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la ley se lo permite "por razones de interés general"

El Gobierno en funciones miente al afirmar que no puede pagar el FLA adicional a las CCAA

6/09/2016 - 

VALENCIA. Al Gobierno en funciones le vale cualquier argumento para extender la idea de que la no investidura de Mariano Rajoy como presidente equivale al caos. El último fue la advertencia, este domingo, de que no podrá dar a las comunidades autónomas la financiación adicional que les corresponde -400 millones en el caso de la valenciana- por el aumento del límite del objetivo de déficit del 0,3 al 0,7%.

El motivo de no poder aportar esta cantidad, según el Ministerio de Hacienda, es que un Gobierno en funciones no puede llevar al Parlamento estos nuevos objetivos ni el aumento de la financiación que ello conlleva, aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 28 de abril. Un argumento que es falso, según ha podido comprobar Valencia Plaza.

La Ley del Gobierno establece que un Ejecutivo en funciones no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Es lo único que está taxativamente vetado.

Pues bien, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el CPFF no son objeto de ley, sino de un acuerdo del Consejo de Ministros que debe ser remitido a las Cortes Generales.

Sobre el resto de actuaciones que no son objeto de ley, dice la Ley del Gobierno que el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

De esta forma, al Gobierno de Mariano Rajoy le bastaría aprobar dicho acuerdo, con el informe del CPFF del 28 de abril, alegando "razones de interés general", a no ser que Cristóbal Montoro no considere de interés general que las comunidades, que son las que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales, puedan contar con en dinero que les corresponde para acabar el año. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, la no llegada de esos 400 millones obligaría a retrasar numerosos pagos a proveedores, tal como ocurrió cuando se retrasó la aportación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) la pasada primavera.

La explicación del Ministerio

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Valencia Plaza aseguraron que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 28 de abril se informó a las comunidades sobre los nuevos objetivos de déficit, pero estos no están aprobados por el Consejo de Ministros por estar el Gobierno en funciones. "Es una decisión política que esta anunciada pero no aprobada. El techo de gasto y esos objetivos son medidas que comprometen al futuro gobierno", subrayaron desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Paradójicamente, el Gobierno, que ya estaba en funciones, aprobó al día siguiente, 29 de abril, la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, que incluía los acuerdos del CPFF con el aumento del límite de déficit para las CCAA. Según el Ministerio, está actualización es un documento informativo, pero el acuerdo en sí sobre las CCAA no se ha aprobado todavía.

A la pregunta de por qué el Ejecutivo llevó la propuesta de nueva senda de déficit al CPFF del pasado mes de abril cuando entonces ya estaba en funciones, explicaron que se hizo con la previsión de que hubiera Gobierno a partir de junio. En cualquier caso, aseguran que los representantes de las comunidades autónomas fueron informadas de que los nuevos objetivos de déficit quedaban condicionadas a este hecho, algo que la Conselleria de Hacienda valenciana niega.

En funciones, según para qué

El argumento de que el Gobierno en funciones está atado de pies y manos no se sostiene al comprobar distintas medidas económicas de calado que ha aprobado en los últimos meses por interés general. El mismo 29 de abril, el Ejecutivo de Rajoy aprobaba un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros que afecta de forma considerable a la ejecución de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016.

Más relevante aún fue el cierre anticipado de dicho presupuesto, aprobado por orden ministerial el 16 de julio, orden de la que el Consejo de Ministros aprobó tres excepciones el pasado 2 de septiembre por motivos de interés general.

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