VALENCIA, (EP). La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este martes que no va a "marcar el ritmo del partido con las cuestiones procesales y judiciales" porque no es juez, al ser preguntada sobre qué ocurrirá si los nueve ediles investigados en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, pierden la condición de investigados durante el transcurso del procedimiento, dado que ahora se ha solicitado a Génova que se sancione a los concejales concretamente por desobedecer las órdenes del partido, y ha incidido: "Les pido un compromiso alcanzado, punto y final".
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts Valencianes, Bonig ha indicado que en ese escrito remitido al Comité Nacional de Derechos y Garantías se relatan los hechos y compromisos alcanzados con los nueve concejales de que dejarían el acta si se mantenía su condición de investigados tras levantarse el secreto de sumario, que fue público y se plasmó en una nota de prensa de los propios ediles, con lo que es un hecho "objetivo".
Así, ha indicado que desde el PPCV se solicita que, "visto que hay un compromiso de que dejen su acta, en caso contrario están contraviniendo las directrices" del partido. En todo caso, ha indicado que será el instructor del expediente abierto a los ediles el que decida. Bonig también ha avanzado que no hay un plazo para que Génova tome una decisión en relación a este escrito y ha recordado que las comparecencias de los concejales están produciéndose ya en Madrid.
El Comité de Derechos y Garantías del PPCV ha enviado un escrito a la dirección nacional en la que solicita que se sancione por una falta muy grave a los nueve concejales 'populares' del consistorio de Valencia que están investigados por blanqueo en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, al no haber cumplido el compromiso adquirido por escrito de dejar el acta en caso de que matuvieran la condición de imputados tras el levantamiento del secreto del sumario.
El presidente de este órgano, Alfredo Castelló, pide al instructor que el expediente informativo abierto por la dirección nacional pase a ser sancionador en virtud del artículo 13.1 de los estatutos del partido, que considera falta muy grave "la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos del gobierno y representación del partido así como grupos institucionales del mismo", según ha podido saber Europa Press.
El escrito enviado a 'Génova' relata que cuando se conoció la 'Operación Taula' los nueve ediles valencianos se comprometieron con la dirección del PPCV a dejar el acta voluntariamente si al levantarse el secreto de sumario del caso --lo que ocurrió el 14 de marzo-- se mantenía su imputación.
Sin embargo, los ediles se acogen al expediente informativo abierto en la dirección nacional para justificar no dejar el acta al considerar que es un órgano superior al de la Comunitat Valenciana y esperarán a su resolución.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP acordó el 16 de marzo la apertura formal de un expediente informativo a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá y a los concejales investigados en el marco del caso de presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Desde el pasado 28 de marzo los ediles están suspendidos cautelarmente de militancia, a petición propia, y están adscritos al grupo como independientes. De este modo, los concejales --y también los asesores en la misma situación-- están adscritos al grupo popular a efectos nominativos como independientes, sin estar sometidos a la disciplina del partido ni ser convocados a reuniones ni a actos de partido.
