Climent recupera la red comercial de la Comunitat en el extranjero

VALENCIA. La Generalitat volverá a enviar a sus funcionarios al exterior para apoyar in situ la internacionalización de las empresas valencianas. Cuando todavía no ha culminado el desmontaje de la extensa y costosa red de oficinas y delegados comerciales por el mundo -la Comunitat aún cuenta con tres de las 35 sucursales que llegó a tener repartidas por los cinco continentes-, el Conseller de Economía, Rafa Climent, anunció este miércoles que la Generalitat recuperará su presencia en el exterior.

En su primera comparecencia como titular de Economía en Les Corts, donde acudió a exponer sus objetivos básicos de legislatura, Climent se fijó como objetivo el impulso de un nuevo modelo económico "con cara y ojos" con la sostenibilidad económica, social y mediambiental como ejes y avanzó algunas medidas concretas como una nueva Ley de Comercio Sostenible o el impulso de la red comercial en el exterior. 

En concreto, Climent anunció el rediseño de la Red de Apoyo de 35 delegaciones en todo el mundo y la puesta en marcha de una red internacional de expertos en captación de inversión extranjera que se sumará al Comité de Inversión Extranjera. Además, se sacarán 300 becas para formación de jóvenes en el exterior.

Tras destacar la importancia de las exportaciones para la economía de la Comunitat, el conseller de Economía lamentó que el anterior Consell del PP desmantelase la red de oficinas propias en el extranjero. Como ejemplo, recordó que de las 28 sucursales y personal propio que en 2011 todavía tenía en países como Brasil, Rusia o EE UU actualmente solo quedan tres.

El proceso es el resultado de la desaparición del antiguo Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y su integración dentro del Ivace, ente que actualmente depende de la Conselleria de Economía, que ejerce estas competencias a través del Ivace financiación. Impelido por la urgencia de recortar gastos para cumplir con el objetivo del déficit, el Consell de Alberto Fabra se decidió a poner coto a esta controvertida estructura, cuestionada desde hacía tiempo por su dudosa efectividad y alto coste, durante la última etapa de Enrique Verdeguer como conseller de Economía.  

Las primeras oficinas se cerraron en 2011. Eran las de Toronto, Beijing, La Habana, Buenos Aires, Tokio y Los Ángeles. Al año siguiente fueron clausuradas otras seis (Praga, Bucarest, Florida, Chicago, Estambul y Guangzhou) con un ahorro estimado de 600.000 euros. En paralelo, se anunció un acuerdo con el Icex para integrar a los funcionarios del Ivex en sus dependencias con el fin de ahorrase el alquiler de los locales. y compartir gastos.

En la actualidad solo permanecen abiertas las oficinas de Moscú, Marruecos y Shangai. El año pasado fueron cerradas las de Nueva Delhi y México. Por esta última, la Generalitat llegó a pagar más de 300.000 euros anuales en concepto de alquiler, tal y como recoge la memoria que acompaña a los resultados del Ivace del año pasado, que acaban de ser publicados pero sin informe de auditoría.

Fuentes de la Conselleria de Economía lamentaron que, mientras otras comunidades autónomas incrementaban sus sedes en el extranjero, el anterior Consell del PP se dedicó a desmantelarlas. A ello añaden que el acuerdo anunciado en 2013 para situar a su personal en las dependencias del Icex no se ha aplicado, por lo que el actual Consell suscribió un nuevo pacto con este ente dependiente del Ministerio de Economía hace aproximadamente un mes.

El propósito de este acuerdo, firmado por la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, es ubicar a los funcionarios de la Generalitat en la red exterior del Icex. Ahí es donde se enmarca el acuerdo anunciado este miércoles por el conseller Climent, ya que por el momento no está previsto volver a contar con sedes propias, aseguraron las fuentes. 

Al margen de la renuncia a contar con sedes en el extranjero debido a su elevado coste, el exconseller de Economía, Máximo Buch, sacó a concurso público en mayo del año pasado trece puestos de delegado comercial en el exterior para un periodo de dos años.

El cierre de oficinas y la subcontratación de los servicios reportó, según Buch, un ahorro para las arcas autonómicas del 80% en comparación con el coste que tenía contar con oficinas propias y funcionarios desplegados en el extranjero. El ahorro anual se estimó en 3 millones de euros al pasar de 4,5 millones a 900.000 euros.