VALENCIA. Catorce uniones temporales de empresas (UTE) en las que están prácticamente todas las firmas de transporte de la Comunitat Valenciana, se han presentado al concurso de transporte escolar convocado por la Conselleria de Educación, que está dividido en un total de 24 lotes, seis en la provincia de Valencia, 12 en Alicante y seis en Castellón. El concurso está valorado en 161 millones de euros en tres años.
Entre las ofertas destacan dos grandes grupos, la UTE Valencia 16, que agrupa a 16 empresas capitaneadas por el grupo Transvia, y la UTE Castellón Escolar 2016, que reúne a casi todas las empresas que operan en esa provincia.
UTE Valencia 16 es la única que opta a los seis lotes de la provincia de Valencia. A cuatro de ellos concurre en solitario mientras en los lotes 1 y 3 competirá con Compromiso UTE Valtrans, en la que está Autocares Capaz. Al lote 3 de Valencia opta también la UTE Viajes Massabus-Autocares Mundobus-Turismo, Ocio y Rutas Tor-Aurebus.
UTE Castellón Escolar 2016 opta a los seis lotes de la provincia, a los que no se presenta ninguna otra empresa salvo en uno, el 5, al que opta la UTE que encabeza Viajes Massabus. Este grupo, que también opta al lote 3 de Valencia, es el único que debe subsanar una deficiencia en su oferta si quiere seguir adelante.
En la provincia de Alicante es donde habrá más disputa. La UTE que opta a más lotes -del 1 al 4 y del 8 al 12- es la formada por Ángel Mariano Mollà y otros. En los lotes 1 a 3 es la única oferta.
Para los lotes 5 y 6 sólo hay una oferta en cada uno, lideradas por Autobuses Dénia y Autobuses Ifach, respectivamente. Para el 7 hay dos ofertas, encabezadas por Grup Benidorm y Llorente Bus.
Pedro Valdés e Hijos se presentan con distintos socios para los lotes 9, 11 y 12. La única empresa que no va en UTE, Travelpym, opta a los lotes 4, 8 y 12 de Alicante, mientras que la UTE Mar Menor, formada por 11 empresas, se ha presentado a los lotes 4 y 8.
A finales del curso pasado, la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del Partido Popular. Era la primera vez que se optaba por un lote para cada provincia de la Comunitat, lo que no convencía a la oposición por la necesidad de concentrar numerosas empresas que acababan siendo lideradas por una mucho más grande.
De hecho, el problema fue que tan solo se presentó una Unión Temporal de Empresas (UTE) para cada lote, pero no cumplían todos los requisitos, lo que hizo que quedaran desiertos y la propuesta se hizo inviable.
Viendo que era necesario mantener el transporte escolar, prorrogaron la licitación que se había iniciado en 2006. Ahora, se vuelve a la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada provincia, lo que ha generado un total de 24 para toda la Comunitat Valenciana. Concretamente seis para Valencia, seis para Castellón y 12 para Alicante.
¿Y por qué el doble para esta última? Según explican desde Educación, se han convocado los concursos con esa distribución por necesidades reales de complejidad en la comunicación por carretera en las diferentes comarcas valencianas. La cuestión es que en Alicante, cada empresa o UTE que se presente al lote, no puede asumir tantas rutas como el resto de provincias al estar las poblaciones mucho más separadas entre sí.
Las empresas adjudicatarias prestarán el servicio entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2019. El presupuesto base de licitación será de 161 millones de euros, mientras que la anterior estaba valorada en 328 millones.
También se está estudiando la posibilidad de que el nuevo contrato permita la modificación de rutas en caso de que sea posible compatibilizar el transporte regular de viajeros con el transporte escolar, mediante futuras colaboraciones que contribuyan a mejorar el transporte en zonas rurales.
Los nuevos pliegos incluían como principal novedad criterios sociales, que se tendrán en cuenta en el caso de que existan varias propuestas con la misma puntuación. Estos criterios están basados en la seguridad jurídica, riesgo de exclusión, territorialidad, así como la valoración de la tipología empresarial basada en la economía social y solidaria. Además, también se contempla como otro criterio que las empresas tengan contratadas a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género como instrumento para facilitar su inserción laboral.
