VALENCIA. El gigante AirBnB se ha mostrado dispuesto a aceptar la normativa de la Generalitat Valenciana en materia de publicidad de apartamentos turísticos. Así lo apuntan fuentes conocedoras de la reunión que representantes de la empresa tecnológica nacida en San Francisco mantuvieron este lunes con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, después de que en el mes de febrero la Agencia Valencia de Turismo anunciara la apertura de expedientes a ocho plataformas que anuncian este tipo de alojamientos.
HomeAway, Niumba, Mil Anuncios, AirBnB, Booking, Onlyapartments, Fotocasa y Muchosol fueron puestas en el punto de mira al no cumplir el decreto 75/2015 que se aprobó durante el Gobierno de Alberto Fabra en el que se apuntaba como obligatorio la inscripción de los apartamentos turísticos en el registro de empresas de la Generalitat y cuyo número debía de figurar en el anuncio correspondiente en los portales.
De momento, solo Muchosol ha manifestado públicamente haber cumplido estas condiciones mientras que AirBnB, en la reunión de este lunes, ha acordado con Turismo iniciar un camino de colaboración para que las viviendas que se publicitan en la plataforma se inscriban en el registro de empresas turísticas de la Generalitat, además de incluir el número. No obstante, todavía no han concretado cuál será la fórmula empleada para resolver el problema.
Sin embargo, la percepción de la administración es positiva y han calificado la relación como "fluida y de entendimiento" y han asegurado que la disposición de la tecnológica es acabar con la oferta no reglada, objetivo que comparten Colomer. Y es que las plataformas están buscando cómo resolver el problema ya que esta infracción, calificada en la Ley como muy grave, puede ser sancionada con un máximo de 90.000 euros de multa.
Entre los últimos movimientos de la Agencia Valenciana de Turismo en apartamentos turísticos se encuentra el abrir la veda para inscribir en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana viviendas turísticas que en la ciudad de Valencia se consideran ilegales, un hecho que ocurre por la interpretación que realiza el Ayuntamiento del Plan General de Ordenación Urbana en el que asemeja este tipo de alojamientos a los de uso hotelero.
Basándose en las conclusiones de un informe de la Abogacía de la Generalitat, Turismo dejó hace unas semanas de solicitar a los propietarios el informe de compatibilidad urbanística, acreditación que impedía a la mayoría de ellas obtener el número de registro que las hacía legales de cara la administración autonómica. Esta decisión se tomó después de que titulares de algunas viviendas presentaran recursos de alzada en vía administrativa por no poder inscribir sus viviendas cuando sí que era posible que lo hicieran en otros municipios con condiciones más laxas.
En Valencia capital se comenzó a solicitar este informe de compatibilidad urbanística porque según el Ayuntamiento tenían que cumplir la ley de prevención de calidad ambiental, algo que pedían para colaborar con el consistorio ante el aumento de protestas vecinales. Sin embargo, ahora tan solo basta con la correspondiente comunicación a la administración acompañada de una declaración responsable y la licencia de primera ocupación. Y es que la ley autonómica, por la garantía de unidad de mercado, debe ser igual para todos.
Sin embargo, el número de registro también ha abierto la posibilidad a anunciar estas viviendas en portales de comercialización como AirBnB, quienes podrán anunciar a centenares de viviendas de Valencia de forma legal, aunque sean no lo sean de cara al consistorio quien puede reclamar todos los papeles necesarios para poder operar.
Los técnicos de Turismo ya mantuvieron a finales de 2014 reuniones con representantes de AirBnB aunque si bien es cierto que no era bajo la situación de presión que acarrea el expediente abierto y que podría terminar en sanción económica. En ese momento, estaba estudiando de forma técnica cómo conectar su oferta de alojamiento con las bases de datos de oferta legal de la Comunitat para garantizar calidad y vigilancia del cumplimiento de la normativa lo que permitiría de forma automática cotejar si una vivienda pertenece a la oferta legal al ser subida a la plataforma.
