De la Ignorancia, la Deslealtad y la Especulación

En este artículo no les voy a hablar de economía, que algo también, sino de una distracción que sirve como cortina de humo ante tanta impericia financiera de nuestros políticos, tanto de antaño como de hogaño; esto es, la creación del Derecho Civil Valenciano al que se han sumado variados sectores y personalidades, algunos de ellos cercanos a mí, y por eso advertirán el sobreesfuerzo de escribir estas líneas.

Como estamos en época de recapitulación (fin de año) es el momento de recordar que en el 2016, nuestro (mal que les pese a algunos) Tribunal Constitucional ha dictado tres Sentencias de inconstitucionalidad contra la creación de normas Forales Valencianas, y en concreto contra la Ley de Régimen económico matrimonial valenciano, contra la Ley de Uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana y la Ley de custodia compartida, con idénticos y claros argumentos, basados todos ellos en la literalidad de nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra Constitución.

¿Y cuáles son esos argumentos? Pues tan sencillos como que en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española se establece que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan". Y de igual forma en nuestro Estatuto del 2006, en su artículo 49.1 se puede leer que "la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano". 

Es decir, no se puede inventar un nuevo Derecho Civil valenciano que no existe, se podrá conservar, desarrollar o modificar pero no crear. Además, en otras partes del articulado deja muy claro su límite, nuestra Constitución, pues en el art. 7.1 dispone que "procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución", y en la Disposición Transitoria Tercera establece que "la competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat... al amparo de la Constitución Española.

Por eso el título De la Ignorancia (por no usar una palabra más gruesa) ante lo que disponen nuestras máximas normas, la Constitución y el Estatuto, pues otra de las posibles opciones es que el intento de inventar unos nuevos Fueros Civiles Valencianos corresponda a un arranque de Deslealtad constitucional y deriva (consciente o inconsciente) contra la unidad de España, como así han hecho nuestros vecinos del norte que ya se vanaglorian de poder ser casi independientes en lo tocante al derecho civil con la próxima aprobación del Llibre sisé del Codi Civil de Catalunya, como podemos ver en algunos titulares de la prensa, por ejemplo del 25/11/2016 en La Vanguardia. 

Este deseo de inventar un Código Civil Valenciano (¡cuánto complejo hay, señor!) no es de ahora. También proviene de legislaturas anteriores, pues parece ser que no sólo heredamos una intensa agenda judicial, recogida muchas veces en primicia por este diario, Valencia Plaza, sino también un intento de corromper (en su primera acepción del Diccionario de la RAE: Alterar y trastocar la forma de algo) nuestro espacio Jurídico-Político desde una perspectiva civil, separándonos del Derecho Civil Común español.

Esta pretendida ruptura con las normas civiles comunes al conjunto de España para retornar a nuestros Fueros parte del intento de restituir lo que derogó Felipe V hace más de 300 años. Esta abolición contenía un doble aspecto, normas de derecho público por un lado y de derecho civil por otro.

En primer lugar, la derogación de la organización y funcionamiento de las instituciones públicas forales valencianas para uniformarlas respecto al resto de las estructuras políticas de la Monarquía Hispana supuso su modernización, contribuyendo a que Valencia alcanzase durante el siglo XVIII, como ha puesto en valor UNESCO-Ruta de la Seda, la capitalidad internacional de tan preciado tejido. Aunque el Estado de las Autonomías ha derogado en la práctica los Decretos de Nueva Planta en este ámbito y en su mayor parte, y reconoce capacidad autoorganizativa a las autonomías, y además en nuestro estatuto en su artículo 7 se dispone la "recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia (...) en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia, y siempre en el marco de la Constitución Española".

Respecto a la derogación del derecho civil, transcribiré citas del Decano de la RACV Federico Martinez Roda, nada sospechoso de ser centralista, de su trabajo El Derecho Común y la Supresión de los Fueros de Valencia, publicado en 2014 en la Revista de Estudios Políticos. En el trabajo analiza como no aparecieron excesivos problemas con la derogación de los Fueros y así "muy pocos sintieron la necesidad de volver al ordenamiento foral valenciano". De hecho Felipe V quiso restituirnos los fueros civiles (como explica el historiador-decano), durante la misma guerra en 1710, durante su visita a Valencia en 1719. "Luego vinieron cuatro ofertas más de restablecimiento del derecho foral civil por parte del Rey, en 1721, 1731, 1734 y 1739", y no se produjo la restitución, parece intuirse, por "intereses particulares" (las malditas y eternas disputas entre nosotros mismos), unido a que no "se hayan detectado distorsiones jurídicas o sociales" en aplicarse el Derecho Civil general español en el Reino de Valencia, porque tanto los Furs de Valencia como Las Partidas de Alfonso X (base del derecho castellano) estaban informados por el Ius Commune, por lo que habían "suficientes elementos «comunes» como para que su adaptación fuera tan rápida y completa".

Entonces, cómo puede ser que estando, por ejemplo, en un proceso de integración política como la UE, que es origen alrededor de tres cuartas partes de nuestro derecho privado (principalmente mercantil), en un mundo global, intenten incrementar las particularidades y localismos, inventar fronteras jurídico-civiles, fantaseando con crear normas para diferenciarnos del resto de España. Pues además de ignorancia y deslealtad sólo queda por añadir como causa los intereses particulares (otra vez) y espurios de diferentes grupos que intentan obtener algún tipo de beneficio mediante la especulación sobre esta cuestión, unos para incrementar la facturación de sus despachos (ya saben, cuantas más normas distintas existan más necesidad de profesionales para interpretarlas y aplicarlas), otros para justificar su labor parlamentaria o crear nuevos órganos/cargos administrativos que ocupar y designar, e incluso algunos se subirán a este carro para así obtener parte del pastel de las subvenciones para la recuperación y la divulgación del Derecho Foral Civil valenciano cuyas bases para la concesión se encuentran en la Orden 5/2016 de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Parece, según la citada orden, que el nuevo Consell pudiera seguir en esta cuestión por la misma senda que sus antecesores, al igual que el Ayuntamiento de Valencia apuesta por los eventos internacionales, Capital 2017 de la Alimentación, del Running mundial, de la Ruta de la Seda, de las Fallas Patrimonio de la Humanidad, e incluso su primera Teniente de Alcalde, Sandra Gomez, anuncia cientos de miles de plazas aéreas internacionales nuevas e incluso destaca la labor de su área deportiva por posicionar Valencia como referente de eventos deportivos internacionales o la reciente firma de un convenio de colaboración como presidenta de la Fundación Turismo Valencia con la Fundación ADEIT para, entre otras lides, convertir a Valencia en polo de atracción de congresos internacionales. Cuánto recuerda la política de eventos internacionales del PP. ¿Será el síndrome de Estocolmo por disfrutar de la moqueta y del coche oficial?