El Consell entierra el plan de Ortiz para implantar Ikea en Alicante

ALICANTE. Fin de trayecto para el macroproyecto de Enrique Ortiz en Rabasa. La Conselleria de Vertebración del Territorio ha dado hoy por enterrado el plan presentado por el controvertido empresario para implantar una tienda de Ikea y otros 85. 000 metros cuadrados de superficie comercial anexos en la zona norte de Alicante, después de que el propio promotor presentase en junio su renuncia a seguir tramitando el proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE). 

El departamento que coordina María José Salvador ha aceptado ahora las recomendaciones recogidas en el informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat en el que se certifica que el Consell está obligado a aceptar el desestimiento voluntario presentado por la sociedad impulsora, Alicante Avanza, ya que no hay terceros interesados que pudiesen verse afectados por esa renuncia. Además, concluye que el fin de su tramitación tampoco supone ningún perjuicio para el interés general.

La fianza de un millón de euros irá a parar a la arcas del consell

 El archivo del expediente de la ATE (una fórmula de tramitación supuestamente más ágil creada bajo el Gobierno del PP) supone el inicio del proceso de incautación de la fianza depositada por la sociedad promotora, que asciende a un 1% de la inversión prevista (en torno a un millón de euros).

La admisión del desestimiento permite que el Ayuntamiento de Alicante, ahora gobernado por el tripartito que componen PSOE, Guanyar y Compromís, retome la negociación con Ikea para redefinir su aterrizaje en la ciudad, a priori, al margen de Ortiz.

El empresario logró sumar a la multinacional sueca a su proyecto urbanístico poco antes de que el TSJ tumbase el polémico PAI de Rabasa, en el que se preveía inicialmente hasta 15.000 viviendas. Para su aprobación, según los investigadores del caso Brugal, Ortiz pudo disponer de trato de favor de los ex alcaldes Alperi y Castedo, del PP y ambos imputados, a cambio de supuestas dádivas. La agrupación local de EU sostiene que ese trato de favor también pudo mantenerse cuando el proyecto residencial se convirtió en comercial por lo que también denunció su aprobación en los tribunales. Un juez de primera instancia ha archivado por segunda vez el caso, que vuelve a quedar ahora en manos de la audiencia tras el recurso de EU.