VALENCIA. El Ministerio de Hacienda rectifica. La eliminación para empresas y autónomos, a partir del 1 de enero de 2017, de la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago del IVA ha generado alarma y malestar en miles de compañías y autónomos que utilizaban esta posibilidad y en las asociaciones que las representan, hasta el punto de que el departamento que dirige Cristóbal Montoro valora introducir cambios en la medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó este martes la medida con un mensaje en Twitter que enlazaba con la información publicada por Valencia Plaza al respecto, de la que se había hecho eco el diputado de esta formación Vicente Ten. "No apoyaremos estas medidas", aseguraba Rivera. El Real Decreto Ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, por lo que el PP necesitará el voto a favor del PSOE.
Pero ha sido la reacción de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, organización con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido buena sintonía, la que ha movido a Montoro a negociar una modificación de la normativa que se publicó en el BOE el 3 de diciembre, con menos de un mes de antelación a su entrada en vigor. De hecho, la medida supone que en la declaración de enero, correspondiente al último trimestre del año, ya no se podrá solicitar aplazamiento o fraccionamiento del IVA recaudado.
La organización que dirige Lorenzo Amor está negociando con la Secretaría de Estado de Hacienda "una rectificación de lo que se ha aprobado", según fuentes de ATA, que no supieron precisar el alcance de la rectificación. "Estamos negociando con Hacienda mantener para los autónomos los aplazamientos de IVA. Tendremos buenas noticias en breve para los autónomos", anunció Amor este martes en un tuit.
En la Secretaría de Estado que encabeza José Enrique Fernández de Moya precisaron, a preguntas de Valencia Plaza, no aportaron ningún detalle sobre el alcance de la rectificación, por ejemplo, si beneficiará sólo a autónomos o también a empresas y si tendrá un límite económico o temporal.
El aplazamiento o fraccionamiento del pago del IVA es un instrumento que ha servido a miles de empresas y autónomos para lograr un respiro durante la larga crisis económica. El coste en intereses en 2016 es del 3,75%, sin necesidad de garantías si son menos de 30.000 euros.
Una orden ministerial aprobada hace sólo un año amplió ese límite de 18.000 a 30.000 euros y la Agencia Tributaria presumió entonces de ayudar a las pymes y autónomos, ya que, según sus datos, en los cuatro años anteriores había concedido aplazamientos "por un importe superior a los 30.800 millones de euros", y de ese total casi un 70% había supuesto "mayores facilidades de pago de deudas tributarias para el colectivo de pymes y autónomos".
De ahí que sorprenda que, sólo un año después, el Gobierno haya decidido retirar del todo estas facilidades de pago. Con ello logrará un aumento de recaudación el primer año, 2017, no por mayores ingresos sino por aquellos no aplazados, pero el efecto será nulo en los años siguientes. Además, las empresas que no logren liquidez para afrontar el pago a tiempo pagarán un recargo del 5%, en lugar del interés del 3,75% que abonan las que se acogen al aplazamiento.
La medida ha sido cuestionada por organizaciones empresariales y de autónomos como Cepyme-Alicante. La organización que preside Cristóbal Navarro manifestó este martes en un comunicado que la decisión del Gobierno puede condenar a muchas empresas. "Uniendo esta noticia a la constante falta de acceso a los mercados financieros de la demanda solvente empresarial de pymes, asistiremos a un estrangulamiento financiero que provocará la desaparición de muchos puestos de trabajo en casi todos los sectores productivos y de servicios", añadió.
Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), su presidente, Salvador Navarro, afirmó que "pese a que la realidad en cuanto al acceso a la financiación ha cambiado en estos últimos años, en aras de seguir apoyando la recuperación económica, la puesta en marcha de la medida debería haberse retrasado en el tiempo y no debería afectar a las empresas de más reducida dimensión".
La Agencia Tributaria no tiene datos separados de aplazamientos por tipo de impuestos. En el global de todos los tributos, el número de aplazamientos alcanzó su récord en 2013 con más de 2 millones, cifra que bajó en los dos años siguientes hasta 1,67 millones en 2015 (ver gráfico superior).
Respecto a la cuantía solicitada por años, el récord se alcanzó en 2012, con 17.595 millones de euros, cifra que ha ido en descenso hasta los 10.034 millones del año pasado, según datos de la Agencia Tributaria (ver gráfico inferior).