Así será la ofensiva del Consell para recuperar los 6.000 funcionarios perdidos entre 2007 y 2014

VALENCIA. "Nos hemos encontrado una Administración raquítica". Esta expresión ha salido reiteradamente en los últimos días de la boca del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la número dos del Consell, Mónica Oltra. A lo largo de este primer año de Gobierno, los nuevos inquilinos del Ejecutivo han reiterado en privado -ahora ya lo hacen públicamente- la falta de funcionarios para poder llevar a cabo una gestión eficiente.

Precisamente en el Seminari de Torrevieja que está llevando a cabo el Consell este fin de semana, se ha anunciado la modificación de la Ley de la Función Pública con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar los trámites internos para ganar eficacia en la gestión. Pero esto no es suficiente: faltan manos.

De hecho, fuentes del Gobierno valenciano cifran en más de 6.000 plazas de funcionarios las que se han perdido desde 2007 y 2014 debido, a su juicio, a la "mala gestión" de los anteriores Ejecutivos liderados por el PP. "Ni siquiera aprovecharon el pequeño margen de la tasa de reposición", explican, para hacer hincapié en el llamado "austericidio" llevado a cabo tanto desde el Gobierno autonómico como por el estatal, que ha impedido con mano de hierro en los últimos años la incorporación de empleados públicos ni tan siquiera para cubrir las vacantes. 

"Un concepto propio de planteamientos neoliberales dirigidos a adelgazar la Administración porque se considera el gasto en personal como malo e ineficiente y por el contrario, dando vía libre a la privatización de servicios públicos", explican fuentes del Gobierno valenciano.

Una línea que suscribía este mismo sábado la propia Mónica Oltra, al señalar que la función pública "tiene que servir para tener empleados públicos, que al final son los que enseñan a nuestros hijos, los que curan en los hospitales o los que tramitan los expedientes de dependencia". Un discurso encaminado, en palabras de la propia vicepresidenta, a "ponerlos en valor" después de "años de maltrato".

En este sentido, cabe recordar que la Comunitat Valenciana se sitúa en el vagón de cola en cuanto a la ratio de empleado público por habitante. Con datos de enero de 2014, un 4,51%, la segunda más baja de todo el Estado solo por detrás de Cataluña según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una situación que, a juicio de fuentes del Consell, repercute "de forma negativa en la calidad de los servicios públicos valencianos", además de suponer "una grave problemática que genera una situación de desigualdad con los habitantes de otros territorios".

Algunas claves en la batalla del Consell para reforzar la plantilla pública

Así pues, el Gobierno valenciano está decidido a exprimir todas las opciones posibles para conseguir el máximo de recursos humanos posible. En esta línea, una de las vías va dirigida a "aprovechar los topes" (tasa de reposición) que la Ley General de Presupuestos del Estado permite a la Generalitat sacando Ofertas Públicas de Empleo (OPE) todos los años con el máximo de plazas permitidas y distribuidas en "las categorías profesionales más necesarias dentro de nuestras prioridades del programa de gobierno del Pacto del Botánico, por ejemplo en servicios sociales".

Una de las iniciativas ya acometidas recientemente fue la de publicar una OPE de 2015 para aprovechar el margen de la tasa de reposición de ese año. Algo, según recalcan las citadas fuentes, que el PP no hizo por lo que se hubiera perdido la posibilidad de convocar plazas. De la misma manera, antes de vacaciones está prevista la aprobación de la OPE de 2016.

En dichas ofertas de empleo público, según señalan las citadas fuentes del Consell, se primará la promoción interna, por ser "una buena política de personal el incentivar a los empleados con la posibilidad de promocionar así como por aprovechar su know how y experiencia, y porque no computan a efectos de tasa de reposición".

Por otro lado,  para las necesidades de personal que no permitan satisfacer las OPEs (o mientras se convocan y desarrollan las oposiciones, que es un proceso largo y costoso), el Consell defenderá priorizar el gasto en cobertura de plazas vacantes (frente a otros gastos, por ejemplo subvenciones), que están reflejadas en los Presupuestos de la Generalitat, mediante funcionarios interinos de las bolsas que hay constituidas regularmente con personal que se ha presentado a la oposición. Una medida que implicará un ascenso de la tasa de interinidad pero que el Gobierno valenciano parece dispuesto a asumir: "Es preferible eso que dejar desatendidos los servicios públicos", comenta un alto cargo a este diario.

No obstante, el Consell actuará para poder aprobar lo más pronto posible OPEs que no estén condicionadas por las tasas de reposición de manera que se permite la convocatoria de todas las plazas que son necesarias para el correcto funcionamiento de la Generalitat y un adecuado nivel de prestación de los servicios al ciudadano, dotando de los medios humanos necesarios y reduciendo la interinidad a un nivel "técnico" (bajas, excedencias, etc.).

En 10 años se jubilarán más de 5.000 efectivos

En todo este entramado de la función pública también juega un papel importante la edad, un aspecto en el que la Generalitat se encuentra en tiempo de descuento. Así, los datos que maneja el Consell indican que en 10 años se jubilarán más de 5.000 efectivos y, en 20 años, se habrá jubilado el 75% de la plantilla (12.000 funcionarios).

Este envejecimiento de los empleados públicos se ha visto agravado, según fuentes del Ejecutivo, por la "falta continuada de nuevos ingresos" durante muchos años y el consiguiente deterioro físico que suele acompañar un mayor número de bajas, especialmente en áreas como Políticas Inclusivas (antes Bienestar Social), Educación y Sanidad. 

Las consellerias más afectadas suelen ser aquellas que gestionan políticas más antiguas, que han existido desde hace más tiempo en la Generalitat, por ser sus funcionarios de mayor edad. "Por ejemplo, los funcionarios de Medio Ambiente suelen ser más jóvenes que los de Agricultura", explican fuentes del Gobierno valenciano.

Un problema en definitiva sobre el que el Consell quiere poner el foco con el objetivo de, no solo buscar eficacia y la concilicación -teletrabajo- tal y como se ha anunciado en el Seminari de Torrevieja, sino de adquirir más músculo en las plantillas de empleados públicos. Para ello, tal y como se acordó a principios de junio en la Mesa de la Función Pública, el Ejecutivo se ha comprometido a proponer, negociar y publicar en el primer semestre de 2016, 2017, 2018 y 2019 ofertas de empleo público en los diferentes sectores con el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal básica vigente.