El IVF no pagará a los bancos los fallidos de la SGR que no sean razonables

VALENCIA. La Generalitat intentará librarse de la mayor cantidad posible del agujero que le ha provocado la Sociedad de Garantía Recíprocas (SGR), con la que ya acumula un riesgo de 400 millones de euros. Así lo aseguró este lunes el director general del IVF, Manuel Illueca, que advirtió de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se comprometió a cubrir un porcentaje de los fallidos de la SGR, no se hará cargo de aquellos que correspondan a avales concedidos sin criterios de "razonabilidad económica".

Illueca, que compareció en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de Les Corts para analizar la situación de la SGR y los recursos públicos comprometidos en ella, lamentó que la Comunitat haya sido la única región que ha rescatado a una entidad financiera -el resto de rescates fueron asumidos con fondos del FROB o del FGD- y opinó que la Generalitat no debió salvar a la SGR porque no había razones económicas para hacerlo al no ser una entidad sistémica: "Con mi consejo, jamás se habría hecho".

El responsable del instituto dependiente de la Conselleria de Hacienda criticó la operación mediante la cual la Generalitat "socializó las pérdidas" de la sociedad avalista. ¿No era razonable que las entidades financieras asumieran algo de coste? ¿Es justo? ¿Es razonable?, se preguntó Illueca, quien recordó que los 1.200 millones de euros de riesgo vivo que tenía la SGR en el momento de su rescate no justificaban salir a su rescate.

Illueca criticó que se socializasen las pérdidas de la SGR en lugar de trasladar parte del coste a los bancos

Según explicó, la mayor parte de los 400 millones de euros que la administración autonómica tiene actualmente comprometidos con la SGR corresponde al aval de 200 millones de euros y vencimiento en 2018 con el que la Generalitat salvó a la SGR de la quiebra en verano de 2013. Pocos meses antes, una inspección del Banco de España afloró un primer agujero que ya fue cubierto por la administración con otros 60 millones.

La diferencia entre esos 260 millones y los 400 a los que ayer se refirió Manuel Illueca son los 140 millones que la Generalitat tendrá que aportar para cargar con los fallidos de la SGR de los últimos años. Esta losa, que a 31 de diciembre del año pasado ya ascendía a 109 millones, deriva del contrato de reafianzamiento (avales sobre avales) suscrito a principios de la década pasada por el cual el IVF se comprometió a cubrir el 40% de los avales que resultasen fallidos.   

Este contrato de reaseguramiento de avales financieros se canceló en 2013 para las operaciones formalizadas desde entonces, pero como muchas de las garantías otorgadas corresponde a deuda viva, la carga que tendrá que asumir la Generalitat aún podría aumentar.

Análisis forense y veredicto de la Intervención

Por ese motivo, el director del IVF explicó que su departamento ha comenzado a realizar un "análisis forense" sobre las condiciones en las que fueron concedidos los 24.000 avales otorgados por la SGR en los últimos años. El objetivo es librarse de tener que cargar con aquellos que incumplen los principios fijados en el contrato de reafianzamiento. Dado que ese contrato cubre avales financieros, los principales perjudicados por la desaparición de la doble garantía serían los bancos que dieron los préstamos.

Pese a no compartir los criterios políticos que llevaron al anterior Consell a salir al rescate de la SGR -con el visto bueno del Banco de España y de la Bruselas-, Illueca sostuvo que el actual Consell respeta el principio de seguridad jurídica. "Las decisiones anteriores nos vinculan necesariamente, siempre y cuando sean legales", sostuvo el director del IVF, quien a continuación agregó que la salvación de la SGR "siempre planteó dudas".

El actual Consell ya pagó el pasado mes de agosto 20 de los 140 millones de euros pendientes por avales fallidos. Lo hizo tras consultar a la Intervención de la Generalitat si procedía hacerse cargo. "Cuando llegué al IVF me encontré con una discusión bizantina sobre si es aval o subvención. La Intervención nos dijo que era un aval, para lo cual tenía que estar dentro del presupuesto y responder a criterios de razonabilidad económica", explicó.

Tras ello, el IVF trabaja actualmente en la verificación del restante 80% de avales reasegurados. Se analizarán las condiciones en las que se otorgaron las garantías y, ante cualquier indicio de conducta delictiva, se acudirá directamente a la fiscalía. "Si no se dieron con criterios de razonabilidad económica, la Generalitat no los pagará porque no puede, estaríamos incumpliendo la ley", manifestó Illueca, que dijo desconocer en qué porcentaje se encontrarán "avales fraudulentos".

A más volumen, más fallidos

A pesar de las expectativas generadas y de que la comparecencia se produjo a petición del grupo socialista con el pretexto de conocer a quién y en qué condiciones avaló la SGR, Manuel Illueca pasó de puntillas sobre los detalles concretos de las operaciones y no desveló nombres propios. En las semanas previas, su departamento pidió asesoramiento al departamento jurídico sobre qué información podría desvelar sin violar el secreto bancario. 

Illueca: "Si no se dieron con criterios de razonabilidad económica, la Generalitat no pagará los avales"

No obstante, Illueca sí deslizó algunas "pistas" sobre las características más comunes en los avales fallidos. "Hay un dato tremendo: el porcentaje de fallidos aumenta con el tamaño", aseguró. De ese modo, el porcentaje de fracaso en las operaciones de menos de 650.000 euros apenas alcanza el 10%, mientras que se dispara en las que superan ese importe, lo cual a juicio de Illueca demuestra que los problemas de la SGR se agravaron cuando se apartó de su objeto: facilitar a las pymes el acceso a la financiación. "Esto lo vamos a mirar con lupa porque nos lo pide la Intervención General y junto a ella tomaremos una decisión", advirtió.

Incumplimiento del plan de negocio

Además de "despejar" el contrato de reafianzamiento, la auténtica prioridad de la SGR es garantizarse el éxito de la operación Citrus, la subasta que la SGR ha puesto en marcha para deshacerse de un paquete de activos adjudicados -fundamentalmente naves y solares- por los que espera obtener 170 millones de euros. 

Illueca fía gran parte de la viabilidad futura de la SGR a esa operación. En la medida en la que pueda captar recursos para reducir la deuda que arrastra con la banca podrá recuperar la confianza de las entidades financieras que actualmente le dan la espalda para no asumir más riesgo con la SGR. Según desveló el director del IVF, la sociedad avalista está incumpliendo el plan de negocio que se redactó tras su rescate. Como ejemplo, durante el último ejercicio se formalizaron avales por apenas 120.000 euros.

"Es imprescindible que los bancos se impliquen. Ahora no quieren trabajar con la SGR porque tienen mucho riesgo concentrado. El proyecto Citrus es la prioridad", insistió Illueca, que explicó que se invitará a las entidades a integrarse en el comité de inversiones.

Integración en el banco público y control de la gestión

Illueca advirtió que las dos cuestiones, el éxito de la subasta de activos y la reducción de la factura pendiente por el contrato de reaval, plantean numerosas incertidumbres. Pese a ello, dio algunas pinceladas sobre su proyecto para la SGR, donde la Generalitat tiene una participación del 40% tras la inyección de recursos públicos.

La SGR espera captar 170 millones con la venta de los activos de la cartera Citrus

Según declaró, la Generalitat se implicará y controlará la gestión de la SGR desde su consejo. El objetivo a largo plazo es que la SGR acabe integrada dentro del banco público como su rama para la concesión de avales. "La SGR debe caer dentro del paraguas del IVF e ir de la mano en el diseño de productos financieros", concretó.

Respecto a la multa que el Banco de España ha impuesto a la propia SGR y a varios de sus consejeros, incluso los que llegaron al órgano tras el rescate de la entidad, Illueca consideró que lo que habría que "perseguir y sancionar" no es lo que pasó esos meses, "sino lo que pasó antes".

"Hay personas sancionadas en ese consejo que entraron para ayudar. Si seguimos así lo que va a acabar pasando es que nadie va a querer sentarse en un consejo. En la revisión de los avales del pasado es donde vamos a ver quién tiene que ver en que hayamos llegado a donde hemos llegado", concluyo.