VALÈNCIA. El Hospital General de Valencia ha planteado a la Conselleria de Sanidad que el grupo Eresa siga prestando el servicio de TAC para el centro más allá de julio de 2018, fecha en la que vence el actual contrato. Lo hace a pesar de que la Sindicatura de Comptes ya le advirtió en 2015 de su irregular gestión del mismo, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable.
Así consta en las alegaciones formuladas el pasado 22 de noviembre por el director gerente del Hospital General de Valencia, Enrique Ortega, al borrador del informe de fiscalización de la Sindicatura sobre las cuentas del consorcio de 2016, donde vuelve a alertar de irregularidades en el cumplimiento de la normativa de contratación y contable por parte del actual equipo directivo.
El del servicio de TAC es uno de los tres contratos que la firma de Vicente Saus tiene con el Hospital General tras sucesivas prórrogas desde la época en la que el gerente del centro era Sergio Blasco. La Conselleria de Sanidad los denunció en tiempo y forma para asumir el servicio tras el vencimiento. Sin embargo, el departamento de Carmen Montón permitirá que Eresa siga prestando el servicio de resonancias magnéticas, que vence el próximo 8 de enero, aunque sea sin contrato.
La razón: una supuesta falta de tiempo para dotar a la administración de los medios humanos y materiales para asumir ese servicio. Ese es precisamente el motivo que el gerente del Hospital General alega ahora para proponer a Sanidad que el servicio de TAC, cuyo contrato vence dentro de siete meses, también siga en manos de Eresa.
Según detalla Enrique Ortega en sus alegaciones, el Hospital General carece actualmente de medios personales suficientes y del equipamiento necesario. El gerente destaca que la disponibilidad de ambos elementos trasciende del ámbito decisorio del consorcio, por lo que traslada toda la responsabilidad a la Conselleria de Hacienda y a la de Sanidad.
Mientras las dos consellerias completan los pasos necesarios, el director gerente plantea que sea Eresa la que siga prestando los servicios de resonancia magnética y TAC más allá de enero y julio, cuando acaban los contratos actuales, y que se le pague al proveedor "a través de la figura del enriquecimiento injusto".
Por ello, el equipo directivo del Hospital General pide a la Conselleria de Sanidad que acuerde con la firma de Vicente Saus la continuidad en la prestación de ambos servicios, pero por el plazo "más breve" y hasta que se implante una alternativa.
Además, los responsables del centro instan a que se someta a la consideración de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia la "viabilidad" de la integración del personal de Eresa como trabajadores del consorcio "a la vista de la línea que la propia Generalitat ha adoptado respecto del personal del Hospital de la Ribera". Esto es, con la controvertida fórmula de empleados indefinidos no fijos de la Administración, pero sin sentencia judicial.
En los 28 años transcurridos desde la firma de los contratos originales –objeto de varias modificaciones y prórrogas en 2005, 2007 y 2009– , el Hospital General nunca los ha sacado a concurso. Entre los tres suman casi 40 millones de gasto para el centro.
Hasta 2014, los servicios eran pagados con cargo al presupuesto de la Conselleria de Sanidad, pero desde 2015 los gastos se imputan al presupuesto del consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Según destaca la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización del pasado ejercicio, solo durante 2016 los gastos de estos servicios sumaron 14,39 millones imputados totalmente al presupuesto del Hospital General de ese año.
Los auditores ponen de manifiesto que abril de 2016 propuso liquidar a favor del consorcio de 881.462 euros para los ejercicios no prescritos (2013 a 2016) por las compensaciones no liquidadas, pero la Sindicatura asegura no tener constancia de que la valoración del consorcio sobre esa propuesta.
Por su lado, el Hospital General reclamó a Eresa el pasado 24 de mayo el pago de 687.116 euros por las revisiones de precio en las facturaciones de radioterapia y medicina nuclear.
Las compensaciones, no obstante, podrían estar infravaloradas. El Servicio de Fiscalización del propio consorcio –creado a mediados de este año– emitió un informe en noviembre de este mismo año en el que calculó que el consorcio debería reclamar a Eresa un total de 2,66 millones de euros, más del triple de lo que la firma radiológica considera que debe pagar.
Además, el Servicio de Fiscalización del hospital propone incoar los expedientes de reclamación al adjudicatario, someter el expediente completo a la consideración del Servicio Jurídico del Consorcio, "y si se considera que se ha producido un menoscabo de fondos públicos, poner los hechos en conocimiento de la Conselleria deSanidad, de la Intervención General y de la Abogacía de la Generalitat".
Por otro lado, la Sindicatura relata también que el servicio jurídico del consorcio hospitalario ha emitido dos informes en 2016: uno del jefe del servicio –fechado el 6 de octubre–, y otro del jefe de sección –el 7 de noviembre–. El contenido de ambos es "prácticamente idéntico", pero no coinciden en las consideraciones finales.
Así, el documento elaborado por el jefe de sección concluye que el expediente en su conjunto "carece de validez y efectos jurídicos y procede la resolución unilateral de los contratos mediante las denuncias a formular por el Consorcio". "Siendo tan importante la conclusión de este informe, no consta que haya sido aprobado por el jefe del servicio jurídico ni por ningún otro órgano superior del Consorcio", subraya la Sindicatura.
