María José Salvador, durante una rueda de prensaEl impago de la contribución de las viviendas públicas se produce desde 2009 y afecta a un centenar de municipios, con Alicante, Elche, Castellón y Paterna a la cabeza
VALENCIA. El Consell se ha puesto manos a la obra para saldar la deuda con los ayuntamientos por el impago del IBI de las viviendas públicas de la Generalitat, que ya negocia con los consistorios el abono de las cantidades pendientes, que ascienden a un total de 7,5 millones y afectan a casi un centenar de municipios.
La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en una fase inicial de la negociación, trata de evitar que los municipios le cobren el perceptivo recargo por la demora en el pago, que asciende -según marca la ley- al 20% de la cantidad: un total de 1,5 millones de euros. De momento la administración no ha dado más detalles sobre si los consistorios acceden o no a concederle esta 'quita'.
En el haber la conselleria dirigida por María José Salvador se encuentra su voluntad de atajar el problema frente a lo ocurrido con el Consell del PP. De hecho, tras siete años de impagos, el nuevo ejecutivo valenciano contempla una partida en los presupuestos de 2016 para evitar que la deuda con los municipios se incremente. La cantidad reservada por la Generalitat para asciende también a 1,5 millones.
La deuda de 7,5 millones la reveló este miércoles la consellera, que informó en un desayuno con los medios de que el impago empezó a producirse en 2009. El grueso de la deuda lo concentran Alicante, Elche, Castellón y Paterna, si bien afecta a cerca de cien ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana
Otro cambio previsto por Salvador relacionado con el parque de viviendas de la Generalitat es la devaluación de los inmuebles. Según la consellera, la administración tiene 330 viviendas vacías en venta cuyo precio está por encima de mercado.
En este sentido, a pesar de que que la medida tendrá un significativo impacto negativo en el balance de la autonomía, la conselleria procederá a "reducir el precio de aquellas viviendas que superen el precio de mercado" para fomentar su ocupación.
