Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. La declaración más esperada del juicio por la financiación irregular del PPCV entre los años 2007 y 2008 era la de Ricardo Costa, ex secretario general de los populares valencianos. A las once de la mañana de este miércoles el que fuera número dos del Partido Popular se sentaba ante el magistrado y le hacía un traje de los épicos al expresidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, al acusarle de ser el cerebro del ‘dopaje’ electoral.
Una declaración en la que el antiguo mirlo blanco del PPCV mostraba dos caras absolutamente antagónicas. Por un lado salió el confeso arrepentido, el político que asume culpas y pide perdón a los españoles y los valencianos. Por otro, el vengativo. El personaje que para salvarse de la falsedad documental por la que la Fiscalía Anticorrupción le pide cuatro años de cárcel no duda en disparar hacia arriba para tratar de limpiarse las responsabilidades o el que, cual Miura, le da un rejonazo al PP nacional acusando a los senadores Adela Pedrosa y Alberto Fabra de haberse beneficiado del pago de actos electorales en B y de ser conocedores de los ‘dopajes’ valencianos.
Costa asume el delito electoral. Asegura que lo sabía y no lo denunció. Pero al mismo tiempo se quita cualquier tipo de responsabilidad sobre cómo se hacía. Explica que "era un sistema preestablecido de antes. Cristina Ibáñez (gerente) me dice que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos le hacía entregas de dinero que ingresaba en diferentes sucursales del banco con límite máximo de 3.000 euros. Nos lo cuenta a Adela Pedrosa y a mí".
Y prosiguió así su relato: "En 2006 Campos me lleva a su despacho y me muestra sobres donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino”.
El que fuera número dos de los populares valencianos tuvo para todos, incluso para el PP nacional. Contando sin contar, fiel a su estilo sibilino explicó que, como él estaba en contra de que fueran los empresarios los que abonaran la campaña, decidió elevar consulta a Génova. Viajó hasta Madrid, fue a Génova 13 y subió al sexto piso donde se reunió con otro de los puntales de las corruptelas populares, el entonces tesorero nacional, Luis Bárcenas, siempre según su relato.
Costa le echó un flotador al PP de Rajoy con una mano mientras lo hundía con la otra. Asegura que Bárcenas le dijo: "Eso es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2", pero se quedó ahí. No explicó qué hicieron desde Génova tras saber que Camps quería ‘dopar’ al partido. Dejó así una pelota explosiva en el tejado a los populares, pues según su relato, en Madrid sabía de la intención de delinquir que tenía la cúpula valenciana pero no hicieron nada.
Pero si hubo alguien que ha sido el centro de los ataques de Ricardo Costa fue su antiguo jefe, el expresidente del PPCV y de la Generalitat Francisco Camps, al que calificó de personas "muy especial".
Sin contemplaciones a la hora de verter acusaciones contra Camps, comenzó diciendo: "es un encargo de Camps cobrar con facturas falsas", dejando así la responsabilidad de la falsedad documental en manos del expresidente. "Las decisiones más importantes las tomaba el presidente del PP, el señor Camps. Es cierto que las elecciones se pagaron con dinero negro", afirmó, y añadió que le pidió al vicepresidente Víctor Campos que le dijera a Camps que Génova no aceptaba su idea de ‘dopar’ al partido vía empresarios.
Otra historia fue la guerra abierta entre el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y Ricardo Costa. Hasta la jornada de este miércoles la falta de feeling entre ambos era más que evidente, pero la comparecencia de Costa ha supuesto una declaración de guerra formal entre ambos expolíticos.
Ante las acusaciones de Costa, que relató: "llamo a Álvaro Pérez y lo cito, él viene con Pablo Crespo. En esa reunión le trasladé que en 2006 se me trasladó que estaban pensando financiar actos a través de facturas falsas a empresarios y que yo me opuse. Le cuento y le narro todas mis conversaciones sobre esta cuestión y que el partido no tiene capacidad para liquidar la deuda, y que si quieren cobrar tienen que hablar con Rambla. Rambla me llamó y me dijo que había hablado con Álvaro Pérez y que tenía que emitir dos facturas a dos empresas y que teníamos que recoger dinero en efectivo".
Y apostilló: "Acepté ir a recoger el dinero o mandar a gente. Se recogieron 150.000 Rover Alcisa, 15.000 Secopsa y 350.000 a Enrique Ortíz. Lo supe, no lo impedí y omití denunciarlo. Ese dinero se entregó y se contó por la gerente y yo personalmente se lo di a Crespo en la sede y le entregué el dinero en mano. Con eso queda saldada la deuda en las autonómicas".
Sin embargo, la visión de Rambla de lo sucedido es totalmente diferente. El exvicepresidente se desvinculó de cualquier responsabilidad económica en la campaña aseverando con vehemencia: "¿Si yo hubiese hechos los pagos hubiese salido esta chapuza de campaña que estamos viendo?"
Aunque en ningún momento negó la financiación irregular, pues de haber hecho estaría admitiendo que la conocía, toda su declaración se basó en su falta de mando en plaza en materia económica. Así, cuando la fiscal Myriam Segura le preguntó si conocía la instrucción dada a la trama Gürtel para que facturasen los servicios prestados en los actos de campaña a empresarios, contestó que "rotundamente no", a pesar a ser el director de la campaña.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell