El Acuerdo de No Disponibilidad, que evita recortes en las partidas más sociales del Presupuesto, afecta a programas de tipo económico
VALENCIA. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) son dos de los departamentos de la Generalitat que más han visto recortado su presupuestos de ayuda a empresas en el ajuste presupuestario de 78,37 millones aprobado por el Ejecutivo del Ximo Puig a instancias del Ministerio de Hacienda. De esta cantidad, 11,2 millones corresponden a transferencias a organismos y empresas públicas.
El Gobierno valenciano hizo público este lunes, a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el detalle del Acuerdo de No Disponibilidad que tuvo que aprobar el pasado 13 de mayo a instancias de Cristóbal Montoro con el fin de que el Ministerio de Hacienda desbloquease el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El Acuerdo lleva fecha de 8 de julio, ya que su contenido se modificó en el pleno del Consell de ese día, celebrado en Torrevieja, modificación de la que no se informó a la opinión pública ni tampoco mencionó Puig en Les Corts cuando el PP criticó el pasado 14 de julio la no publicación en el DOCV del Acuerdo del 13 de mayo.
El recorte presupuestario afecta a todas las consellerias y es del 7% en el capítulo II (gastos de funcionamiento) y del 5% en los capítulos IV (transferencias corrientes), VI (inversiones) y VII (transferencias de capital). No obstante, este recorte general tiene numerosas excepciones que suponen el blindaje de 132 líneas de subvención y programas que no se verán afectados "por su carácter social o al tratarse de compromisos ineludibles o estratégicos", según explicó la Conselleria de Hacienda en un comunicado.
Respecto a las entidades y empresas públicas, el Acuerdo sí detalla el recorte de cada una. El tijeretazo es significativo en el Ivace, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, con 1,93 millones menos.
Peor aún son las consecuencias para la Agencia Valenciana de Turismo, cuyo presupuesto total queda recortado un 18%, de manera que contará para finalizar el año con 3,12 millones de euros menos.
No menos importante en términos porcentuales es el ajuste en el Institut Valencià de la Joventut (Ivaj), que dejará de percibir de la Generalitat 300.000 euros.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que inicialmente no estaba entre los organismos que sufrían un ajuste, fue incluido el 8 de julio con un recorte de 733.750 euros.
Además, varios organismos y empresas culturales tendrán que resignarse a no poder dar las ayudas y transferencias previstas en el Presupuesto de 2016 (ver detalle). Son, por orden de importe recortado, Culturarts, Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, IVAM, Fundació Jaume II El Just, Centro de Artesanía de la CV y Consorci de Museus de la CV.
El Acuerdo de No Disponibilidad es de 78,3 millones de euros, aunque también se aprobaron retenciones cautelares de crédito por importe de otros 92 millones, cuyo detalle no se conoce y cuya transformación definitiva en créditos no disponibles dependerá de la evolución del déficit de la Generalitat en la segunda mitad del año.
La excepción al Acuerdo de No Disponibilidad abarca 120 líneas de subvención y 12 programas por su carácter social o por afectar a gastos comprometidos en su totalidad o estratégicos. Así, se blindan líneas como la destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía, Servicios Sociales Especializados para personas con diversidad funcional, Programas para la promoción de la autonomía personal, Servicios Sociales de atención a menores, la financiación de entidades locales para la Dependencia o el Alzheimer, las Prestaciones Económicas Individualizadas en todas sus modalidades, el Fondo de Emergencia contra la Violencia sobre la Mujer, el Bono de respiro en residencias para la tercera edad o Centros de Día o los programas de protección de menores y para la tercera edad.
Asimismo, se exoneran de la aplicación del acuerdo las ayudas para la eliminación del copago farmacéutico, el Plan de Garantía de No Demora, las ayudas para las prótesis y vehículos para personas discapacitadas, el reintegro de gastos por asistencia quirúrgica, las prestaciones farmacéuticas, las ayudas a las asociaciones de enfermos mentales, personas con lesiones cerebrales o drogodependencias, actuaciones contra el virus VIH/Sida y pisos tutelados, prevención cáncer de mama o investigación en biomedicina. Igualmente, se preservan las líneas para garantizar la gratuidad de los libros de texto, el plan de inversiones de las universidades, los convenios para la construcción de centros escolares, las ayudas al alumnado de centros concertados o para los comedores escolares. También se exceptúan las actuaciones de emergencia social y pobreza energética, y colegios de abogados (turno de oficio) y procuradores.
Entre los programas exonerados se encuentran los de Asistencia sanitaria, Menor, Prestaciones externas o Personal sanitario residente, cuyo capítulo II, el que garantiza la prestación efectiva del servicio público fundamental, queda excluido, así como los de Innovación Tecnológica Educativa, Telecomunicaciones y Sociedad Digital, y Sistemas de Información, en los que se excluyen los capítulos II y VI de inversión.
Respecto al capítulo VII, quedan fuera del recorte las líneas del Convenio con Ford España, Plan de Modernización de Ferias de la CV, Feria Muestrario Internacional de Valencia y Adecuación IFA (Institución Ferial Alicantina), además de la amortización de capital del Plan de Inversiones.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda han justificado la modificación del Acuerdo realizada el 8 de julio en la necesidad de adaptarlo a la ejecución del Presupuesto en cada conselleria de manera que se pudieran incluir partidas cuyo gasto está por debajo de lo previsto y asegurar así "el menor impacto posible de la medida".
Inicialmente, el Consell aprobó el 13 de mayo un Acuerdo de No Disponibilidad de 78,3 millones que se acompañó de retenciones de crédito cautelares y de carácter móvil -es decir, que pueden ser modificadas sin tener que pasar por el Consell- por otros 92 millones. "Tanto las declaraciones de no disponibilidad como las retenciones debían encajarse, a fin de ir adaptándose a la previsión existente en cada momento de inejecuciones presupuestarias", explicó la Conselleria.
Según el departamento que dirige Vicent Soler, "se decidió finalmente modificar el primer Acuerdo de No Disponibilidad, para ajustar técnicamente la primera medida en aras a que su efecto sea irrelevante".
Por ello, "no se descarta que las retenciones se modifiquen de nuevo en un futuro, en función del ritmo de realización de todas las partidas del presupuesto, para hacer descansar la no disponiblidad sobre aquellos créditos que, bien por retrasos achacables a diversas causas, bien por economías generadas por la gestión de los proyectos, no van a ser precisos".
La modificación consistió en la supresión de cuatro líneas y cuatro programas de la relación de exceptuadas, al tiempo que se han cambiado los importes de algunas entidades e incluido nuevas.