Hoy es 15 de agosto
El fiscal basa su acusación en la sentencia que condenó a Jaume Matas por el acuerdo verbal con Santiago Calatrava para un palacio de la ópera
VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción Vicente Torres ha solicitado a la magistrada que instruye la del caso Valmor, dividida en tres piezas diferentes, que procese únicamente al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza de la organización de la Fórmula 1 en València, por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se trata de pieza I de este caso, la que investiga presuntas irregularidades en la gestación del proyecto y la contratación llevada a cabo para realizar en València la Fórmula 1. En su escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el fiscal pide el sobreseimiento con respecto a la exconsellera Lola Johnson, cuyo letrado David González había pedido el archivo; al expiloto de motos Jorge Martínez Aspar; su mano derecha en lo relativo a la F1, Belén Reyero, y el exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras.
El fiscal basa su acusación sobre Camps en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que condenó al expresidente balear Jaume Matas porque "llegó a un acuerdo verbal con el arquitecto Santiago Calatrava para la construcción de un edificio destinado a la ópera", en la que la Audiencia de Palma afirmaba que "el presidente actuó con un sentido patrimonial del cargo que ocupaba y asumió atribuciones que no le correspondían, por no ser órgano de contratación, prescindiendo totalmente de las normas de contratación administrativa". Esa misma sentencia también dice que "se perseguía con la presentación del mismo un golpe de efecto electoral".
La Audiencia de Palma condenó a Matas a 7 años de inhabilitación por prevaricar para encargar a Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera y le impuso la devolución de los 1,2 millones de euros públicos que cobró el arquitecto valenciano del Govern autonómico. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias porque el tribunal consideró que no trató de enriquecer a Calatrava. La Fiscalía recurrió esta absolución ante el Tribunal Supremo -no ha resuelto aún- y solicita para él 2 años de cárcel, además de la pena de inhabilitación ya impuesta por prevaricación.
Pero más allá de las sentencias en las que basa su argumentación el representante del Ministerio Fiscal, hay que resaltar el escrito que hace una descripción detallada de las presuntas ilegalidades del expresidente.
En su escrito a la magistrada, el fiscal Vicente Torres explica que "resulta indiciariamente acreditado que Camps, en el ejercicio de su cargo como presidente de la Generalitat, llegó a un acuerdo verbal con Bernard Ecclestone en 2006, al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin ser el investigado órgano de contratación, para celebrar en València un gran premio de Fórmula 1". Y para ello dice que el acuerdo se firmó pese a que "parte de los terrenos por donde iba a discurrir la prueba eran propiedad de la Autoridad Portuaria y el Consorcio 2007". Apostilla que tras varias reuniones entre el expresidente y el maganate, este último le envió un borrador del contrato a través de la mano derecha de Camps en este asunto, Belén Reyero, y que Camps "decidió de forma personal que se celebrara en València el evento pensando en el beneficio electoral que le generaría en las elecciones del 2007".
Añade el fiscal que Camps le pidió al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, "que a través de una sociedad organizase el evento garantizándole que la Generalitat asumiría las pérdidas, comprometiendo los fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo". Un hecho que fue descrito por Reyero en sus fichas personales que redactaba después de cada reunión y que ahora constan en la causa.
El escrito revela que no solamente Reyero explicó que Camps dirigió personalmente las negociaciones, sino que varios testigos como el entonces vicepresidente del Consell Vicente Rambla o el propio Olivas que "era Camps quien trataba directamente los temas con Ecclestone", algo que el expresidente negó en su declaración, como se puede ver en los videos de su declaración que Valencia Plaza ha publicado en exclusiva.
Destaca el fiscal que existe una ficha de Reyero en la que se puede observar como los días 15 y 16 de enero de 2007 Ecclestone le dijo a Camps que el canon que había que pagar era de 26 millones de dólares. Y revela una reunión entre Camps, la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, Rambla y Olivas "donde se acordó la creación de una sociedad donde la Generalitat asumiera las pérdidas".
Añade el fiscal que "Camps no solo participó en la negociación con Ecclestone, sino que negoció en nombre de Valmor condiciones económicas de la misma". Y para añadir más azúcar al pastel, explica el fiscal que hubo "una voluntad de que la Generalitat valenciana asumiera las pérdidas y ayudase económicamente a Valmor, lo que se intentó plasmar en un convenio, al estar la garantía dada por Camps".
Tal y como Valencia Plaza ha ido publicando, todos los implicados sabían que la celebración de la F1 era inviable. Todos menos Camps, según declaró él mismo. El fiscal no le cree. En su escrito dice que "tras el gran premio de 2008, los socios de Valmor constataron que el evento era económicamente inviable y que generaba una gran cantidad de pérdidas". Fue entonces cuando acudieron a la Generalitat y se reunieron con el vicepresidente Rambla para explicarle que no podían continuar, y fue entonces cuando Rambla, "tras consultar con Camps, les dijo que la Generalitat asumiría en canon de 26 millones de dólares, principal obligación financiera de Valmor", hecho que se consumó el 31 de julio de 2009.
Es más, el escrito asevera que "la situación financiera de Valmor era conocida por la administración”, tal y como declararon Reyero, Rambla y hasta el propio Camps. Pero pese a saber todo esto, en junio de 2010 Camps y Ecclestone "llegaron a un acuerdo verbal para prorrogar el contrato 10 años y para que la Generalitat se constituyese como avalista de Valmor en el contrato de derechos comerciales, todo ello al margen de cualquier procedimiento administrativo". Y se añade que "esta negociación la dirigió directamente Camps".
Y todo ello se realizó, según el fiscal, "sabiendo que era inviable económicamente, comprometiendo los fondos públicos autonómicos e incumpliendo los procedimientos administrativos necesarios", obligando, tanto a Belén Reyero como a Lola Johnson, a que "se firmara el contrato diciéndoles que sería ratificado por el Consell, sabiendo que no sería así". Fue, según el fiscal, un acuerdo que culminó Camps con Ecclestone al que "le llevó personalmente el contrato y las copias" el 13 de julio de 2011.
"Con esta decisión, la Generalitat, a instancias de Camps, garantizaba ante la F1 cualquier incumplimiento de Valmor en el contrato de derechos comerciales", afirma el fiscal, para quien todo ello lo hizo Camps, lo que supone un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos y, por ello, solicita a la magistrada que procese al expresidente de la Generalitat.