El Consell cierra la vía administrativa a Puerto Mediterráneo y lo aboca a los tribunales

VALENCIA. El esperado rechazo de la Generalitat al macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo se consumó este lunes en forma sainete, con los promotores tratando de alegar a un proceso que no admitía alegaciones y la administración cerrando la vía administrativa a toda prisa para no escuchar las reclamaciones de la empresa. Ahora, a los promotores sólo les queda la justicia para defender un proyecto que prometía 860 millones de inversión y 5.000 puestos de trabajo.

El pasado miércoles Medio Ambiente publicó la memoria de ambiental contra el proyecto, un rechazo que ya había sido anunciado la semana anterior cuando la Comisión de Evaluación Ambiental había tomado la decisión. El citado organismo depende de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente -en manos de Compromís- si bien está integrado a partes iguales por técnicos de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas -PSPV-.

Al conocer el contenido de la memoria, y pese a que la misma no es un documento vinculante, Intu Eurofund Investment se apresuró a redactar una extensa batería de alegaciones contra el documento para tratar de convencer a Obras Públicas -el departamento que debía tomar la decisión a partir del informe- de que Medio Ambiente se había "extralimitado" en sus funciones para tumbar el proyecto.

Tales alegaciones, según ha podido saber este diario, se remitieron a la subdirección general de Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) de la conselleria que dirige la socialista María José Salvador. Se enviaron el pasado viernes por la tarde por correo administrativo -este fue el cauce oficial- y también mediante correo electrónico -para que el departamento no tuviera que esperar a la vía reglamentaria para acceder a las mismas-.

No obstante, tal advertencia parece haber tenido justo el efecto contrario, una mayor celeridad por parte de Obras Públicas para rubricar el 'no' a Puerto Mediterráneo. Así lo hizo este mismo lunes, antes de que llegaran las improcedentes alegaciones de la empresa. En efecto, como subrayó la conselleria, la resolución fue "una disposición administrativa" contra la que no cabe recurso.

Al margen de la legalidad, este modus operandi choca con lo expresado hace justo una semana por Ximo Puig al ser preguntado precisamente por el 'no' a Puerto Mediterráneo. "Cualquier inversión positiva para la Comunitat Valenciana el gobierno la va a estudiar y la está estudiando con el mayor de los cariños posibles", dijo el presidente de la Generalitat, que agregó que el gobierno autonómico analizaría "de qué manera se pueden encauzar los proyectos".

Ahora, agotada la vía administrativa, a Puerto Mediterráneo sólo le queda la justicia para defender sus intereses, y todo apunta a que así sucederá. La compañía, como avanzó este diario, prevé pedir una indemnización millonaria al considerar que la administración ha cambiado de criterio de forma injustificada para tumbar el que iba a ser el centro comercial y de ocio más grande de Europa.