El conseller Vicent Soler y el ministro Cristóbal Montoro, este miércoles en el CPFF. GVA VALENCIA. El Gobierno de Ximo Puig ha accedido a aplicar un recorte de alrededor de 110 millones de euros este año con el objetivo de que el Gobierno central empiece a transferir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que tiene retenido con la exigencia de que las comunidades autónomas presenten un plan de ajuste.
Así lo decidió este jueves la delegación valenciana que acudió en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), encabezada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tras constatar que Cristóbal Montoro no iba a ceder un ápice en su exigencia de nuevos recortes.
De hecho, el ministro inició la sesión con un discurso en un tono muy duro contra aquellos gobiernos que habían manifestado "en sus periódicos" que no iban a aplicar recortes o no iban a responder al ultimátum que el Ministerio les envió por carta. "Ustedes que se han creído, aquí se viene a cumplir la ley", dijo Montoro, según uno de los presentes.
La Comunitat Valenciana fue de las pocas que acudieron a la reunión sin ceder ante el ministro, pero estuvo menos acompañada que en el anterior CPFF. El motivo es que la elevación del límite de déficit del 0,3 al 0,7% para este año ha quitado presión a buena parte de las autonomías que se habían visto obligadas a presentar un acuerdo de no disponibilidad de gasto.
Mantener la negativa a reducir el gasto habría supuesto retrasar aún más la llegada del FLA, sin el que la Generalitat no puede atender buena parte de sus pagos, según estimó la delegación valenciana, formada, además de por Soler, por la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca; la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el director general de Presupuestos, José Moreno.
Consejo de Política Fiscal y Financiera. EFE/MARISCALEl secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó que el FLA comenzará a pagarse en la tercera semana de mayo. Beteta, que estos días pasados ha tenido reuniones bilaterales con Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Madrid, dijo que ya están cerrados los planes económico-financieros de casi todas ellas.
Lo cierto es que casi todas las delegaciones llevaban los deberes hechos, incluida Cataluña, que había pactado previamente con el Ministerio un recorte de 225 millones de euros. Es esta cantidad la que la Conselleria de Hacienda tomará como referencia para responder este viernes al Ministerio.
Tras la negativa rotunda de Montoro, la delegación valenciana acordó con el Ministerio enviar una carta de respuesta "con un gesto", de manera que el Consejo de Ministros pueda acordar unas medidas conjuntas para enviarlas a Europa en la que se aprecie un ajuste de todas las administraciones.
Aunque la cuantía del gesto se conocerá este viernes, la aceptación por parte del Ministerio del recorte de 225 millones en Cataluña, a la que la Autoridad Fiscal (AIReF) pedía un ajuste de 426, sirven de referencia. Dado que la AIReF pedía a la Comunitat Valenciana 212 millones de ajuste, en la Conselleria de Hacienda estiman que el Ministerio debería admitir un acuerdo de no disponibilidad de unos 110 millones.
La medida no requiere acuerdo del pleno del Consell, aunque es probable que sea informado este viernes y que la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, dé cuenta al acabar el pleno. Las partidas afectadas deberán ser definidas por la Conselleria de Hacienda. Según fuentes de este departamento, la cantidad no es muy elevada, teniendo en cuenta que el presupuesto no financiero de la Generalitat supera los 13.000 millones de euros.
Además de la obligatoriedad del acuerdo de no disponibilidad de gasto, Cristóbal Montoro tenía una sorpresa reservada a las comunidades adheridas al FLA, en forma de acuerdo con Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica, obligatorio para todas ellas.
Se trata, según las mismas fuentes, de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda, el de Sanidad y Farmaindustria relativo al gasto en medicamentos no genéricos. Varios representantes de comunidades mostraron su disgusto por no haber sido informados previamente, pero según el Ministerio las consejerías de Sanidad sí conocían el documento. En el caso valenciano, la Conselleria de Hacienda no había sido informada ni por el Ministerio ni por la Conselleria de Sanidad.
Montoro, con su equipo al inicio del CPFF. EFE/MARISCALLo cierto es que aunque lo hubiera conocido no tenía opción de rechazarlo, ya que era conditio sine qua non para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico en mayo.
El CPFF aprobó la meta de déficit de las comunidades autónomas para este año -0,7%- y la senda hasta 2019, con las quejas traducidas en abstención de las comunidades socialistas, Canarias y Cantabria; el voto en contra de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, y el respaldo de las del PP.
También se aprobó la nueva senda para el período 2017-2019, con un techo de déficit del 0,5 por ciento en 2017, del 0,3 en 2018, para llegar al equilibrio presupuestario en 2019. En este caso, las comunidades del PP votaron a favor, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y lo hicieron en contra las del PSOE, además de Canarias, Cantabria, Cataluña y Navarra.
En la rueda de prensa posterior, el ministro puso de manifiesto la "buena voluntad" para cumplir con los objetivos de las comunidades y el "buen ambiente" en las negociaciones que han mantenido hasta ahora, por lo que se mostró sorprendido porque algunas de ellas luego se muestren en público tan disconformes. A su juicio, "no es aceptable" que haya "esa buena voluntad" mientras negocian y, "luego, estén todo el día llenando titulares" de que "no van a cumplir con los objetivos" de déficit, deuda y techo de gasto, y "no pueden porque es la ley" lo que el Ministerio pide que se aplique.
El ministro valoró "el tono radicalmente diferente" y el "buen ambiente" de la reunión del CPFF frente al que se respiro en la anterior, hace 15 días, cuando el déficit previsto era del 0,3 por ciento. A su juicio, la cifra actual es "mas suavizada, pero también más realista" para que las comunidades puedan cumplir.
Al término de la reunión del CPFF, que duró más de cuatro horas, Vicent Soler afirmó que el Gobierno desatiende las necesidades básicas de los ciudadanos de las autonomías al fijar una senda de déficit, de 2017 a 2019, que es restrictiva y que ha sido fijada "unilateralmente" para "quedar bien" con Bruselas.
El conseller manifestó que Montoro ha fijado unos objetivos de déficit -0,5% para 2017, 0,3% para 2018 y 0% para 2019, es decir, de equilibrio presupuestario- "desatendiendo las necesidades reales" de los ciudadanos que "tienen problemas".
Por ello, Soler criticó a Montoro por no "tener en cuenta los sacrificios que han hecho las comunidades y ayuntamientos" para "reducir su nivel de gasto durante la crisis" y le ha acusado de no preocuparse por la educación, la sanidad o los servicios y ayudas para la dependencia.
