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Rafael Blasco consigue un permiso con el informe en contra de la Fiscalía

El exconseller no ha devuelto ni un euro del dinero que presuntamente fue defraudado al tercer mundo

11/11/2017 - 

VALÈNCIA. El exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, condenado a seis años de prisión por malversas las ayudas al tercer mundo, disfrutará de un permiso carcelario consistente en seis días fuera de la cárcel, tres días cada tres meses, pese a tener el informe en contra de la Fiscalía y del centro penitenciario. La fiscal de la sección de vigilancia penitenciaria ha informado en contra debido a que a Blasco le quedan causas pendientes, la gravedad de las penas y el hecho de no haber devuelto ni un solo euro del dinero público sustraído. Desde esta sección de la Fiscalía se ha mantenido siempre el criterio de no informar a favor cuando los presos por corrupción no han devuelto el dinero sustraído del erario.

Además de la fiscal, en contra del siete veces conseller también ha informado la junta de tratamiento del centro penitenciario de Picassent. Es por ello que la defensa de Blasco presentó una queja ante el magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Comunitat.

Los dos fiscales encargados de Vigilancia Penitenciaria han informado siempre en contra de los permisos de los condenados por corrupción que no han devuelto el dinero sustraído o, al menos, han realizado un gesto ‘real’ por devolver el dinero como hizo la exsecretaria general de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Tina Sanjuan, que consignó parte de su jubilación ante el Tribunal Supremo para reparar el agujero económico por el que fue condenada a seis años de prisión.

Tauroni 

El problema de los permisos surgieron a raíz del concedido al empresario Agusto César Tauroni, que venía avalado con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción pese a que sus compañeros de Vigilancia Penitenciaria se negaban a realizar ningún informe favorable al empresario. Finalmente, Anticorrupción informó sin el visto bueno de Vigilancia Penitenciaria, lo que supuso un enfado mayúsculo, y Tauroni salió de prisión.

Su salida provocó que el resto de defensas solicitaran permisos para sus clientes basándose en el trato recibido por Tauroni. Todos consiguieron el permiso excepto Blasco, al que le fue negado debido a que tenía seis meses más de condena que el resto, pero ahora, pasados ocho meses desde entonces, el magistrado le ha dejado salir. 

El auto del juez

El juez considera que no existe un riesgo relevante de quebrantamiento ni de comisión de un nuevo delito ni de que la salida repercuta negativamente en su programa de tratamiento, motivos por los que le otorga dos permisos de tres días cada uno. Los permisos los disfrutará el preso en las fechas que sean determinadas por el centro penitenciario.

El exconseller fue condenado a seis años y medio por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la primera pieza del conocido como caso Cooperación. En los dos años y cuatro meses que lleva preso de manera ininterrumpida, no ha disfrutado de ninguna salida.

Además de la pena ya cumplida, el juez también ha valorado para concederle los permisos el buen comportamiento del recluso, los elementos de apoyo socio-familiar fuera de la cárcel y su edad, 72 años.

Blasco tiene todavía otras causas judiciales pendientes. Se trata de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación sobre las que ya ha concluido la instrucción y se ha dictado un auto de procedimiento abreviado. Junto al exconseller hay otras 20 personas investigadas en estos procedimientos relativos a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y a la construcción de un hospital en Haití.

 En concreto, junto a Blasco se encuentran procesados la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán; el exdirector general José María Felip; el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

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