acuerdo en el grueso de los cambios que merece esta ley, tal y como trasladan fuentes parlamentarias de los tres partidos a Valencia Plaza.
En primer lugar, el cambio más significativo sería introducir un sistema de reparto de ayudas basadas en el número de delegados de cada sindicato. Según fuentes de Compromís, se trataría de insertar el concepto de representación en la ley. Y es que, aunque actualmente los sindicatos "cobran por representación 60 euros por delegado porque así está establecido en toda España", la coalición valencianista cree que la Ley de Participación Institucional sería el margen legislativo "adecuado" en el que enmarcarlas.
Así, la intención es definir en el articulado cuánto se paga por delegado, pero no fijar una cuantía anual, sino que se introduzca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como indicador de referencia y se establezca un porcentaje (entre el 8% y el 10%) sobre ese referente.
Con esto, además pretenden evitar que las cantidades que reciben los sindicatos por representación vayan variando en función de los partidos políticos que se encuentren en el ejecutivo, ya que aunque actualmente en la Comunitat Valenciana cobren 60 euros, "llegaron a recibir apenas 12 euros con el gobierno popular", trasladan fuentes de Compromís.
El segundo cambio que quieren introducir afecta a las ayudas enmarcadas dentro de la partida de Colaboración -esta ley establece que las subvenciones a sindicatos y patronal se reparten por dos conceptos: colaboración y participación-.
En este sentido, la norma fija en su artículo 9 que el "procedimiento de concesión de subvenciones a la colaboración institucional se tramitará preferentemente en régimen de concurrencia competitiva". Sin embargo, tanto PSPV como Compromís quieren que el concepto "preferentemente" desaparezca de la ley.
En el segundo apartado de la ley es en el que los grupos del Botànic encuentran más impedimentos para hacer estas ayudas más accesibles. Se trata de las compensaciones por participación institucional. Para ampliar el espectro de sindicatos que pudieran acceder a estas prebendas –de las que actualmente solo se benefician UGT-PV y CCOO-PV, además de la patronal CEV–, deberían cambiar el artículo 3. En él queda definido que la "representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales a la que se refiere esta ley se regirá por lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical".
Esto es, es la ley orgánica la que determina los porcentajes que deben cumplir los sindicatos para ser considerados "más representativos". Por lo que, al tratarse de una ley estatal y tener poco margen de maniobra, la solución que manejan socialistas, valencianistas y morados es "cambiar la referencia al 6.2 y 7.1 por el artículo 6 y 7 completos". Con este cambio "se podría tener en cuenta más supuestos para que los minoritarios pudieran acceder", subrayan desde Podemos.