Sergio Blasco, tras presentar su dimisión como director gerente del Hospital General en 2014. VPVALENCIA. La actividad de la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) en el Hospital General de Valencia no tiene soporte legal al menos desde 2012, por lo que "todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho". Así lo afirma la Intervención General, órgano de la Generalitat que fiscaliza la legalidad de los contratos mercantiles de la Administración, en el Informe de Auditoría de Cumplimiento del citado hospital, incorporado a la Cuenta General 2015.
La categórica afirmación de la Intervención, que nunca antes había denunciado el acuerdo ilegal entre el Consorcio Hospital General de Valencia y la empresa de Vicente Saus Más, se produce meses después de que Valencia Plaza publicara en exclusiva que el Consorcio había renovado en 2015, por tres años, los contratos con Eresa que tienen un montante de 40 millones de euros.
Según el informe firmado por el viceinterventor general de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat, Ignacio Pérez López, y por la socia auditora de Gesem Dolores Andreu Calas, el Consorcio y Eresa firmaron en abril de 2009 "una nueva adenda" a los contratos iniciales. Esta adenda introducía "modificaciones en las prestaciones, precios, revisión y su facturación.
La adenda incluía prórrogas tácitas por periodos de tres años, pero según la Intervención, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLSCP), "no se pueden establecer prorrogas por el mero consentimiento tácito de las partes, por lo que esta cláusula contractual deviene nula, y la vigencia del contrato debió de finalizar una vez expiró el plazo inicial de la adenda suscrita en 2009".
Añade el informe que: "A partir de este momento y puesto que no se procedió a formular una prórroga por ambas partes de la manera expresa, se debió dejar de prestar el servicio y acudir a un procedimiento de licitación para poder adjudicar el mismo. De esta forma, dado que no se ha acudido a un procedimiento ajustado al TRLSCP, sino que el servicio se viene prestando sin soporte legal por la empresa, se considera que todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho".
Lorena Saus, presidenta de Eresa. Foto: EVA MÁÑEZLa adenda fue firmada cuando era director gerente del hospital Sergio Blasco y las renovaciones automáticas de 2012 y 2015 se produjeron al no denunciar Blasco los contratos con un año de antelación. El sobrino de Rafael Blasco presentó su dimisión a finales de 2014 por una investigación judicial sobre sus actividades privadas en Perú.
Los contratos prorrogados de forma ilegal por Blasco son tres: el de resonancias magnéticas, el de TAC y el del acelerador lineal y cámara gamma (medicina nuclear). Por estos tres contratos Eresa facturó 12,95 millones de euros en 2014 y 13,18 millones el año pasado, por lo que la última renovación por tres años supondrá para la contratista un ingreso de unos 40 millones de la sanidad pública. Es, probablemente, el mayor contrato de las Administraciones valencianas que no pasa por un concurso público.
Se da la circunstancia de que Sergio Blasco fue socio al menos hasta 2003 del magnate de las resonancias, Vicente Saus, a través de la empresa Centro Computerizado de Levante, en la que tenía una pequeña participación y que años después fue absorbida por Iberdiagnosis, firma de la familia Saus que controla la mayoría accionarial de Eresa.
Como publicó el pasado sábado Valencia Plaza, Vicente Saus ha cedido la presidencia de la compañía a una de sus hijas, Lorena Saus Cano. Además, ha apartado de la gerencia y del consejo de administración a su otra hija, Marta, y ha situado como director general a un directivo del sector sanitario, Eduardo Rodríguez Urcelay.
El grupo Eresa controla el servicio de resonancias magnéticas en la mayoría de hospitales públicos valencianos a través de Erescanner Salud UTE, merced a un concurso que se adjudicó en 2008 -nadie más se presentó- y que vence en 2018. Este servicio fue duramente cuestionado por la Sindicatura de Comptes en sendos informes firmados en 2013 y 2016. La principal conclusión era que la Conselleria de Sanidad podría ahorrar hasta 16 millones de euros anuales si prestara el servicio con sus propios medios y no a través de una contratista.
Foto: GUILLERMO LUCASSin embargo, el caso del convenio de Eresa con el Hospital General, al que no le afecta el contrato de la Conselleria por estar gestionado por un consorcio -50% Generalitat y 50% Diputación de Valencia- nunca había sido abordado por la Sindicatura de Comptes ni por la Intervención.
De hecho, la Conselleria de Sanidad ha emprendido medidas para revertir a la sanidad pública el servicio que presta Erescanner Salud UTE. Estas medidas pasan por la introducción gradual del llamado Modelo C de prestación, en el que los radiólogos son personal de la Conselleria y no de Eresa, de manera que cuando venza el contrato en 2018 haya suficientes radiólogos 'públicos' con experiencia en resonancias para hacerse cargo del servicio.
El departamento que dirige Carmen Montón no se ha pronunciado sobre el caso específico del Hospital General de Valencia, cuyo contrato también vencía en 2018 pero que, tras el informe de la Intervención General, ha devenido en vencido al ser ilegal.
