VALENCIA. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, aseguraba esta semana que se marcaba "un calendario de un año" para recuperar la concesión del servicio de resonancias magnáticas que desde 2008 lleva a cabo la UTE Eresa. Aunque a priori esto no parecería posible a no ser que se probara alguna irregularidad para cortar con la concesión, lo que pretenden es recuperar el control de los equipos de Eresa con médicos públicos, aunque la maquinaria utilizada seguirá siendo privada. 

Esto se tendrá que hacer de forma progresiva ya que los médicos de la sanidad pública tienen que ser formados para ello con el fin de que puedan prescribir e interpretar las resonancias, que hasta ahora solo se practican de forma totalmente pública en el Peset y San Juan. Esto permitiría controlar el coste de este servicio, ya que el número de radiologías se disparó tras ser privatizado hace 15 años.

En este sentido, la Fiscalía investiga a la compañía Eresa por las pruebas de doble ciego donde se cuestiona si se facturaron pruebas no realizadas. Desde Conselleria destacan que no se inclumpliría con la concesionaria ningún aspecto del contrato firmado ya que se trataría de optar por un 'modelo de contrato C' que supone instalar equipos privados en hospitales públicos.

Un informe de la Sindicatura de Comptes ya advertía del alto coste de esta concesión, que termina en 2018, y que el terminar con ella puede suponer un ahorro de hasta 17 millones de euros. Este 'modelo C' a aplicar ya es utilizado en otros hospitales públicos como La Fe.