Edificio de El Corte Inglés en el céntrico Paseo de Ruzafa de Valencia. Foto: VPLa reclamación deberá ser valorada por el Jurado Tributario, y en caso de que la enseña no quede satisfecha con su resolución podría recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional
VALENCIA. El Corte Inglés ha tramitado un recurso administrativo que podría acabar con la subida del IBI de Joan Ribó en los tribunales. La firma ya ha cursado la reclamación económico administrativa contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles que ha recibido este año, que supone el pago de un 36% más que lo abonado en 2015, según trasladan a Valencia Plaza fuentes conocedoras del proceso.
En euros, el incremento al que se enfrenta este año El Corte Inglés es de aproximadamente un millón, al pasar de los alrededor de tres millones abonados en 2015 -antes del cambio aprobado por el nuevo equipo de gobierno- a los cuatro que se le reclaman en el presente 2016.
La reclamación deberá ser valorada por el Jurado Tributario, el órgano competente para analizar el incremento en las liquidaciones contra le que recurre la firma. Tras agotarse la vía administrativa, en caso de que El Corte Inglés no quede satisfecho con la resolución de este ente, los grandes almacenes podrían recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (TEAR).
El caso del El Corte Inglés es, posiblemente, uno de los ejemplos más representativos de la subida de la contribución aplicada por el Ayuntamiento de Valencia a los propietarios de inmuebles de alto valor catastral.
Cabe recordar que la enseña es dueña de los tres edificios que ocupa en el núcleo de la ciudad, de sus centros comerciales de Nuevo Centro, Ademuz y la Avenida de Francia, así como de algunos bajos en los que opera bajo la marca Supercor. El incremento del IBI aplicado a estos inmuebles oscila entre el 32 y el 41%, en función de la tipología de las propiedades.
El pasado mes de septiembre, tal y como después se plasmaría en los presupuestos municipales, el alcalde de Valencia anunció que aplicaría “un tipo de gravamen diferenciado para aquellos inmuebles de alto valor catastral que no sean de uso residencial, ni sanitario, ni tengan carácter benéfico o cultural”, una subida que ha afectado de lleno al gran comercio.
"Se gravará el IBI de los espacios comerciales con un valor catastral de más de 250.000 euros", dijo entonces Ribó sin cifrar el incremento en la tasa, que supone la principal fuente de ingresos de la mayoría de ayuntamientos.
Desde entonces los candidatos a padecer el incremento han aguardado expectantes la llegada a sus buzones de la misiva del consistorio, en particular los propietarios de inmuebles de alto valor catastral. Las cartas, al menos las recibidas por El Corte Inglés, parecen haber confirmado de buen grado sus peores temores.
Se da la circunstancia de que la mencionada subida de impuestos que se cierne sobre el comercio -al menos sobre los grandes- se produce en un sector que acaba de sellar la paz tras largos años de enfrentamiento con la administración local en materia de horarios comerciales.
Tras heredar un mapa donde la libre apertura en domingos y festivos se extendía a la práctica totalidad del gran comercio de la ciudad -para enfado de los más pequeños- el concejal del ramo, Carlos Galiana, logró aunar posturas entre los diferentes formatos. Lo hizo reduciendo la liberalización a dos zonas de la capital: el centro y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Resuelto este asunto, la intención del Ayuntamiento era convertir el Consejo Local de Comercio de la ciudad en un instrumento de debate para la mejora de todo el sector. La subida del IBI, sin embargo, amenaza ahora con acabar con la paz alcanzada.
