VALÈNCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, dieron este jueves pinceladas del modelo turístico que pretende impulsar el Consell. Una apuesta con mano dura contra los apartamentos turísticos ilegales, pero que, especialmente busca atraer más visitantes. Por eso, la tasa turística se rechaza de plano, tal y como aseguraron fuentes oficiales de Presidencia a Valencia Plaza.
Con ese rechazo, la Comunitat se aleja de otras autonomías que han optado por este tributo como Baleares o Cataluña, con un nivel más elevado de saturación turística. Desde la Generalitat Valenciana, justifican esta decisión en que no la consideran necesaria e interpretan que la situación particular de determinados municipios, como pueda ser València, no se puede aplicar a todo el conjunto de la autonomía.
En la misma capital, de hecho, el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, ya deslizó la creación de una tasa turística o por pernoctaciones. "Una pequeña contribución al mantenimiento de estos servicios por parte de los visitantes podría parecer lógica dado que también son usuarios de los servicios públicos que una ciudad ofrece a sus vecinos", comentó el edil. Aunque, eso sí, dejó claro que para su aplicación definitiva se requería "un estudio pormenorizado" y "bastantes informes".
Ahora bien, el modelo turístico que abandera Puig no solo tiene como elemento prioritario la negativa a implantar la tasa turística. También se apuesta por potenciar el concepto de hospitalidad, que el president destacó este jueves -tras mantener una reunión con Colomer y el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel- como uno de las rasgos esenciales de la futura ley de turismo que prepara el Ejecutivo valenciano. "Aquí nosotros damos hospitalidad y queremos seguir mejorando todo lo que se refiera a la capacidad de recepción de los turistas. Todo lo hacemos desde una manera absolutamente lógica y sostenible", señaló Puig.
La idea, de hecho, es ligar este concepto de hospitalidad mediterránea o valenciana con el turismo, y así romper con la concepción del turismo como una mera actividad económica. De hecho, la Generalitat Valenciana intentó transmitir esa sensación de hospitalidad con campañas como "No me enseñes más postales", o spots como el que realizó València Turisme, la marca de promoción turística de la Diputación de València, en el que se narraba la historia de un turista que viajó a la Comunitat y se quedó a vivir.
En un contexto favorable geopolíticamente por los conflictos en otras partes del mediterráneo, la transmisión de esos valores para captar turistas es básico y más si se quiere cumplir con las previsiones que maneja la Generalitat Valenciana. Según las estimaciones del Consell, este año llegarán más de ocho millones de turistas. Se prevé que la mitad sean extranjeros y que el gasto estimado entre junio y septiembre supere los 4.000 millones de euros. De hacerse realidad estas proyecciones, habría un incremento del 12% respecto al mismo período de 2016. Una cifra "récord", en palabras de Puig.
Pese a que se aleja de la turismofóbia y abraza el concepto de turismofilia, el modelo turístico del Gobierno valenciano sí que contempla la mano dura con los apartamentos turísticos ilegales. "Nuestra posición es que la Comunitat Valenciana es una comunidad hospitalaria, abierta, de vocación turística y donde queremos que la convivencia esté garantizada. Por eso hay que atacar directamente a aquellos que quieren destruir directa o de forma indirecta la convivencia", aseguró Puig.
Así, advirtió que la Agencia Valenciana de Turismo ha incoado ya diligencias previas, que pueden acabar en expedientes sancionadores, a siete plataformas por alquiler viviendas turísticas sin que estas estén debidamente registradas. "La determinación de la Generalitat Valenciana contra el intrusismo, las rentas opacas, la competencia desleal y el fraude fiscal es clara", expresó Colomer, presidente también de dicho organismo.
Este aviso a siete plataformas se suma a las multas históricas que impuso el Ejecutivo valenciano el pasado mes de marzo a seis portales de este tipo. Los expedientes fueron de 120.000 euros en total, siendo las mayores sanciones para Airbnb, Rentalia y Homeway con 30.000 euros a pagar cada una. Unas multas, sin embargo, que pueden quedarse en nada si estas plataformas recurren ante la justicia. La Comisión Europea se pronunció en contra de estos procedimientos, ya que consideró a este tipo de empresas de economía colaborativa no responsables de las ofertas de terceros que puedan haber en sus webs.
El rechazo a los apartamentos turísticos ilegales, sin embargo, no es exclusivo del Consell. El Ayuntamiento de València, de la mano de la concejala socialista Sandra Gómez, anunció hace unas semanas la implantación de otra tasa turística centrada exclusivamente en los apartamentos. "Hemos llegado al tope. València tiene el máximo de apartamentos turísticos que puede sostener", proclamó, prometiendo, a su vez, un aumento de las inspecciones.
Precisamente, Puig anunció también que la Generalitat Valenciana va a iniciar "inspecciones aleatorias" a los apartamentos turísticos con el objetivo de vigilar que cumplen "los requisitos y los estándares de calidad". El jefe del Consell, además, detalló que durante la campaña estival de inspección turística se realizaron 5.250 actuaciones.
Para el president, el cerco a los apartamentos turísticos ha provocado que durante la presente campaña se hayan registrado legalmente 12.000 alojamientos más que el año pasado. "Toda la política incentivadora de la Generalitat ha hecho posible que haya 12.000 apartamentos en A que es la única manera de poder entender la actividad económica y que tiene que ser en todos los sectores en A para luchar contra la economía sumergida y contra aquellos que están actuando de una manera absolutamente miserable respecto a sus conciudadanos", resaltó el jefe del Consell, para asegurar que se va a trabajar para que "la economía en B no exista en la Comunitat o esté bajo mínimos". Mano dura con los apartamentos ilegales y no a la tasa turística.