Farmacéuticos critican el "experimento" del nuevo modelo sociosanitario y piden hacer un 'piloto'

VALÈNCIA. El modelo sociosanitario de la Comunitat Valenciana está en un momento de transición pero nadie tiene claro cuál será la fórmula final a implantar. Así lo trasladaron profesionales de residencias públicas y privadas y profesionales farmacéuticos en una jornada organizada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) este lunes en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

En la jornada participaron representantes de las distintas entidades que trabajan en el sector como la Asociación Empresarial de Farmacéuticos con Oficina de Farmacia de Valencia (Farval), el Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), de los servicios de farmacias públicos existentes en la actualidad, de sindicatos, CCOO, y de la Comisión de Sanidad de Aerte. La inauguración fue a cargo del nuevo director general de Farmacia, José Manuel Ventura, quien declaró que “todas las entidades tienen un objetivo común que es la atención al paciente”.

Los participantes compartieron en distintas aportaciones, los objetivos marcados por la Conselleria pero se han mostrado disconformes con la calidad del modelo propuesto por la administración, que además presenta numerosas dudas de legalidad, y han vuelto a insistir en la necesidad de apostar por un sistema consensuado con el sector que garantice que se dispone del medicamento adecuado en el momento adecuado.

La postura mayoritaria de los presentes era la de no aceptar el modelo impuesto por el equipo de la ex consellera de Sanidad, Carmen Montón, consistente en centralizar toda la dispensación de medicamentos para todas las residencias de la Comunitat Valenciana desde un centro robotizado, que actualmente está en fase de licitación. Esto implicaría reducir a la mínima expresión el papel de las oficinas de farmacia en el ámbito socionitario, que actualmente prestan servicios a las residencias privadas.

José Roca, del Colegio de Farmacéuticos de València (Micof), señalaba que del nuevo modelo tan solo se entiende el concepto, quien lo ve planteado como una central de compras. "Ni desde la administración saben cómo se va a implantar", señalaba Fermín García, de Aerte. "Lo que nunca haría es este sistema de lo lanzo y luego vemos cómo lo aplicamos". 

Piden continuar con un modelo descentralizado

De hecho, todos apuntaban a un modelo descentralizado, como el actual, que permita conocer el entorno en el que se presta el servicio. "Yo defiendo la mejora del modelo que tenemos", apuntaba García, postura que ya había defendido Concha Vicedo, de Farval, quien recalcaba a la necesidad de poder acceder a la información fármaco-sanitaria de los pacientes para así prestar una atención mucho más personalizada y defendía la necesidad de una marco general y unas directrices para enmarcar el modelo de oficinas de farmacia. 

Por otro lado, Juan Peris, responsable del servicio de Farmacia del Centro Sociosanitario de La Cañada desde hace más de 15 años, defendía el modelo de un departamento de atención hospitalaria integrado en las residencias. Un equipo multidisplinar que permitiera tener una información mucho más contextualizada. Sin embargo, tampoco acababa de entender que el actual modelo que pretenden implantar desde Sanidad separe la prescripción de la dispensación. 

Realizar una prueba 'piloto'

Puestos a tener que aceptar el modelo, los profesionales del área privada señalaban la necesidad de realizar una prueba 'piloto', ya que este modelo tiene la intención de prestar el servicio a 28.000 personas. "No se puede pasar de 0 a 28.000 personas. Debería realizar un piloto con los 4.000 residentes en los centros públicos", apuntaba Roca. "Hacer experimentos con esto es muy arriesgado. Si falla, ¿van a volver a pedir ayuda a las oficinas de farmacia? No, porque no estaremos preparadas", lamentaba y apuntaba a que deberían de estar prevista una segunda unidad que diera servicio en el caso de fallar la primera.

Roca, del Micof, señalaba que la administración ha cogido como justificación del cambio de modelo la 'mala praxis' de algunos profesionales y que el 1% de las farmacias se llevan el 50% de la facturación. Sin embargo, aunque apuntó a que esto podría deberse a los grupos de residencias, señaló que se está regularizando y que en su mejora del modelo proponen un mayor reparto. 

Una ley cuestionada por el Estado

Carlos Mínguez, de Uría Menéndez, criticaba las prisas con las que la administración decidió incluir esta fórmula en la ley de acompañamiento, sin prácticamente consultar al sector. De hecho, hacía hincapié en la comisión bilateral que debe de llevarse a cabo tras apreciar el Estado Inconstitucionalidad  por la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana. 

Según la Administración del Estado, la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias decretada por la Generalitat y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias.

Tampoco estaban de acuerdo en las cifras de ahorro presentadas con el nuevo modelo. "La administración maneja cifras de ahorro de 15 millones, pero hay estudios paralelos donde se demuestra que puede ser de 6 a 8 como mucho e incluso los más pesimistas señalan que se pueden perder cuatro millones", apuntaba Roca, quien señalaba que no todo es una cuestión económica y que lo importante es que el servicio sea el mejor posible. 

De momento, no existe una experiencia de este tipo a nivel europeo. "Todo lo que son estudios de calidad de prescripción es lo contrario de lo que se está haciendo", insistía. "No se sabe quién ha diseñado este plan, pero a nivel asistencial no tiene ningún sentido".