González retrasará la asamblea de Cierval si ve riesgo de que le tumben el presupuesto

VALENCIA. Entre las cualidades que sus colegas le suelen reconocer al veterano José Vicente González destaca la capacidad para administrar los tiempos y, en particular, su habilidad para maniobrar en el corto plazo. Todo apunta a que el presidente de Cierval volverá a exhibir estas cualidades con el retraso de la próxima asamblea de la organización, una cita crucial porque en ella se debe aprobar la reforma estatutaria que definirá su futuro.

La patronal autonómica afronta la asamblea de este año con un escenario muy complicado. Dos de sus tres entidades fundadoras, la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y su homóloga de Alicante (Coepa) están radicalmente en contra del plan de González para ampliar la base de asociativa de Cierval a costa de las patronales provinciales, un proyecto para el que el presidente de la autonómica si cuenta con el respaldo de la Confederación Empresarial de Valencia (CEV).

A esa división interna se une, además, una delicada situación financiera motivada precisamente por las cuotas que le deben Coepa y la CEC y también las subvenciones que Cierval ha tenido que reembolsar a la Generalitat por reclamaciones contra la patronal de Castellón. Una situación que ha obligado a Cierval a tener que dotar elevadas provisiones que, en principio, no le obligarán a tener que acogerse al preconcurso de acreedores.

Pese a esa situación a priori de debilidad -al caso de la CEC hay que añadir también la investigación judicial a la cúpula por fraude-, los dirigentes de las organizaciones empresariales de Alicante y Castellón están dispuestas a torpedear cualquier iniciativa que surja desde Valencia.

Así se puso de manifiesto en la última reunión del comité ejecutivo de Cierval, órgano en el que están presentes los tres presidentes de las patronales provinciales y en la que se analizó la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio así como un avance del de 2016. En la previsión de ingresos, Cierval ha incluido casi 240.000 euros de ingresos por cuotas de las entidades fundadoras.

Los representantes de la Coepa, que ya debe cerca de medio millón de euros por las cuotas de años anteriores, y los de la CEC se opusieron a esa previsión, mientras que José Vicente González y Salvador Navarro, presidente de la CEV, abogaron por mantener esa previsión de ingresos.

Uno de los motivos esenciales por los que Cierval es ampliar el abanico de asociados para aumentar las ingresos de cuotas, ya que dos de sus tres pilares actuales no pueden sostenerla. La intención es que las federaciones sectoriales tan potentes como la benidormí Hosbec o la castellonense Ascer puedan asociarse y pagar directamente sus cuotas a Cierval. De ahí que Cierval confíe en compensar la pérdida de las cuotas de las patronales provinciales con los de las grandes sectoriales.

El peligro para el presidente de Cierval es que la CEC y Coepa puedan hacer valer su mayoría en la asamblea de Cierval -entre las dos suman casi un 59% de los vocales de la asamblea- para tumbar las cuentas de 2015 y los presupuestos de 2016 y evidenciar así su rechazo a las intenciones de González.

En el caso de la reforma de los estatutos, la situación es aún más complicada, ya que según fijan los estatutos actuales el acuerdo de modificación debe contar con el respaldo de tres cuartas partes de los componentes de la asamblea general. La representación en ese órgano se reparte entre un 26,33% de vocales nombrados a propuesta de la CEC, un 32,33% a propuesta de Coepa y un 41,33% a propuesta de CEV.

Varios meses por delante

El propio González se fijó como objetivo semanas atrás someter a votación la propuesta de reforma de los estatutos en la asamblea ordinaria de la organización, que tradicionalmente se celebra en el mes de julio. Sin embargo, con el panorama actual, el entorno de González da por hecho que el presidente de Cierval no convocará la asamblea para esa la fecha inicialmente prevista si existe el riesgo de que le tumben las cuentas y el presupuesto.

De hecho, los estatutos actuales únicamente fijan la obligación de celebrar al menos una asamblea general cada año que debe ser convocada por la junta directiva con al menos quince días de antelación. Solamente la CEV podría forzar la convocatoria al controlar más de un tercio de los vocales, el mínimo necesario para instar la convocatoria.

El retraso de la convocatoria sería coherente, además, con las enormes incertidumbres que atraviesan tanto la CEC como Coepa, algunas de las cuales deberían ir despejándose en las próximas semanas.

La cúpula de la organización castellonense está imputada desde hace casi un año en un juzgado de Nules por su presunta implicación en un delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad documental. En la macrocausa, declarada compleja, hay diez investigados, entre ellos el presidente, José Roca, y el secretario general, Rafael Montero. La Generalitat está personada como acusación.

La situación ha desencadenado una serie de deserciones en el núcleo duro de la patronal por discrepancias con el presidente y el secretario general. Hace unos días renunció uno de los vicepresidentes, precisamente el representante de Ascer, y esta misma semana lo ha hecho el tesorero.

José Roca está estudiando la posibilidad de presentar una moción de confianza ante la asamblea general de la entidad ya que lleva varias semanas tratando de sacar adelante sin éxito un plan de viabilidad sobre el que los consejeros críticos ya han pedido diversas aclaraciones que, a juzgar por el resultado, no han sido satisfactorias. Ese plan, encargado a un asesor externo, contempla obtener una mayoría de ingresos privados en 2020 frente a la abrumadora dependencia de las subvenciones actual.

La situación de Coepa es también muy compleja, pero por razones distintas. La confederación entró en concurso de acreedores en marzo por una deuda de 3,9 millones de euros con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El administrador concursal de Coepa presentó su informe en el juzgado el viernes de la semana pasada y en él ha incluido una tasación del centro de formación de la patronal de 4,3 millones de euros.

Este es el clavo ardiendo al que se agarra la organización, que presiona para que el IVF acepte la dación en pago de ese inmueble para librarse de la deuda, pero el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda no está por la labor debido a que el edificio a sido tasado según su valor de mercado.

Pero existen otras circunstancias que pueden complicar la supervivencia de Coepa. Tal y como adelantó Valencia Plaza, la Intervención de la Generalitat estudia si procede denunciar a la patronal de Alicante en la fiscalía por fraude en subvenciones, ya que la organización podría haber usado facturas duplicadas de las obras de su centro de formación para justificar créditos públicos y subvenciones recibidas. Las sospechas fueron trasladadas a la Intervención tanto por el IVF como por el Servef.

A ello se une, además, un requerimiento de 1,9 millones por ayudas recibidas del Servef por haber incumplido los requisitos para beneficiarse de las mismas. La patronal ha alegado y está pendiente de que la administración resuelva, pero si desestima el recurso su deuda puede incrementarse hasta el punto de abocarla a la quiebra inmediata.

Así las cosas, y teniendo en cuenta la actitud que tanto Coepa como la CEC ha adoptado contra los planes de Cierval, es altamente probable que el presidente de la patronal autonómica opte por posponer la asamblea unos meses para evitar el riesgo de veto a sus presupuestos y, al mismo tiempo, comprobar si las dos organizaciones son capaces de superar sus graves problemas.