El IVF pregunta a la Intervención si procede llevar a la Fiscalía facturas sospechosas de Coepa

VALENCIA. Nuevos problemas para la patronal de Alicante. A la negociación para superar el concurso de acreedores en el que se encuentra desde hace un par de meses se suman ahora las sospechas en la gestión de los fondos públicos que recibe. El motivo es la petición formulada a la Intervención de la Generalitat por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que decida si procede trasladar a la fiscalía procedimientos presuntamente irregulares en las facturas utilizadas para justificar subvenciones y créditos.

Según explican a Valencia Plaza fuentes conocedoras del proceso, la organización empresarial habría utilizado las mismas facturas para justificar el crédito de 3 millones que le concedió el IVF para construir un centro de formación -la deuda que precisamente ha provocado su insolvencia- como para ayudas otorgadas por el Servicio Valenciano de Empleo (Servef).

El IVF es el principal acreedor de Coepa. La organización empresarial le adeuda esos 3 millones más 900.000 de intereses correspondientes al crédito que le concedió para levantar un centro de formación en prevención de riesgos laborales de 6.500 metros cuadrados sobre una parcela de propiedad municipal.

Ese crédito, tramitado en 2006, iba destinado a financiar la ampliación de las obras. La primera fase de la construcción se cubrió con subvenciones de la Generalitat por un importe superior a 3 millones de euros.

Ahora, tanto el el IVF como el Servef, que también ha puesto en conocimiento de la intervención la presentación por duplicado de las facturas, está a la espera de que la Intervención se pronuncie sobre si el procedimiento para presentar las facturas puede ser constitutivo de delito, en cuyo caso se pondría la información a disposición de la fiscalía para que decida si investiga.

Incumplió las exigencias para la subvención

A la presentación de la misma factura para justificar varias partidas se suma el incumplimiento de una de las condiciones impuestas para el otorgamiento de las subvenciones, ya que el edificio debía mantener su actividad formativa en todo momento y, sin embargo, ha estado casi tres años cerrado.

De abrirse diligencias, la patronal de Alicante seguiría los pasos de la organización empresarial de la provincia de Castellón (CEC), sobre la que existe una causa abierta en un juzgado de Nules para investigar un suspuesto fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental. En ese caso, el origen del procedimiento fue una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que, a su vez, actuó a instancias del Servef. En este caso hay una decena de imputados entre los cuales está la cúpula de la patronal.

El crédito del IVF que asfixia a Coepa fue pactado entre Joaquín Rocamora, expresidente de la patronal alicantina, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. La organización siempre ha pretendido saldar la deuda con la dación en pago del edificio. Incluso ahora, en pleno concurso, fía su viabilidad a la valoración que obtenga del inmueble.

En ese sentido, la directiva de Coepa, renovada parcialmente desde la dimisión de Moisés Jiménez en marzo, aspira a que el IVF se quede su edificio valorado a precio de mercado, unos 4,5 millones. Cuando se formalizó la hipoteca, el inmueble se valoró en 5,5 millones de euros.

El actual presidente de Coepa, Francisco Gómez, trasladó al comité directivo de Cierval esta misma semana su confianza en obtener una buena valoración del edificio para poder salir del concurso.

Sin embargo, el IVF no está en disposición de realizar nuevas concesiones a la organización. Los avisos al respecto por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se han sucedido en las últimas semanas.

Además, el IVF está pendiente de que su consejo apruebe la reformulación de sus cuentas de 2014 tras haber destinado 58,7 millones de euros a provisiones por insolvencias de "pufos heredados" del anterior Consell. Con ello, el IVF cerró ese ejercicio con unas pérdidas de 35,3 millones que le obligan a solicitar al Consell una recapitalización.

Los acontecimientos que arrastraron a Coepa hacia la situación de insolvencia en la que se encuentra se precipitaron el pasado verano, cuando el IVF ejecutó el crédito con una amenaza de embargo contra todos los bienes de la organización.