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LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES ABORDARÁ LA MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA

El Consell plantea que los funcionarios puedan seguir ascendiendo al cambiar de Administración

El Gobierno aprovecha la cita con las comunidades para cerrar un acuerdo que potencie la movilidad administrativa estatal, autonómica y local en cualquier dirección, pero con garantías

14/01/2017 - 

VALENCIA. Los funcionarios públicos podrán solicitar un cambio de Administración, sin importar que la transferencia sea entre organismos estatales, autonómicos o locales. El Gobierno se ha propuesto fomentar la llamada movilidad interadministrativa, uno de los puntos fundamentales a abordar en la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar este próximo martes. La reivindicación del Consell ante esta negociación es que la transferencia se produzca como “empleados de pleno derecho”, “integrados en la estructura” y atendiendo al “principio de reciprocidad”.

“Esto conllevaría que pudieran seguir moviéndose geográficamente, funcionarialmente o progresando en la carrera profesional”, según explica Ferran Puchades, secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Además de respetarse la antigüedad laboral y los complementos salariales que conlleva, la idea es que puedan seguir ascendiendo a otros puestos si así lo desean.

Hasta la fecha, era posible solicitar el traslado de un empleado autonómico a un organismo público estatal, siempre que la plaza estuviera técnicamente abierta y con el compromiso de quedarse enclavado en las mismas condiciones. “Es algo que puede prolongarse por los siglos de los siglos, hasta el punto de que el funcionario se queda fosilizado”, precisa el responsable del departamento valenciano. “Ahora, en el proyecto de ley que se está preparando, queremos subordinar que nuestros funcionarios puedan ir y venir. Pero siempre que haya acuerdos de reciprocidad. Que se puedan integrar, y quedarse allí si lo desean, pero en igualdad de condiciones con el resto de los compañeros”, añade.

En los puntos de la orden del día, el Gobierno central de Mariano Rajoy se habla de trabajar “leal y conjuntamente” para potenciar dicha movilidad voluntaria, “articulando mecanismos y medidas que favorezcan el derecho de éstos” y promoviendo “un uso más eficiente de los recursos de las Administraciones Públicas”. Lejos de concretar, se trata de un planteamiento amplio, que los líderes autonómicos deberán abordar con el presidente.

Otros de los puntos que se apuntan por parte del Ejecutivo central, pendientes de abordar en la misma cita de la próxima semana, es la adaptación de los criterios actuales de la oferta de Empleo Público para el año 2017, “de manera que se revise y adecue la tasa de reposición en sectores prioritarios”. En concreto, sanidad, educación y servicios sociales. Para ello se habla de “llevar a cabo un análisis del porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales” y, en su caso, buscar fórmulas que permitan “reforzar la estabilidad de las plantillas”, sobre todo de manera sostenible a nivel económico.

Reglamento autonómico

De manera paralela en el tiempo, el pleno del Consell de este viernes ha aprobado el Reglamento de Movilidad de la Función Pública, cuyo objetivo fundamental es “atajar la provisionalidad” de las plantillas. No es un tema baladí: afecta al 46% de los empleados públicos. Entre los 98 artículos de este texto, que destaca por ser muy extenso y descriptivo, tan solo hay uno que hace referencia a la intermovilidad entre administraciones del resto del Estado y vuelve a incidir en la necesidad de reforzarla.

La elaboración y aprobación del texto valenciano es uno de los compromisos que alcanzó el Consell con los sindicatos y que se empezó a negociar tras el Pacto de Legislatura firmado este verano. Tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana. La falta de un reglamento que desarrollara la LOGFPV ha provocado que, desde 2010, los concursos de traslados estuvieran paralizados, lo que ha llevado a un bloqueo de la gestión regular y a una desnaturalización de los sistemas de provisión temporal de puestos de trabajo.

Con el decreto, se podrán realizar los concursos y proveer las plazas con normalidad, a fin de atajar los altos índices de provisionalidad que afectan en estos momentos a la Generalitat.

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