Vista del puente de l'Assut de l'Or junto al Ágora de la Ciudad de las Artes y las CienciasVALENCIA. Unas pérdidas de 47 millones de euros que -según la auditoría externa- son realmente de 100. Estas son las cifras de la polémica que encierran las cuentas de Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa), una abultada discrepancia que tiene como protagonista la entrega al Ayuntamiento de Valencia del puente de l'Assut de l'Or -diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava-.
Según desgrana el informe elaborado por la firma auditora Auren, Cacsa contabilizaba la obra hasta la fecha en el epígrafe de 'construcciones' por valor de 62,9 millones de euros, al considerarla parte de su conjunto arquitectónico. La entrega de la infraestructura al consistorio, pese a que lleva abierta al público desde 2009, no se produjo hasta el pasado mes de abril de 2016.
Precisamente el modo en el que la empresa pública se anota esta cesión es el motivo de conflicto. La sociedad se ha limitado a darla de baja como activo inmovilizado -con cargo a reservas- por un valor de 57,07 millones de euros, además de dar de baja los 3,25 millones de euros en concepto de subvenciones por la cofinanciación de la obra del puente.
El auditor, por contra, considera que "la baja del inmobilizado y de las subvenciones asociadas debería haber sido contabilizada en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio". En consecuencia -restando la subvención al valor del activo- "las pérdidas del ejercicio y las reservas se muestran en defecto por importe de 53.820 miles de euros", de modo que las pérdidas de Cacsa de 2015 -siempre según la firma auditora- deberían haber sido de algo más de 100 millones de euros.
Las cuentas de Cacsa de 2015 también revelan el último minuto de la pugna judicial con Parques Reunidos, el anterior gestor del Oceanogràfic. Tras una demanda interpuesta por la compañía -por valor de 8,2 millones de euros ante el impago de 9 millones- Cacsa replicó por partida doble: por un lado solicitó una indemnización de 6,8 millones aludiendo al incumplimiento de obligaciones de mantenimiento y conservación y, por otro, pidió una indemnización de 33,5 millones por no incorporar orcas al Oceanogràfic.
Por lo que respecta a las pretensiones de Cacsa, el juzgado de primera instancia número 21 de Valencia ha solicitado un informe de perito judicial "para valorar el estado de las instalaciones del Oceanogràfic", un trabajo que ya está siendo elaborado, según recogen las últimas cuentas.
