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procesa también a 2 miembros de la patronal autonómica y castellonense y a 3 empresarios

El juez procesa a la CEC y Cierval por un presunto fraude de 1,8 millones en dinero para formación

El juez aprecia indicios de falsedad documental y delitos contra Hacienda Pública y Seguridad Social

29/07/2016 - 

VALENCIA. El juez de Nules que investiga irregularidades en la tramitación del dinero para formación en la patronal de Castellón CEC ha procesado a esta organización y a la autonómica Cierval por un fraude de 1,8 millones en las ayudas recibidas para cursos de formación.

Según ha informado el TSJ de la Comunitat. El juez procesa también a los responsables de la patronal autonómica y castellonense Rafael Montero y José Antonio Espejo.

En el auto, notificado este viernes a las partes, el juez concluye que los hechos investigados “revisten carácter de delito” y les procesa por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

El instructor al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación) que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat.

El procesamiento llega apenas unos días después de que la cúpula de la patronal castellonense renunciase en bloque a excepción del secretario general de la organización, Rafael Montero, que era secretario general de Cierval el año en el que se tramitó uno de los expedientes de subvenciones investigados.

Montero pudo lucrarse con las subvenciones

Según el juez “existen indicios” de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, “aprovechándose de sus cargos orgánicos” “se concertaron” con cuatro empresarios -uno de ellos no ha sido localizado- “para beneficiarse económicamente del expediente (…) que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial”, según informa el TSJ.

Rafael Montero, secretario general de la CEC. Foto: EVA MÁÑEZ

El juez concluye que las facturas emitidas “no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC” y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, “retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido”.

De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.

La Generalitat valenciana está personada como acusación desde el pasado mayo. La causa, cuya especial complejidad hizo que el juzgado incluso pidiera refuerzos, se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de junio por parte de la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental derivado de las irregularidades detectadas en la tramitación de subvenciones por parte de la CEC.

El auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado deja la causa preparada para la celebración del juicio. El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos.

Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los procesados para que, a su vez, formulen el escrito de defensa.

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