Cuando terminen las declaraciones el magistrado razonará ante el Alto Tribunal y éste enviará el suplicatorio al Senado
VALENCIA. La que fuera considerada alcaldesa de España, Rita Barberá, comenzará su particular viacrucis judicial en el mes de marzo. Ese es el mes que barajan el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y el fiscal para que, el primero, envíe al Tribunal Supremo la explicación razonada que acabaría con su imputación por el presunto blanqueo de capitales que a día de hoy mantiene imputados a todos los concejales y asesores -excepto los cuatro que no pagaron- de la anterior legislatura.
Como adelantó este miércoles en exclusiva Valencia Plaza, el juez y el fiscal del caso tiene ya bastante claro que Barberá debe dar explicaciones no solo ante la opinión pública, sino también ante un juez.
Según fuentes de la investigación, salvo cambios de agenda de última hora, el mes de las Fallas, el que la exalcaldesa bautizó como mes del caloret, será también el mes que pase a la posteridad como el momento en el que la que fuera una de las políticas más influyentes del Partido Popular sea imputada.
De esta forma, el pretendido blindaje del PP a Barberá que le ha costado al partido el enfado del PPCV no habría servido para nada más que para evitarle a la exalcaldesa el paseíllo por la Ciudad de la Justicia de Valencia.
En cuanto a los tiempos, una vez recibida la explicación razonada del magistrado de Valencia, el del Tribunal Supremo deberá escribir un suplicatorio a la Cámara Alta para poder proseguir adelante, pero éste deberá esperar a la respuesta del Senado que previamente habrá de seguir el trámite reglamentario de la cámara. Allí tiene mayoría absoluta el PP.
Según las mismas fuentes lo único que podría retrasar las fechas previstas serían los cambios de última hora en las declaraciones. Antes de mandar nada, tanto el magistrado instructor como el fiscal Anticorrupción quieren tener hechas todas las declaraciones y, obviamente, aclaradas todas las dudas dentro de esta pieza.
Pero además, el magistrado emitirá un auto en el que declare como pieza separada la trama de presunto blanqueo. Este movimiento es muy normal dentro de las macrocausas, ya que instruir un sumario de tal envergadura como una sola pieza es muy complicado.
Por el momento, y pese a haber sido investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la única persona que -además de los dos aforados, Barberá y el exconcejal Miquel Domínguez- no está imputada es la que fuera su jefa de gabinete, su hermana Asunción Barberá. Fuentes de toda solvencia aseveran que “su inclusión en el sumario se está retrasando porque ella no entra dentro del blanqueo sino en algo de mucha más envergadura”.
El titular del juzgado de Instrucción 18 ha citado a otras 19 personas como investigadas -término que sustituye al anterior de imputado- en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto delito de blanqueo de capitales. Entre los nuevos investigados, hay dos exconcejales del grupo municipal 'popular' en el consistorio -Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis- y varios asesores más.
El instructor mantiene la condición de investigados de los ediles que declararon este miércoles en la causa, que suma ya 80 imputados por presunto amaño de contratos en distintas administarciones públicas de la Comunitat, 56 de ellos por blanqueo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El juzgado ha fijado un nuevo calendario de declaraciones que incluye los días 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de febrero.
Este miércoles comparecieron ante el instructor nueve de los diez investigados citados: Maria Àngels Ramon-Llin, concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia; los exconcejales Silvestre Senent y Ana María Albert, y otros seis asesores del mismo grupo, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todos ellos mantienen la condición de imputados. Sólo uno de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar.