La SGR supera los 118 millones de fallidos tras sumar otros 9 millones en tres meses

VALENCIA. La factura que deberá asumir la Generalitat por los avales fallidos de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) continúa creciendo. Al cierre del primer semestre de este año, las pérdidas derivadas del impago de las operaciones garantizadas ya ascendían a 118,21 millones de euros frente a los 109 comunicados a 31 de marzo, con lo que el agujero ocasionado en las arcas autonómicas por las operaciones fallidas se ha incrementado en 9 millones en sólo tres meses. La Generalitat tendrá que cargar con esas pérdidas como consecuencia de un contrato de reafianzamiento (avales de avales) en el que se comprometía a asumir un porcentaje de las operaciones que acabaran resultando fallidas.

Así consta en la información que la Conselleria de Hacienda ha remitido a la Comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts con la información actualizada a 30 de junio sobre el estado de los avales formalizados por la Generalitat y el riesgo vivo derivado de los mismos. En el caso de la SGR, el riesgo vivo derivado del citado contrato de reafianzamiento asciende a 135,47 millones de euros, frente a 160,35 del trimestre anterior.

A ello hay que sumar los 200 millones de euros del aval con con el que la Generalitat salvó a la SGR de la quiebra en verano de 2013 y que vencen en 2018. Previamente, la Generalitat ya había tenido que salir al rescate de la SGR con una aportación de 60 millones de euros para cubrir un primer agujero aflorado tres una inspección del Banco de España. Con ello, el riesgo comprometido por las arcas autonómicas con la sociedad avalista roza los 400 millones de euros.

Por ese motivo, el actual director del IVF, Manuel Illueca, anunció recientemente en Les Corts que el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda está verificando los avales cubiertos por ese contrato de reaseguramiento para intentar que la Generalitat no tenga que cargas con las pérdidas de aquellos que no hubieran sido otorgados con criterios de "razonabilidad económica". Este "análisis forense" del IVF incluye la revisión de las condiciones de 24.000 avales otorgados por la SGR, detalló Illueca en la comparecencia realizada a petición del grupo socialista.

De momento la Generalitat ya ha pagado 20 millones de euros pendientes por avales fallidos. Lo hizo el pasado mes de agosto, tras consultar a la Intervención de la Generalitat si procedía hacerse cargo. "Cuando llegué al IVF me encontré con una discusión bizantina sobre si es aval o subvención. La Intervención nos dijo que era un aval, para lo cual tenía que estar dentro del presupuesto y responder a criterios de razonabilidad económica", explicó Illueca en su comparecencia en Les Corts.

El compromiso de la Generalitat para asumir parte de las futuras pérdidas derivadas de las operaciones avaladas por la SGR surge del contrato de reaseguramiento firmado a principios del año 2000 prorrogable año a año con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el cual el ente público se comprometía a cubrir el 40% de las operaciones fallidas formalizadas desde ese ejercicio. Posteriormente, en 2009, la Generalitat se subrogó la titularidad del contrato de reafianzamiento.

Este contrato de avales sobre avales financieros se canceló en 2013 para las operaciones formalizadas desde entonces, pero como muchas de las garantías otorgadas corresponde a deuda viva, la carga que tendrá que asumir la Generalitat aún podría aumentar hasta los 135,47 millones de riesgo vivo que existe actualmente. Esa cantidad está corregida a la baja en virtud de una cláusula incluida en la modificación del contrato de reafianzamiento que se negoció en verano de 2013, coincidiendo con la concesión del aval de 200 millones para salvar a la SGR de la quiebra.

Esta cláusula fija que el riesgo vivo de la Generalitat con la SGR no puede superar el 50% del riesgo avalado por la SGR en cada momento, que era de 670,95 millones a 30 de junio. Dado que la suma de los mencionados 200 millones y el riesgo vivo para la Generalitat derivado del contrato de reafianzamiento era de 157,85 millones al cierre del primer semestre, esta segunda cantidad se ha rebajado a 135,47 millones para no exceder del 50% que fijan las nuevas condiciones del contrato.

Operación inmobiliaria para reducir pérdidas

Además de revisar con lupa los avales para tratar de librarse de los que no sean razonables desde el punto de vista económico, el IVF -que controla un 40% del capital de la SGR- está volcado en garantizar el éxito de la operación Citrus, la subasta que la SGR ha puesto en marcha para deshacerse de un paquete de activos adjudicados -fundamentalmente naves y solares- por los que aspira a obtener hasta 170 millones de euros.

Buena parte de la viabilidad futura de la SGR depende de los recursos que sea capaz de captar con esa operación, lo que le permitiría reducir la deuda que arrastra con la banca y recuperar la confianza de unas entidades que en la actualidad son contrarias asumir más riesgo con la SGR.

Esa falta de confianza provoca que en la actualidad la sociedad avalista incumpla su plan de negocio. Durante el último ejercicio se formalizaron avales por apenas 120.000 euros.

El IVF prevé multiplicar sus pérdidas

Por otro lado, la información remitida por la Conselleria de Economía a la Comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts refleja quel el riesgo vivo por avales del IVF asciende a 369,85 millones de euros al cierre del primer semestre de este año, sensiblemente por debajo de los 415,67 millones que acumulaba a 31 de marzo. Gran parte de las operaciones, cerca del 70%, se realizaron con el sector público.

Esta misma semana, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, recordaba que el nuevo Consell se ha encontrado con una tasa de morosidad del 62% en el IVF y que su prioridad es que este instrumento vuelva a actuar "con criterios financieros" en lugar de políticos.

La entidad, en pleno proceso de transformación en banco público, prevé tener cuantiosas pérdidas este ejercicio. El anteproyecto de presupuestos que el Consell ha remitido a Les Corts refleja unas pérdidas previstas de 41 millones de euros, ocho veces por encima de lo previsto por el anterior Consell, debido en gran medida a los diez millones de fallidos estimados. Para el año próximo, la previsión de pérdidas supera los 17 millones de euros.