Manuel Illueca, director del IVF. Foto: Ev MáñezEL IVF reducirá su participación en la sociedad y promoverá una reforma estatutaria para que la cuota de la Generalitat no supere el 40%
VALENCIA. La salvación de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) que llevó a cabo el anterior Consell en 2013 obligará a la Generalitat a elevar en dos décimas el déficit de 2015. Es la consecuencia de tener que apuntarse como deuda los 200 millones del aval que se le concedió a la entidad para que recuperase los ratios mínimos de solvencia. Esta medida, impuesta por la Intervención General del Estado (IGAE) y que los responsables de la Conselleria de Hacienda han decidido imputar al ejercicio 2015, hará que la desviación sobre el objetivo de déficit de la región sea aún mayor de lo previsto.
La sociedad avalista, con la que la Generalitat acumula un riesgo cercano a 400 millones de euros, fue salvada de la liquidación en 2013 gracias a un aval de la Generalitat de 200 millones de euros que vence en 2018 con el que pudo reestructurar su deuda. A ellos hay que sumar hasta 160 millones correspondientes a los contratos de reafianzamiento (avales sobre avales) firmados por el Instituto Valenciano de Finanzas en 1993 y 2000. La participación de la Generalitat en el capital de la sociedad al finalizar el ejercicio 2015 se situó por encima del 50%.
Como consecuencia de ello, la Generalitat fue informada de que, a partir de 2016, la SGR pasaba a ser considerada una entidad pública dependiente de la Generalitat a efectos de contabilidad nacional, debido a que el grueso de su financiación actual lo aporta la administración pública. Es lo que ya sucedió con anterioridad en el caso de Feria Valencia.
Esa situación, que el IVF ha logrado reconducir tras negociar con el Banco de España, ocasionaba graves consecuencias sobre la independencia de la sociedad e importantes pérdidas para las cuentas regionales, ya que según interpretan fuentes conocedoras del proceso hubiera abocado a la SGR a la desaparición.
cada fallido de la SGR sería considerado un default de la Generalitat y, por extensión, del Estado español
La consecuencia inmediata del reconocimiento de la SGR como una entidad dependiente de la Generalitat era el incremento inmediato de la deuda pública en 400 millones de euros. Además, cada impago de la SGR sería considerado un default de la Generalitat y, por extensión, del Estado español. En la práctica, la sociedad avalista quedaba intervenida, ya que las nuevas operaciones requerirían el visto bueno del consejo de ministros.
Para evitar esa situación, los nuevos responsables del IVF, con su director Manuel Illueca a la cabeza y el hasta este viernes Interventor General de la Generalitat negociaron con el Banco de España llevar a cabo una serie de cambios en la sociedad. El principal es una reforma estatutaria que será aprobada próximamente para limitar hasta un tope del 40% la participación de la Generalitat en el capital de la SGR.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, el IVF disminuirá su participación mediante una reducción de capital que no va a suponer salida de fondos de la sociedad, ya que en paralelo se va a llevar a cabo un aumento del fondo de provisiones técnicas de la SGR con el fin de que mantener sus coeficientes de solvencia.
Íñigo Parra, consejero independiente de la SGREl IVF valora en 16 millones de euros su participación en el capital de la sociedad, de los cuales tiene provisionados 11. Los cinco de diferencia se los deberá anotar como pérdida, un "mal menor" con el que se evita que la sociedad consolide en el sector público.
Con esta maniobra, el Consell despeja las dudas que aún existían en algunos sectores del Ejecutivo sobre la conveniencia de seguir apoyando financieramente a la entidad, que es vista como una de las herencias envenenadas que dejó el anterior gobierno.
Esa ambigüedad ha provocado malestar en algunos círculos empresariales, especialmente entre quienes tienen participaciones en la sociedad y que, por tanto, tendrían que cargar con parte de las pérdidas si va a liquidación. En cualquier caso, la postura definitiva no se adoptará hasta conocer el resultado de la operación en marcha para vender un importante paquete de activos inmobiliarios de la sociedad.
El Banco de España considera que los 200 millones del aval son un pasivo contingente con altas probabilidades de ser ejecutado
La segunda consecuencia para la Generalitat por las condiciones impuestas por el Banco de España para mantener a la SGR independiente de la Generalitat afecta al déficit de 2015. El supervisor considera que los 200 millones del aval que se le concedió en 2013 son un pasivo contingente que tiene altas probabilidades de ser ejecutado.
Por ello, obliga a la Generalitat a reconocerlos como déficit propio, un aumento del gasto que se va a realizar con cargo al ejercicio 2015, cuando el PP, que fue quien llevó a cabo el rescate de la sociedad, todavía estaba en el Gobierno autonómico. La consecuencia será el mencionado incremento del déficit de ese año.
Otro de los cambios que el IVF tiene previsto realizar es la reducción del consejo de la sociedad avalista, que lleva cerca de medio año sin presidente tras la salida de la empresaria Dolores Font. El órgano se reducirá para quedar en cinco miembros, lo que implica la salida de alguno de los vocales actuales.
Es el caso de Rafael Montero, secretario general de la patronal de Castellón al que se investiga por un supuesto fraude en la gestión de los fondos de formación en esa organización y que también arrastra el estigma de haber estado en la SGR en los años previos a su rescate.
El director del IVF, Manuel Illueca, se sentará en el consejo como único representante de la Generalitat. Tres de los consejeros actuales se mantendrán como representantes del sector empresarial, uno por cada provincia. El empresario Íñigo Parra, quien ingresó recientemente como consejero independiente, también continuará.
