VALÈNCIA. El Gobierno ha decidido adentrarse en el mundo de las energías renovables para llevar a cabo la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono. El presidente, Mariano Rajoy, anunciaba la semana pasada que ya están en marcha los trámites de una subasta para adjudicar 3.000 megavatios de energía renovables y la Comunitat, a pesar de las óptimas condiciones para proporcionarla, no está preparada para ello.
La Comunitat Valenciana ya va camino de perder, por segunda vez, inversiones millonarias al no poder desarrollar proyectos de energía eólica tras mantener la Conselleria de Economía el desfasado plan que el PP puso en marcha en 2001. A pesar de que el equipo de Climent lleva más de un año y medio asegurando que va a tomar medidas y que es partidario de este tipo de energía, todavía no ha ejecutado soluciones y es imposible invertir en infraestructura eólica en la Comunitat.
El plan del PP marcaba 15 zonas en las que se autorizaron 2.697,45 megavatios de potencia pero solo hay en funcionamiento algo más de 1.000, un 44%. Una de las soluciones que tenían en mente es recuperar las seis zonas completas en que no se ha desarrollado el plan, así como en la zona 7 que está sin ejecutar parcialmente.
En este momento, nadie que no sea adjudicatario de la Generalitat puede montar un parque de aerogeneradores. Desde Avaesen critican que la inversión eólica siga siendo un coto cerrado a las empresas que se adjudicaron, que no se les retire a quienes no llegaron a poner en marcha las plantas eólicas y por lo tanto no se pueda generar más inversión. Las adjudicatarias disponían, de hecho, hasta el 31 de diciembre de 2007 para completar los trabajos.
Mientras, los empresarios lamentan la falta de acción y apremian a Economía a tomar alguna decisión que permita formar parte de esa inversión. “Nosotros llevamos cinco años diciendo que esto podría pasar”, señala el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz.
La segunda subasta de renovables llegará en verano y el Consell asegura que habrá un plan sobre la mesa antes de verano, pero no que de tiempo a que entre en vigor. “Tenemos recursos solares, eólicos y por un procedimiento administrativo caduco no se puede aprovechar”, insiste Lacruz. "Estamos perdiendo una posible inversión de 3.000 millones de euros".
De hecho, la falta de desarrollo del plan eólico en la Comunitat quedó patente en la adjudicación de la subasta de hace dos semanas, donde la Comunitat no obtuvo ni uno de los megavatios que fueron a parar en gran medida a la comunidad de Aragón.
En una entrevista al director general de Industria este domingo en Valencia Plaza, Diego Maciá, negaba que se hubiera perdido una oportunidad de atraer inversores. “Si las empresas que lo tienen no lo han presentado, a lo mejor lo que hay que plantearse es si es rentable. Hay zonas en las que se permite poner en marcha iniciativas según la normativa del PP pero no lo han hecho”, aseguraba. Mientras, la subasta contó con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron reducidos a cero, como sucedió en la del año pasado, y además tuvo como tecnología ganadora la eólica, que se llevó la mayoría de los megavatios en juego.
¿Rentable o no? “Las renovables no piden primas sino un contexto administrativo favorable sobre el cual desarrollarse”, asegura Lacruz. “Hay zonas adjudicadas en las que no hay capacidad eólica para que sea rentable. Si no hay viento no se rentabiliza la inversión. Son quince zonas y cada una tiene sus problemas”, insistía Maciá.
Lacruz reconoce que la fórmula aprobada por el PP en 2001 se utilizaba porque había un boom eólico y una forma de ordenarlo era que no pudiera presentarse un plan en cualquier sitio, sino en zonas concretas para que se hicieran varios parques. “Con eso regulabas, tenías un plan energético claro y a partir de ahí avanzabas”. Sin embargo, se ha demostrado la incapacidad de ejecución por no haberle exigido a los promotores.
"Espero que pronto podamos desbloquear esta situación tan compleja desde el punto de vista administrativo y jurídico para prevenir complicaciones futuras y poder, como el resto de comunidades, establecer una normativa que permita la instalación de empresas con un proyecto y cumpliendo la normativa. El concurso que se siguió era muy mejorable, pero al final las que han querido lo han hecho. La cuestión es que mientras esté en vigor ese plan no podemos sustituirlo", insistía Maciá.
