Centro de producción de programas de Burjassot. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. El Consell ha acordado instar a los liquidadores de RTVV SAU a realizar las operaciones mercantiles para traspasar a la Generalitat todos los bienes que comprenden el inmovilizado material e intangible de RTVV. De esta forma, como avanzó Valencia Plaza, el centro de producción de programas de Burjassot, valorado en 25 millones de euros, volverá a ser propiedad de la Generalitat, tal y como habían recomendado los liquidadores de la sociedad.
El edificio y los terrenos donde se asienta fue aportado por la Generalitat a RTVV SAU en octubre de 2013, en forma de ampliación de capital no dineraria por importe de 32 millones, valor de tasación entonces, que ahora se ha reducido a 25
Según ha explicado el Consell, la decisión se produce después de que la semana pasada el pleno de Les Corts aprobara la toma en consideración de la proposición de ley para la nueva RTVV, que pasará a llamarse Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.
La Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico "establece las condiciones de la reversión de los bienes necesarios" para la prestación de ese servicio público, recuerda la Generalitat, que quedará como "garante legal del pago de las deudas de la sociedad RTVV".
El Consell ha acordado instar a los liquidadores de la sociedad Radiotelevisión Valenciana, SAU a resolver el contrato de derecho de superficie suscrito en 2002 con la mercantil Mizquitillas para instalar la sede de RTVV en Alicante, lo que libera a la Generalitat del pago cerca de 3 millones de euros por el canon mensual establecido hasta 2035.
Actualmente, la sede de Alicante, que costó 4,48 millones de euros al erario público, se encuentra vacía y lista para su entrega. Los liquidadores de RTVV informaron a principios de mayo en Les Corts de las "avanzadas" negociaciones para alcanzar un acuerdo "que permita su entrega y evitar un nuevo pleito".
Según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha encomendado a la Abogacía de la Generalitat que estudie "la adopción de actuaciones para defender los intereses de la Generalitat".
Los liquidadores ya dejaron de hacer frente a las obligaciones del contrato como medida de presión por considerar sus cláusulas abusivas, lo que ha permitido dejar de pagar ya 371.398,45 euros.
El acuerdo adoptado por el Consell encarga ahora a la Abogacía que valore y proponga, si es el caso, acciones en relación con este contrato, suscrito en 2002 por un periodo de 33 años con pagos mensuales de 18.483,91 euros más IVA, que han ido incrementándose sucesivamente con las actualizaciones del IPC.
El contrato firmado en 2002 incluye, como condición resolutoria expresa, la extinción del derecho de superficie en el caso de que se dejen de abonar seis cánones mensuales, así como que el edificio pase a manos de la mercantil, algo que hubiera sucedido igualmente aunque se hubiera seguido pagando el canon hasta 2035, dado que el contrato así lo estipulaba también.
