Muchos contratos de Imelsa se daban desde la Diputación a dedo o en concursos amañados

VALENCIA. La empresa pública Impulso Económico y Local (Imelsa) fue durante los años en que fue gerente Marcos Benavent un instrumento de determinados altos cargos de la Diputación de Valencia, de la que dependía, para adjudicar contratos a sociedades vinculadas a un grupo reducido de personas a dedo y en muchos casos saltándose los procedimientos legales.

Así se desprende de la auditoría de contratación de Imelsa de los años 2008 a 2014 realizada por la empresa Grant Thornton e incorporada al sumario del caso Imelsa, cuyo secreto levantó el pasado jueves el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Según el informe, estos miembros de la Diputación Provincial, especialmente el consejero de Deportes, Miguel Bailach, quien llegó a firmar contratos de patrocinio de Imelsa, el informe de necesidad, las facturas emitidas por el proveedor en las que da su conformidad con el servicio prestado y la confirmación de que el precio facturado se adecuaba a un precio de mercado.

Todo lo hacía desde su despacho de la Diputación, a través de Pilar Vives, quien sí era empleada de Imelsa pero desempeñaba su labor en la sede de la Diputación, "al parecer dependiendo del Sr. Bailach", según los auditores.

¿Y cuál era el papel de Marcos Benavent, responsable de la gestión de Imelsa? Pues según Grant Thornton, "pese a la forma en la que se produce todo el proceso de contratación de estos proveedores", estas contrataciones no podrían haberse realizado "sin la autorización del Sr. Benavent en cuanto al pago de los mismos se refiere".

El 46% de la facturación, en pocas manos

En el trabajo de corporate intelligence los auditores explican que en ese período les "ha sido posible identificar vinculaciones entre distintos proveedores de Imelsa, bien a través de la coincidencia de los miembros de sus respectivos consejos de administración o bien a través de la participación en el el capital de estas sociedades".

Deusa recalca la necesidad de reunir a los miembros de la mesa de contratación con carácter previo para que se alineen con los objetivos del Presidente

Estos proveedores acumularon entre 2008 y 2014 el 46,36% del total de fondos pagados por facturas de más de 10.000 euros, que son las analizadas en el estudio. La conclusión para los autores del trabajo es que "existe un volumen muy importante de fondos de Imelsa que tienen como destino final a sociedades vinculadas a un grupo reducido de personas".

Los expertos dejan ahí las conclusiones y apuntan a circunstancias "que podrían derivar en algún tipo de conducta irregular", circunstancias que deberán completarse con una investigación en la Diputación de Valencia "a las personas que aparecen vinculadas con estos proveedores y contrataciones".

Los beneficiarios

En cuanto a los proveedores sobre los que los auditores sospechan, los dividen en tres grupos. El primero, los "relacionados directamente con la promoción y organización de eventos o actividades deportivas y proveedores relacionados con medios de comunicación".

Por ejemplo, los del patrocinio de la marca Valencia, Terra i Mar, una parte del cual se concentra en empresas radicadas en Masamagrell -del que Miguel Bailach era alcalde-, Xàtiva -el alcalde era Alfonso Rus, presidente de la Diputación- y Benigànim, municipio natal de Benavent.

Según el informe, estos contratos se gestaban en la Diputación, "más concretamente por parte del consejero de Deportes, Miguel Ángel Bailach, a pesar de que el contratante del patrocinio es Imelsa". Añaden los autores que desconocen "los criterios bajo los cuales los precios que figuran en las facturas se encuentran bajo el marco de precio de mercado" y entienden que "debería existir" en el proceso de contratación determinada segregación de funciones para que quien firme la contratación no sea la misma persona que valida las facturas.

En resumen, "este tipo de contrataciones no salen del perímetro de actuación del Sr. Bailach, ya que nadie o ninguna área ajena al mismo interviene".

Entre los proveedores, destaca la empresa Ekme Iniciativas, cuyo administrador es José Sanicobaldo, que fue teniente de alcalde de Masamagrell cuando Bailach era alcalde, o Anuario del Deporte Valenciano, que según sospechan los administradores por los correos electrónicos analizados, percibió 60.000 euros en 2014, cuando la cantidad máxima que permite la Ley de Contratos del Sector Público sin publicidad es de 50.000 euros.

Alineados con el presidente Rus

El siguiente grupo de empresas es el de proveedores relacionados con la gestión tributaria, catastral y actividades informáticas de apoyo, donde los auditores perciben irregularidades en la "centralización de las personas firmantes de los Informes de Necesidad", personas que "en un alto porcentaje proceden de la Diputación de Valencia a pesar de que la empresa contratante es Imelsa".

Entre ellos, destaca a Salvador Deusa, Ricardo Marí y José Benedito, los tres de la Diputación, junto a otras tres personas de Imelsa. Los contratos en esta área sumaron 3,47 millones de euros en el período analizado. 

Lo que más escandaliza a los auditores es que es Salvador Deusa quien, a través de un correo electrónico, da indicaciones de quiénes tienen que formar la mesa de contratación, recalca "la necesidad de reunir a los miembros de la mesa con carácter previo para que éstos se alineen con los objetivos del Presidente" y recuerda que el proyecto "viene impulsado desde la Presidencia de la Diputación".

"Lo anteriormente expuesto no puede considerarse como un hecho aislado o carente de fundamento", afirman los autores de la auditoría. Y ponen ejemplos, como los correos en los que Deusa comenta haber recibido presiones de forma insistente para puntuar mejor a una determinada empresa en el concurso de Call Center, Servimun. Este contrato es objeto de una de las piezas separadas del caso Imelsa.

Otros proveedores

El tercer grupo de proveedores que analizó Grant Thornton es el de aquellos que no pertenecen a las dos categorías anteriores, donde se aprecian "situaciones análogas", como el hecho de que la misma persona que en representación de Imelsa firma el contrato con el proveedor firma también las facturas.

O las puertas giratorias de Román Ceballos, consejero de Imelsa entre 2008 y 2010 que se marchó a KPMG Abogados, empresa que a partir de entonces se convirtió de forma ininterrumpida en proveedor de Imelsa. O la de Salvador Ros, responsable de Brigadas de Imelsa, cuyos vehículos repostan en Estación de Servicio Hermanos Ros, vinculada a su familia, encargándose el propio Ros de firmar el informe de necesidad de los servicios y de validar las facturas que emite la estación de servicio a la que está vinculado.