Compromís exige que los Presupuestos Generales del Estado recojan el 11% de inversión para la Comunitat

VALÈNCIA, (EP). Compromís ha exigido este viernes que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) recojan el 11% de las inversiones para la Comunitat Valenciana que le corresponde de acuerdo con su peso poblacional, así como que se permita a los Ayuntamientos dedicar su superávit a inversiones sociales porque el Gobierno de Rajoy está sometiendo a los servicios públicos de los municipios a "una tortura y una muerte lenta".

Así, lo han señalado este viernes en una rueda de prensa conjunta el portavoz de Compromís al Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, el vicepresidente de la FVMP, Quico Fernández, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, y el portavoz en la institución provincial, Xavier Rius.

Al respecto, Baldoví ha considerado "una grandísima idea" la propuesta del presidente de las Corts, Enric Morera, de buscar un pacto entre los 33 diputados valencianos en Madrid para no apoyar los PGE si no contemplan un 11% de las inversiones después de "años de maltratos a los valencianos" en las cuentas generales.

Del mismo modo, ha reprochado que el Estado se reserve en la Ley Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el mayor nivel de déficit cuando son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos quienes prestan los servicios a los ciudadanos. "Es una incongruencia", ha constatado.

De hecho, ha apuntado que los Ayuntamientos tienen una bolsa de 18.000 millones de depósitos "estériles" que se deben sumar a los 5.000 millones de superávit que esta ley "les impide invertir para mejorar la vida de sus ciudadanos". "Es de juzgado de guardia", ha lamentado.

Por ello, exige que en los próximos PGE recojan la prórroga de la disposición adicional sexta de la Ley sobre las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. No obstante, ha cuestionado el carácter social de las próximas cuentas tras el compromiso en EEUU de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de aumentar el gasto militar.

Asimismo, ha advertido de que en la financiación autonómica Compromís tiene "mucho que decir y poco callar" porque el nuevo sistema debe ser "ya no generoso, sino justo" y al respecto ha recordado que presentó más enmiendas que todos los diputados valencianos del PP y PSOE juntos.

El portavoz en la institución provincial, Xavier Rius, ha recalcado que la situación es "inaguantable" y que se debe pegar "un puñetazo encima de la mesa" y ha criticado al resto de formaciones que se muestran de acuerdo con estas exigencias pero que cuando "toca apretar un botón no lo hacen".

Rius ha recordado que la Comunitat Valenciana dispone de 44,76 empleados públicos por cada 1.000 habitante frente a los 80 de Extremadura y pese a ellos ha soportado el segundo mayor descenso de empleados públicos por la tasa de reposición, lo que la deja como la segunda a la cola. En total, en cinco años, debido a la tasa de reposición, se han perdido 227.685 los empleados públicos en el conjunto de las Administraciones y un 17% de media en las Administraciones locales.

En ese sentido, ha advertido de que si no se elimina esta cláusula y continúa el ritmo de jubilaciones en 5 años el 25% de los Ayuntamientos tendrá que "bajar la persiana a no ser que se quieran privatizar todos los servicios, incluso la Policía, como sucede en EEUU".

Del mismo modo, el vicepresidente de la FVMP, Quico Fernández, ha reprochado que el Gobierno de España ha "atrapado" a los Ayuntamientos, cuando el 90% de los consistorios tienen superávit, y que la "perversa" Ley de estabilidad tienen "efectos devastadores". "Una dieta está muy bien pero si se aplica a una persona desnutrida puede acabar matándola", ha advertido.

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha explicado que esta Ley se aprobó en un escenario "muy diferente" del actual ya en 2012 "la deuda estaba totalmente descontrolada" y había una crisis global mundial. Sin embargo, ha señalado que ahora "no se puede seguir penalizando a las personas" al "obligar a los Ayuntamientos a pagar antes a los bancos que a servicios sociales".

Por último, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, ha exigido reclamar "todos a una voz" que "no se vuelva a olvidar a los valencianos". "Se nos tienen que dar las inversiones que nos corresponden por el número de habitantes", ha apostillado.